Estos cinco años de gobierno han sido muy perjudiciales para trabajadoras/es y jubiladas/os.

La política salarial de este gobierno, que es la que determina la evolución de las jubilaciones, ha implicado una baja desde el inicio de la gestión y una recuperación sobre el final.

En otras notas que hemos publicado sobre lo hemos denominado “el Gobierno de la U”, como lo muestran los gráficos que acompañan esta nota.

Foto del artículo 'El 24 de noviembre están en juego dos modelos de país'

En este caso lo que nos dice el gráfico es que el salario real de los trabajadores no ha acompañado a la economía. Como muestra el gráfico con claridad, los salarios cayeron durante tres años, mientras que la economía en el segundo año, es decir, en el segundo trimestre de 2021, ya había comenzado a crecer.

Entre 2021 y 2022, el producto interno bruto (PIB) creció en el orden de 10% y el salario real siguió cayendo los dos años.

La línea roja en el gráfico es lo que se hubiera percibido si se ajustaban los salarios por inflación. O sea que la superficie es lo que se perdió en estos cinco años, sólo por empatar; nada está pensado en este gobierno para mejorar el salario real.

El gráfico 2 nos muestra la “U” de los jubilados.

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Nada de las “recuperaciones” de los últimos años devolverá a jubiladas/os y trabajadoras/es lo perdido en esos años.

Cuántos sueños quedaron en el camino: la pieza adicional para el nuevo hijo, el auto, las vacaciones o, en muchos casos, simplemente comer menos o tener que mudarse por no poder pagar el alquiler. Eso finalmente se expresa analizando los datos de crecimiento de los ingresos de los hogares, lo que muestra la gráfica 3.

Los ingresos del 10% más pobre cayeron, aunque la economía creció. Luego hay un tramo de muy bajo crecimiento que llega hasta casi el 70% de los hogares adicionales. Hubo un poco más de crecimiento para el 15% siguiente y un gran crecimiento para el 5% más rico.

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Gasto público social: dos ejemplos

Pero la U del gobierno no se agota en el terreno de los ingresos de trabajadoras/es y jubiladas/os. Otra cuestión relevante se refiere al gasto público social que afecta el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda, entre otros.

Veamos qué pasó con el gasto educativo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar).

El gráfico 4 nos muestra el presupuesto real desde 2019 a 2023 de estos entes educativos.

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A la educación también le recortaron presupuesto, y eso fue especialmente relevante en la ANEP y la Udelar. La superficie por debajo de la línea roja (que representa su presupuesto si lo hubieran ajustado por inflación, es decir, nuevamente sólo para empatar) significa un orden de 300 millones de dólares que se dejaron de percibir. Pensemos cuánto se podría haber invertido con este dinero.

Finalmente, el gráfico 5 nos trae el presupuesto asignado a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en relación con el número de usuarios que debió atender, que aumentaron desde el propio año 2020.

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Otra vez se ve con claridad el ajuste a la baja y se llega al mismo nivel de gasto por usuarios recién en 2023, es decir, cuatro años después, con una economía que crece desde 2021.

Nada de las “recuperaciones” de los últimos años devolverá a jubiladas/os y trabajadoras/es lo perdido en esos años

¿Por qué pasó esto?

Nada es casual. Los resultados económicos tienen que ver con la economía política, que a su vez tiene que ver con la política económica de los gobiernos y con las fuerzas sociales a las que van dirigidas dichas políticas.

Las políticas laborales y sociales de todos los gobiernos blancos y colorados desde la vuelta de la democracia (con la obvia excepción del gobierno de la salida de la dictadura, que fue en parte resultado de acuerdos sociales y partidarios) tuvieron una U salarial, es decir, tuvieron un gran ajuste salarial en el inicio y luego una “recuperación” que al final del gobierno superó un poco el nivel inicial.

Pero miren este dato: desde 1989 a 1999 la economía creció 45% y los salarios reales, 5%. El gasto de ASSE también tuvo una forma similar a una U en ambos gobiernos, y la educación la tuvo en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y no así en el segundo de Julio María Sanguinetti, en el que creció el presupuesto educativo.

Pero siempre las reglas tienen excepciones, por ende es posible decir que en los gobiernos blancos y colorados el crecimiento económico va acompañado de un ajuste inicial duro y una U salarial que determina un aumento de la desigualdad. En los tres gobiernos, el Gini (índice que mide la desigualdad) aumentó.

En cambio, durante los gobiernos frenteamplistas sucedió que hubo una política alineada entre el crecimiento y la redistribución del ingreso. El salario aumentó durante los 15 años de los gobiernos del Frente Amplio; en lugar de una U, tenemos una recta ascendente con crecimiento permanente, aunque es verdad que eso fue más fuerte en los primeros diez años. Y pasó lo mismo con las jubilaciones.

El gasto en salud y en educación tuvieron la misma lógica, creciendo todos y cada uno de los 15 años de gobierno. Pero además, una diferencia sustantiva es que eso también pasó el primer año, y nunca el Frente Amplio hizo un ajuste fiscal ni salarial inicial.

En síntesis, compartimos que lo que está en juego son dos modelos sociales y económicos. En los 20 años de gobiernos de blancos y colorados, siempre en el primer año de gobierno hubo ajuste y reducción de salarios y de gasto de ASSE, la ANEP y la Udelar, la desigualdad aumentó, los salarios cayeron para recién empatar al final, y el gasto en salud y el gasto en educación (menos en el de 1995) cayeron para recién al final recuperar su gasto.

En cambio, en los 15 años de gobiernos frenteamplistas, siempre en el primer año de gobierno hubo crecimiento de salarios y de gasto de ASSE, la ANEP y la Udelar; la desigualdad cayó; los salarios crecieron sin parar; y el gasto en salud y el gasto en educación crecieron de manera permanente.

Las propuestas del Frente Amplio

Para estos temas tenemos propuestas que están en nuestro programa y que Yamandú expresó en Colonia y en el debate, y que obvio no se pueden hacer con ajuste a la baja del presupuesto y sin participación social.

En materia de salud, mejorar la gestión en ASSE y dotarla de recursos; crear un hospital en Ciudad de la Costa; reducir los precios de tickets y órdenes; desarrollar la Ley de Salud Mental.

En materia de salarios y jubilaciones, aumentar los salarios, en particular los más bajos, para romper la lógica de 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos líquidos; igualar en el correr de los cinco años la jubilación mínima al salario mínimo; devolver el 3% que se dio varias veces a las jubilaciones mínimas en julio y les descontaron en enero.

En materia de educación, incrementar 250% las becas en secundaria, de 10.000 a 25.000 pesos, y multiplicar por cinco su número; apoyo de 2.500 pesos a quienes ingresan a primaria; duplicar las niñas y los niños con tiempo extendido y completo; crear una Universidad de la Educación. Todo ello siempre con el apoyo de los docentes.

Esa, y no otra, es la discusión.