Políticas públicas: un desafío transversal

Una política pública se puede definir como “una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público”.¹

Las intervenciones del Estado para modificar un determinado problema impactan en las comunidades y los territorios donde se despliegan, ya sean barrios, localidades o regiones.

La tecnología hoy nos permite ubicar a cada individuo en el lugar preciso donde habita, trabaja o se educa; nos hace posible personalizar tanto las transferencias monetarias como los impuestos e incluso diferenciar tarifas de servicios públicos para cada familia. La tentación de solucionar problemas con una aplicación es grande, si bien ningún software puede acompañar los dilemas que enfrenta una familia cada día.

Incluso con redes de comunicación digital, el barrio o la localidad siguen siendo el escenario donde las políticas sociales producen impactos y transformaciones.

La articulación de las intervenciones en el territorio es el desafío para una nueva generación de acciones transversales y complementarias que optimicen los recursos. La transversalidad de programas es también una función del Estado, consagrada en la Ley de Ordenamiento Territorial.²

Entre la caridad y el derecho

El diseño de políticas dirigidas a corregir las desviaciones del mercado apunta a dar ayuda económica o asistencia a quienes menos tienen. El concepto de caridad o asistencialismo conduce a que las familias de bajos ingresos sean destinatarias de políticas para personas pobres.

Sin embargo, los derechos humanos consagran el derecho de cada individuo a un conjunto de servicios básicos sin importar dónde haya nacido. Los progresos y avances, así como la riqueza que acumuló la sociedad en su pasado, pertenecen a todos los individuos. En este enfoque las políticas universales son para todos y todas sin distinción, ya que la sociedad es un colectivo que genera riqueza y prospera en conjunto.

Las dos posturas coexisten y diferencian a neoliberales de progresistas, o a la derecha de la izquierda.

Una ideología no es una etiqueta, sino un pensamiento que sostiene cada acción e inacción de los gobiernos. Pregonar que no existen las ideologías es tan falso como pretender que estas cayeron junto con el muro de Berlín.

Estas convicciones están presentes en la propia gestación de las políticas. Quizá por ese motivo sea tan difícil acordar políticas de Estado entre concepciones contrapuestas y en conflicto.

La ausencia del Estado es una decisión del gobierno actual y una manifestación fehaciente de una ideología que considera al mercado como el mejor asignador de los recursos. Es una decisión que toman quienes tienen privilegios y que aplauden aquellos que están convencidos de que los privilegios son para unos pocos, mientras anhelan tener lo suficiente para alcanzarlos.

Un problema público

En las últimas décadas se han extendido las ciudades y centros poblados sobre sus periferias, en particular con la construcción de barrios informales. La producción de vivienda autoconstruida se localiza en los bordes de las ciudades, en lo que se denomina la expansión de la mancha urbana.³

La población de nuestro país ha crecido muy modestamente según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Siete de cada cien hogares están en condiciones de pobreza ⁴; uno de cada cinco menores de seis años es pobre ⁵ y la cifra es apenas menor para la población entre seis y doce años.

La reproducción de la sociedad y la generación de ciudad están sostenidas por la población de los sectores de menores ingresos. Esta realidad refleja algunas de las consecuencias de la desigualdad en nuestro territorio.

Dos de cada diez niños sufren condiciones tales que es urgente mejorar sus condiciones de vida. Sus familias, también en la pobreza, encuentran grandes dificultades para acceder a oportunidades y servicios que les faciliten la vida cotidiana.

Es necesario intervenir antes de que sea tarde. Las acciones necesarias para atender esta situación crítica no pasan solamente por una transferencia monetaria, una tarjeta o un plan social. La intervención del Estado en el territorio debe ser integral y coordinada para complementar soluciones tanto en lo virtual como en el espacio físico.

La sociedad fragmentada

La fragmentación creciente en términos de ingresos y riqueza ⁶ tiene su correlato en la segregación espacial que se produce en las ciudades de nuestro país. Esta división espacial tiene varios aspectos: la autosegregación de las familias en barrios privados cerrados ⁷ o urbanizaciones casi privadas con seguridad propia; la segregación que generan algunos conjuntos habitacionales cuyo diseño homogéneo los separa del tejido circundante; y, no menor, la segregación estigmatizante de los barrios informales, última solución de acceso a la vivienda para numerosas familias que soportan una enorme cantidad de carencias ⁸.

A partir de la profundización del proceso de segregación socioterritorial, y por causas complejas y convergentes, el espacio público se ha convertido en una zona de conflictos graves. Los arrebatos, hurtos o rapiñas, las balaceras y agresiones han transformado en peligrosos algunos sectores de nuestras ciudades, colonizados por la violencia y el delito cuando han sido abandonados por las instituciones.

La percepción de riesgo en el espacio público aumenta en la medida que el Estado se retira. Donde se ausenta el Estado aparecen otros agentes: empresas de servicios privados, organizaciones sociales e instituciones religiosas que trabajan en beneficio de las personas del barrio y organizaciones delictivas que dominan el territorio en beneficio propio.

La escala local y la regional

El espacio público es donde se transversalizan las políticas sociales, y el desarrollo concreto de las acciones se vincula a la escala local. Sin embargo, las desigualdades en la escala nacional generan regiones “ganadoras y perdedoras” del territorio.

Según estudios publicados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), existen desigualdades sustantivas entre las localidades al sur del río Negro y las ubicadas al norte. En general, las del sur presentan menores niveles de pobreza y privaciones, con mayor proporción de ocupados y promedios de ingreso superiores a las ciudades del norte del país.⁹

Las localidades se organizan en un sistema urbano que responde a ciertas lógicas regionales, como se analiza en el Sistema de Ciudades elaborado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y OPP y que aporta esta mirada a la Estrategia Nacional de Desarrollo.¹⁰

Los subsistemas de ciudades y localidades que se vinculan entre sí y con el espacio rural al que dan soporte permiten organizar y gestionar la provisión de servicios en forma regional. No todas las localidades podrían albergar un estadio o un hospital, pero todas las personas tendrían acceso a esos servicios.

El desafío de gestionar políticas públicas transversales

Para lograr revertir los complejos procesos de fragmentación que llevan varias décadas –y que hoy parecen estar en su peor expresión– se requiere evaluar los impactos de las políticas aplicadas en el pasado, con el objetivo de diseñar una nueva generación de políticas públicas.

Cabe preguntarse cómo complementar las transferencias monetarias con políticas de empleo, educación y salud, y cómo diseñar políticas de vivienda acompañadas por intervenciones sobre el espacio público, allí donde las personas se encuentran, comparten y disfrutan, donde lo colectivo tiene lugar.

Una gestión coordinada en el territorio requiere imaginar una institucionalidad que administre esa combinación de escalas e instituciones, y que intervenga junto a las organizaciones sociales y la población involucrada.

Por la naturaleza de las instituciones y escalas de gobierno, la OPP es el organismo capaz de integrar las políticas públicas en el territorio y coordinar su accionar, organizando además el presupuesto en programas por regiones.

Esta coordinación transversal hará posible la aplicación conjunta y simultánea de las políticas en la escala local, con recursos y presupuestos regionales –pensados en clave de redistribución– de manera que dejen de existir regiones ganadoras o perdedoras, y que dejemos de ser una sociedad fragmentada.

Alicia Artigas es arquitecta.