¿Jura decir la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro

En 1974 y 1976, en Argentina, cuando arreciaban los secuestros, asesinatos y desapariciones de militantes del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y del Partido Nacional, con la monstruosidad del vil asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, muchos de nosotros optamos por difundir y denunciar estos hechos. Por divulgar, entre otras, una pieza magnífica e inigualable del relato de la canallada que descubría la verdad de los hechos: la coordinación de las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas. Un acta de acusación: la carta abierta a Jorge Rafael Videla de Wilson Ferreira Aldunate.

Acumulando información, presentando hábeas corpus, denunciando en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos (OEA), en tribunales éticos (Bertrand Russell), en la prensa europea y mundial, divulgando la coordinación y la canallada de esa “guerra sucia” que las fuerzas armadas y policiales de todo el Cono Sur llevaban adelante. La verdad acumulada, junto con el movimiento de derechos humanos y las Madres y Abuelas, con quienes trabajamos codo a codo, permitieron armar el Juicio a las Juntas, inmortalizado en esa película, Argentina, 1985. Un acto de sinceramiento republicano y de reforzamiento de la democracia.

Fue una tarea y compromiso político que asumimos estando presentes en toda la región, en el exilio y en Uruguay. Las denuncias tenían, además, un componente humanitario y también de sensibilidad para los y las compañeras que fueron víctimas y con sus familiares. No era nuestra concepción que eran “bajas de una guerra” y, por lo tanto, estaban dentro de lo esperable. Eran víctimas de un nuevo modelo de dominación y control social: el terror ejercido desde todo el Estado.

Dedicamos nuestro esfuerzo no sólo a difundir apegados siempre a la verdad, porque sólo esa brújula podía ser efectiva, sino también a recolectar e investigar, a confirmar la verdad de cada dato que nos llegaba y que podía llevarnos a ubicar a los niños y niñas secuestrados. Sobre esa base, pudimos ubicar no sin esfuerzo temerario a Anatole y Victoria Julien, a Amaral García (cuyos padres, del MLN, fueron trasladados clandestinamente y asesinados en Soca por resolución del Consejo de Seguridad Nacional), luego a Mariana Zaffaroni y, en nuestro país, a Macarena Gelman. Una monstruosidad. Nació en cautiverio porque los militares uruguayos que secuestraron a su madre en Argentina esperaron que pariera para luego asesinarla y entregar a la niña a un policía. Luego fueron apareciendo Andrea Hernández Hobbas, secuestrada cuando tenía cinco años, e incluso niños nacidos en cautiverio como Carlos D’Elía Casco. También la nieta de Blanca Artigas, Victoria Moyano.

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo su visita a Argentina para realizar un informe en el lugar de los hechos, en setiembre de 1979, acompañamos a las madres y familiares para brindar toda la información y la documentación de las desapariciones de uruguayos. La de todos y todas. Allí dijimos la verdad. No nos cegaba la visión obtusa que veía a la CIDH y a la política de DDHH como un ariete del imperialismo. Vimos una hendija y junto a las Madres y Familiares asestamos un duro golpe y un avance en el esclarecimiento de los dolorosos hechos. Allí estaban Violeta Malugani (madre de Miguel Ángel Moreno, desaparecido), Luz Ibarburu (madre de Juan Pablo Recagno, desaparecido), María Esther Gatti (madre de María Emilia Islas, desaparecida, abuela de Mariana Zaffaroni, recuperada), Irma Hernández de Trías (madre de Cecilia Trías y suegra de Washington Cram y de Carlos Rodríguez Mercader, desaparecidos), Milka González (madre de Ruben Prieto, desaparecido).

Con base en este compromiso y en la búsqueda de la verdad con la verdad, fue posible conjuntar esfuerzos en el exilio, en la conformación del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (Sijau), que reunió a juristas de gran talla como Louis Joinet y que representó un faro de denuncias y de construcción de una de las banderas democráticas más filosas contra la dictadura: la amnistía.

A ellos se sumó el trabajo incansable de la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (en el exilio) con el liderazgo de Tota Quinteros y Luisa Cuesta. Nada de esto podría haberse hecho si no hubiéramos conformado un rompecabezas con base en la verdad de cada dato, de cada relato y testimonio.

En honor a la verdad, se puede pensar que alguien pudiese faltar a ella o se sintiera presionado a dar un testimonio esquivo. No es lo común, más bien todo lo contrario.

En rigor, el drama de nuestra sociedad es que el miedo, coronado por la impunidad más brutal, ha sido una muralla para que mucha gente, incluido personal militar, haya sentido en su carne y su espíritu que es mejor callar. Es sabido que aún las víctimas de torturas, vejaciones y violaciones han tenido una resistencia psicológica y legal para dar testimonio. En algunos casos, efecto persistente de las torturas, pasaron más de 30 años para que se supiera qué paso con cada una de las agredidas. Las secuelas permanentes en las familias y en el entorno social de las víctimas de la tortura y/o desaparición forzada pautan un grado de malestar a nivel de la salud mental y de las conductas. Parece inconcebible que en un sistema republicano haya parlamentarios que dediquen su esfuerzo a atacar permanentemente al Poder Judicial, uno de los pilares básicos de cualquier democracia.

Tampoco es concebible que con base en datos que no se especifican se tire al barrer contra la acumulación de muchos testigos y víctimas, o actores que nos hemos presentado ante diversos tribunales de aquí y de otras jurisdicciones, en organismos cuasi judiciales de derechos humanos para dar testimonio. El fiscal Ricardo Perciballe ha dicho muy bien que quien tenga las pruebas de una mentira en este terreno debe denunciarla ya. Si es, o ha sido funcionario público, carga con una responsabilidad doble. Es pasible de sanción penal.

Importa rescatar y resguardar que la bandera de defensa y promoción de los derechos humanos es una base democrática que salvaguarda a la democracia y, por extensión, a todos los derechos de los pueblos. La base de esta defensa es que no puede ser de doble rasero, y que su base fundamental está en los valores de la verdad de los hechos, la actuación sin restricciones de la Justicia ordinaria, la persecución criminal de delitos que lesionan por su magnitud y perfiles a toda la humanidad.

La construcción de la memoria histórica de nuestros pueblos tiene que atenerse a estos principios y para la izquierda es un compromiso insoslayable que nos hace mejores, nos hace constructores de un destino del bien común y uno de los pilares del desarrollo humano.

Pablo Anzalone Cantoni, Adriana Cabrera Esteve, Miguel Fernández Galeano, Milton Romani Gerner son integrantes del colectivo El Taller.