40 años después de que Fidel Castro enunciara que “la deuda es impagable”, el Banco Mundial ha terminado por darle la razón. En su “International Debt Report 2024” (Informe Internacional de la Deuda), publicado en la primera semana de diciembre, el banco afirma que "la angustia de la deuda es una crisis de solvencia en metástasis que sigue diagnosticándose erróneamente como un problema de liquidez en muchos de los países más pobres. Dada la magnitud de su carga de deuda, su capacidad de reembolso nunca se restablecerá. Es hora de afrontar la realidad: los países más pobres que se enfrentan a problemas de deuda necesitan un alivio de la deuda si quieren tener una oportunidad de prosperidad duradera".

El informe publica información detallada sobre el estado de la deuda en cada uno de los países de renta baja y media, lo que excluye en América Latina a Chile, Panamá y Uruguay, considerados de renta alta por el banco. En resumen, estos países “gastaron en 2023 la cifra récord de 1,4 billones (trillions en inglés) de dólares en el servicio de su deuda externa, ya que sus costes por intereses subieron a su nivel más alto en 20 años”. Esta catástrofe “redujo los presupuestos de muchos países en áreas críticas como la sanidad, la educación y el medioambiente”.

Con un tono inusualmente autocrítico, el economista jefe del Banco Mundial, Indermit Gill, reconoce en el prólogo del informe que la estrategia denominada from billions to trillions (de miles de millones a billones, en buen español pero malsonante como eslogan) fue “una fantasía”.

Esta idea, anunciada en 2015 como el camino para financiar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible unánimemente acordados por los gobiernos en las Naciones Unidas, consistía en utilizar financiamiento internacional público (de los bancos multilaterales de desarrollo) para “apalancar” inversiones privadas. El modelo a seguir era el desarrollado en Belo Horizonte, Brasil, donde un préstamo del Banco Mundial de 40 millones de dólares permitió la emisión de bonos por valor de 2.000 millones... a la firma constructora Odebrecht, para su inversión en infraestructura de salud pública.

Según el Informe del Banco Mundial, los inversores ejercen una sangría neta sobre los gobiernos del Sur global, y los dineros públicos multilaterales se están utilizando para pagar a los acreedores privados.

Esta “magia” de multiplicar por 50 el capital condujo a innumerables episodios de corrupción, por demás previsibles cuando el éxito de la decisión dependía siempre de decisiones gubernamentales, sin lograr la deseada avalancha de capitales privados. Según el Informe del Banco Mundial, los inversores ejercen una sangría neta sobre los gobiernos del Sur global, y los dineros públicos multilaterales se están utilizando para pagar a los acreedores privados. "Desde 2022, los acreedores privados extranjeros han extraído casi 141.000 millones de dólares más en pagos del servicio de la deuda por parte de los gobiernos en las economías en desarrollo de lo que desembolsaron en nueva financiación”.

Esto ha empujado a las instituciones multilaterales “a desempeñar un papel para el que nunca fueron diseñadas: el de prestamistas de último recurso, desplegando la escasa financiación para el desarrollo a largo plazo para compensar la salida de otros acreedores”. Traducido, esto quiere decir que “la nueva financiación procedente del Banco Mundial se destinó rápidamente a pagar a acreedores privados" y no a reducir la pobreza o promover el desarrollo.

Esta situación refleja, en palabras del Banco Mundial, “un sistema financiero en quiebra”, ya que estuvieron “las instituciones multilaterales y los gobiernos soportando casi todo el riesgo y los acreedores privados cosechando casi todos los beneficios”.

En nombre del Banco Mundial, el indo-norteamericano Gill concluye que "es hora de afrontar la realidad: los países más pobres que se enfrentan a problemas de deuda necesitan un alivio de la deuda” y deberían tener “al menos algunas de las protecciones que se ofrecen habitualmente a las empresas y particulares endeudados en virtud de las leyes de quiebra. Los acreedores privados que conceden préstamos arriesgados y de alto interés a los países pobres deberían asumir una parte justa del coste cuando la apuesta sale mal".

Sería de justicia, pero dado el poder de veto de Estados Unidos en el Banco Mundial y el FMI, bien puede ser otra fantasía irrealizable.

Roberto Bissio es coordinador de la red mundial Social Watch.