La OMC: freno o protección de nuestra industrialización digital

Esta semana los ministros de comercio de 166 países se reúnen en Abu Dabi para la decimotercera reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Una de las grandes controversias a resolver está relacionada con la posibilidad de los países de adoptar aranceles sobre transmisiones electrónicas o, más importante aún, los servicios o productos que se transmiten digitalmente.

En 1998, años antes de la entrada en escena de las grandes plataformas tecnológicas que hoy hacen parte de nuestro día a día, en la segunda reunión ministerial de la OMC los países miembros se comprometieron a no imponer aranceles a las transmisiones electrónicas internacionales. En su momento, esta decisión –conocida como la moratoria de comercio electrónico– no generaba mayor controversia y se renovaba cada dos años en el marco de las reuniones ministeriales de la OMC.

Sin embargo, con el ascenso de la economía de datos y la multiplicación de bienes y servicios que pueden ser distribuidos de manera digital, cada vez más países se cuestionan si esta decisión favorece sus intereses.

Por un lado, hay quienes se preocupan por la pérdida de recaudo fiscal que la moratoria puede estar generando. El South Center calculó que los países en desarrollo dejaron de recaudar cerca de 48.000 millones de dólares entre 2017 y 2020 por cuenta de la moratoria. En ese sentido, no renovar esta decisión dejaría en claro que los miembros de la OMC pueden decidir si quieren adoptar aranceles sobre ciertos productos que se transmiten electrónicamente para cumplir ciertos objetivos sociales como incrementar presupuestos para salud o educación o, incluso, fomento de emprendimientos digitales.

Más importante aún es el efecto que la moratoria tiene en la extrema concentración de la economía digital y las perspectivas de desarrollo económico de aquellos países que aún están marginalmente integrados a las cadenas de valor digitales. La hegemonía, a nivel global, de las grandes corporaciones estadounidenses –y recientemente chinas– en los mercados digitales es indiscutible. Con excepción de algunas multilatinas, como Mercado Libre o Rappi, la mayoría de los servicios digitales que se consumen en América Latina son suministrados por corporaciones que operan fuera de la región.

La OMC reconoce que cada vez hay más comercio internacional en servicios prestados a través de medios digitales. Sin embargo, el 83% de este tipo de servicios proviene de países ricos. Son pocas las economías que se han beneficiado de la explosión de la economía digital.

Desde tiempos inmemoriales, los estados han usado aranceles con el objetivo de garantizar un margen de protección para ciertas industrias que desean fomentar. Estados Unidos desarrolló su aparato industrial con base en aranceles. La protección arancelaria también fue clave para las estrategias de desarrollo de Japón, Corea del Sur y China. Todos estos países usaron aranceles para incentivar el desarrollo de actividades con mayor valor agregado, generar empleo y alcanzar la frontera tecnológica.

Es por ello que países como Sudáfrica, India e Indonesia han expresado interés en usar aranceles –como parte de su política de industrialización digital– para incentivar el desarrollo y crecimiento de industrias digitales en sus países.

América Latina es sede de innumerables emprendimientos que buscan hacer uso de las herramientas digitales para prestar servicios en sus países y en la región. Sin embargo, se enfrentan a la competencia feroz de enormes compañías con capitalizaciones que superan el producto interno bruto de algunos países de la región. Levantar la moratoria y aclarar que los países miembros de la OMC pueden hacer uso de herramientas tradicionales en la regulación del comercio internacional para fomentar industrias digitales domésticas dotaría a Latinoamérica del espacio político necesario para sus políticas de industrialización digital.

Daniel Rangel es experto en comercio internacional y consultor de Third World Network.