Mis fundadas razones para votar Sí en el plebiscito de la seguridad social

Cuanto más arrecia el terrorismo mediático con agravios y descalificación hacia quienes promueven y apoyan el voto por el Sí en este histórico cruce de caminos, emerge con meridiana claridad la fortaleza de la propuesta de las tres medidas cautelares que valoren la seguridad social como un derecho humano fundamental y no como un negocio de facturación neoliberal cuyo modelo es carísimo, inseguro y profundamente injusto. A pesar de los eufemismos técnicos que parecen constituirse en las claves de una cofradía de oposición al Sí, muchos con exposiciones prescindentes de rigor científico, queda en evidencia que también se trata de una confrontación entre el trabajo y el capital.

En lo sustancial, se trata de un plebiscito para enmendar el artículo 67 de la Constitución, facultad consagrada en el artículo 331 de la carta magna, para que la ciudadanía finalmente decida. Tiene rango constitucional. Lo impulsan el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), dignísimos e insobornables colectivos con credenciales más que suficientes por su lucha contra la dictadura y defensa de la democracia cuando varios miles de civiles eran funcionales a los golpistas y participaban en los máximos niveles del gobierno usurpador.

Volver la mirada para evitar el olvido

Como es de conocimiento de la ciudadanía en general, a partir de 1995, con la creación en Uruguay de las administradoras de ahorro previsional (AFAP), el 1° de abril de 1996 se comenzó a aplicar un régimen mixto con el Banco de Previsión Social (BPS). Desde entonces, en dicho sistema conviven el régimen de ahorro individual (AFAP) y el régimen de solidaridad intergeneracional entre contribuyentes y beneficiarios (BPS). Por principios, conciencia soberana y por nuestros años en la dirigencia sindical, con referentes de la jerarquía de José Pepe D’Elía, Gerardo Cuesta y Héctor Rodríguez, entre otros compañeros valiosísimos, nos resulta inaceptable la coexistencia entre el mantenimiento del sistema administrado por el BPS y la incorporación de un negocio de lucro privado oneroso e insolidario. Somos sindicalistas. Entendemos por sindicalismo el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores porque no puede prescindirse de la gente que trabaja, por cuanto es ella la que crea la riqueza del país.

La reforma del sistema previsional implementada por el gobierno de la coalición multicolor configura un grave retroceso para los trabajadores, jubilados, pensionistas y para otras prestaciones indispensables de carácter social de enorme relevancia. Es una ley regresiva. Un hecho real e incontrastable es que el BPS brinda mejores prestaciones porque su fin no es el lucro. A mismos aportes, a vía de ejemplo, una jubilación de 31.000 pesos en el BPS, por AFAP es de 7.600. Ocho de cada diez personas jubiladas por AFAP cobran menos de 11.500; seis de cada diez no llegan a 6.000 y cuatro de cada diez cobran menos de 2.900. La matemática es una ciencia exacta. No hay lugar para la tergiversación.

Con estos simples ejemplos, queda demostrada la bajísima rentabilidad de las pasividades de las AFAP. Esto se debe a dos sencillas razones. Para las prestaciones en el BPS convergen los aportes de los trabajadores, de los empleadores y el estatal. En cambio, para las AFAP sólo aportan los trabajadores, con el descuento de la tasa producto de la comisión y el seguro, limitantes para una decorosa capitalización. Como por arte de birlibirloque.

Las tres medidas cautelares y la necesaria enmienda constitucional

La propuesta del plebiscito propone lo siguiente:

» Edad mínima de 60 años para la jubilación no obligatoria, sin perjuicio de que quienes quieran seguir trabajando más años podrán hacerlo libremente;

» Pensiones y jubilaciones más bajas equiparadas al salario mínimo nacional;

» Eliminación de las AFAP para que lo aportado por el trabajador pase a través de un fideicomiso al BPS e incluir a Uruguay en la realidad del mundo actual. De 193 países reconocidos miembros de la Organización de las Naciones Unidas, solamente una ínfima minoría de 12 naciones tienen el sistema AFAP.

Según los parámetros de expertos en economía política y asesores del movimiento sindical, la enmienda que promueve el plebiscito generaría una estabilidad y autosuficiencia económica del BPS por unos 15 años. En la actualidad el BPS traspasa a las AFAP alrededor de 1.500 millones de dólares por año que son ahorros de los trabajadores. Cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere aproximadamente 500 millones de dólares al BPS para cubrir el déficit que se origina con este traspaso. Si se eliminan las AFAP, esos 1.500 millones de dólares quedarán en el BPS y no será necesaria la transferencia adicional.

La enmienda propuesta sugiere que esos 500 millones se empleen para erradicar la pobreza infantil. Es un compromiso moral insoslayable. Es indecoroso que haya más de 300.000 personas cuyos ingresos estén por debajo del salario mínimo nacional. El costo se financia con la eliminación de las AFAP y se estima en 460 millones de dólares la cantidad necesaria para cubrir jubilaciones y pensiones por debajo del salario mínimo nacional.

Verdades a medias del oficialismo: no todo vale

En contrapartida, uno de los principales impulsores de la reforma jubilatoria del gobierno, el doctor Rodolfo Saldain, especializado en derecho laboral y seguridad social, coautor también de la reforma previsional de 1995, sostuvo que, de aprobarse el proyecto a plebiscitar, la reforma sería impagable, generaría inseguridad jurídica y sería injusta con los jóvenes y multiplicará el déficit del BPS. Agregó que desde su implementación “el modelo de las AFAP ha mostrado una notable rentabilidad en beneficio de los trabajadores”. No es necesario ser un zahorí para concluir que su aseveración no es cierta y está muy lejos de la realidad. También señaló que, si eso ocurriera, Uruguay perdería credibilidad y que afectaría su prestigio a nivel internacional. Pero ¿ante quiénes perdería credibilidad? La respuesta es muy clara: ante las agencias calificadoras de riesgos, la banca, organismos de crédito y ante el gran capital transnacional.

Los ciudadanos tienen derecho a estar bien informados. Un ejemplo a modo de ilustración. El gobierno en su campaña afirma que los trabajadores de la construcción y los rurales podrán seguir jubilándose a los 60 años, pero en los hechos esto abarca solamente a quienes tengan al menos 20 años registrados en tareas que requieran un alto grado de esfuerzo físico y que en los últimos diez años cuenten con un mínimo de cinco años de trabajo en ese sector de actividad que implica riesgos.

Frente Amplio: gobiernos con avances de pasos cortos

En los gobiernos del Frente Amplio hubo leves avances con relación a la nefasta Ley 16.713, aprobada en 1995 en el gobierno del colorado Julio María Sanguinetti y que contó con el apoyo del Partido Nacional tras el acuerdo de gobernabilidad entre ambos partidos.

Por la Ley 18.395, de 2008, se dispuso la flexibilización del régimen de acceso a beneficios jubilatorios del BPS. Se estableció para las mujeres el cómputo de un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo, o adoptado con un máximo de cinco años. Se fijó como la causal jubilatoria común 60 años de edad y 30 años registrados de trabajo. Se crearon subsidios como el especial por inactividad compensada y el transitorio por incapacidad parcial.

La llamada “ley de cincuentones”, la 19.590 de diciembre de 2017, es parte de la reparación a quienes fueron obligados a integrarse a una AFAP modificando el régimen jubilatorio previsto por la Ley 16.713, de 1995, así como la de desafectación del artículo 8 de la Ley 19.162. Ambas resoluciones dieron acceso a decenas de miles de personas a un beneficio jubilatorio que profundizó derechos en términos de políticas de género.

Entre el lucro y la justicia social

Desde el comienzo de la recolección de firmas y las movilizaciones por el Sí, se inició una virulenta y descalificadora campaña contra los impulsores del plebiscito, anunciando un desenlace apocalíptico con juicios millonarios y aumento de impuestos. Ministros y parlamentarios del gobierno y medios de comunicación masiva hegemónicos hicieron su indecorosa tarea. “Si se aprueba el plebiscito, es el fin del mundo”, afirmó el candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República. Un enunciado vacío de contenido que no resiste el menor análisis.

En paralelo, de conocidos informes de algunas encuestadoras surge que aproximadamente el 80% de la población está de acuerdo con el aumento de las pasividades mínimas y el 60% comparte que se establezcan los 60 años como edad jubilatoria. Al mismo tiempo, una de cada cuatro personas estaría en contra del régimen de las AFAP. Sin embargo, la alternativa impulsada por los defensores de la ley se apoya en el argumento de que si las personas viven más tiempo, tienen que trabajar más años para financiar su jubilación. No dicen, claro está, que con esa medida el trabajador pierde salario y, en muchos casos, calidad de vida, dejando el campo libre para aumentar las ganancias de los capitales de las AFAP.

No habrá pérdida ni menoscabo

¿No es acaso justo que se defienda a las empresas públicas y que el BPS vuelva a recibir los ingresos que le fueron asignados por vía constitucional y que jamás debieron derivarse a ninguna empresa privada? Y hablan de confiscación. Es simple expresarlo sin circunloquios. No hay confiscación alguna. La papeleta dice que no habrá pérdida ni menoscabo. El ahorro individual en la AFAP no es de libre uso y goce, porque no puede disponerse como un ahorro en una cuenta. Solamente al jubilarse.

Como atenuante y ante las críticas recibidas por miles de ahorristas, debe señalarse que, después de 30 años de creadas las AFAP, por la Ley 20.130 se abrieron cinco causales para que las personas puedan retirar hasta el 9% de sus ahorros en las AFAP. El plebiscito propone que se mantenga esa disposición durante los dos años que dure el fideicomiso que se constituiría con la totalidad de los fondos acumulados de las personas comprendidas en la Ley 19.162 que opten por revocar el artículo 8 de la Ley 16.713 y estén incluidas en el régimen jubilatorio anterior.

Seguridad social: “idea-fuerza”

El diccionario de ciencias políticas y sociales define la seguridad social como “una idea-fuerza que aglutina esfuerzos económicos y sociales destinados a brindar protección integral al ser humano”. La Declaración de Querétaro de 1974 sostiene, asimismo, que “la seguridad social consiste en el deber de la sociedad y de la economía, fundado en el principio de solidaridad”, y agrega que “ningún Estado tiene derecho a explotar a los demás. Tampoco tienen derecho las empresas nacionales o internacionales”.

Una declaración tan sorpresiva como desconcertante

Semanas atrás, 111 economistas y académicos frenteamplistas se pronunciaron abiertamente en rechazo al plebiscito y anunciaron que harían campaña por el No. Entre los firmantes figuran dirigentes de reconocida y respetada trayectoria de la coalición movimiento. Nos resulta absolutamente ininteligible su posición. Es nuestro deber señalarlo. Discrepamos con la gran mayoría de lo expresado en la declaración, comunicado que, obviamente, tuvo amplísimo eco y difusión en los grandes medios de comunicación que apoyan el sistema vigente, en claro contraste con quienes impulsan el Sí. Varios dirigentes políticos de la coalición de gobierno expresaron su beneplácito, incluido el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, ignaro profundo quien no supo qué decir en una entrevista en la que se le preguntó sobre la fecha de fundación de dicha colectividad política y los períodos de gobierno de José Batlle y Ordóñez.

En ese contexto, Constanza Moreira, dirigente y exsenadora del FA por Casa Grande, fue contundente: “La unidad política de la izquierda y los movimientos sociales requiere combinar la ética de las convicciones con la ética de la responsabilidad”. Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, fue muy claro al respecto: “La papeleta por el Sí no tiene banderas políticas. Sólo tiene banderas populares”, en tanto Gustavo González, exsecretario de Fucvam, rubricó: “Los tiempos de los movimientos sociales son siempre distintos a los tiempos de los movimientos políticos. Lo fundamental es hablar con la gente, hacer mesas redondas”.

“La ciudadanía le pasó por encima a la clase política”

El 28 de agosto de 1994 se plebiscitó el proyecto de “minirreforma” constitucional sancionado por amplia mayoría el 15 de junio de ese año en la Asamblea General con los votos blancos y colorados. A sólo tres semanas del plebiscito, las encuestas vaticinaban un amplísimo triunfo de la “minirreforma”, cuyo texto, a grandes rasgos, proponía entre otras medidas autoritarias y retrógradas:

1) Mayor fortalecimiento del Poder Ejecutivo.

2) Asamblea General limitada a otorgar votos de confianza y aprobación a los programas de gobierno y proyectos de ley, propuestos por el presidente de la República.

3) Incorporación de “crisis de gabinete”, instituto que conducía a la aplicación del mecanismo de disolución del Parlamento.

4) Eliminación del inciso M de las Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución, al tiempo que mantenía el artículo 195 que quitaba la potestad de regir, mandatar y dirigir al directorio del BPS, abriendo las puertas para su privatización.

“La ciudadanía le pasó por encima a la clase política”, expresó públicamente Tabaré Vázquez sobre el contundente rechazo a la minirreforma, en un gesto que lo eleva y enaltece. En un hecho sin precedentes en la vida política del país, 1.229.917 ciudadanos –el 67,54% de los sufragios– rechazaron la iniciativa y desautorizaron a las cúpulas partidarias y sus presidenciables. Ese voto de rebeldía ciudadana marcó nítidamente la independencia del movimiento sindical y fuerzas sociales de toda forma de poder político. Fueron la gran mayoría de los sindicatos del PIT-CNT, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y las fuerzas sociales que, desde el pie, impulsaron el rechazo a una minirreforma con peligrosos matices de cesarismo y fuerte contenido impopular.

Al comienzo, la reforma de la seguridad social tuvo un respaldo mayoritario en la opinión pública. Pero, a medida que se acerca la fecha del plebiscito, es fácil constatar una ascendente y notoria desaprobación en la población, a pesar de la enorme superioridad de los recursos con que contaba la campaña oficialista. El aporte de los estudiantes de la Universidad de la República, de la investigación académica, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, de dirigentes sindicales, de las movilizaciones barriales y de la gente en el mano a mano ha permitido avanzar con zancos de gigante en la difusión de las propuestas por el Sí.

Del célebre Montesquieu aprendimos que “una norma no es justa por estar en la ley. Debe estar en la ley por ser justa”.

Miguel Aguirre Bayley es periodista y escritor.