Escribir con bronca tiene la desventaja de que no queda mucho espacio para pensar sustantivos pertinentes, eufemismos reflexivos, ni para elegir los adjetivos socialmente aceptados. Escribir con bronca es el producto crudo del dolor.
Entre marzo y abril se han recrudecido las discusiones sobre la normativa orientada a proteger a las mujeres. De forma irresponsable se han tirado argumentos y se han esgrimido consignas como bombas de humo para utilizarlas en casos específicos según la conveniencia. En pocas oportunidades se ha escuchado a las expertas. Los detalles de los casos han sido buscados como un perro busca un hueso, y han salido a la luz a partir de las formas más asquerosas de filtración. Las filtraciones son un hecho en sí, sacar información, que forma parte de un todo orgánico, descontextualizada, es deslegitimar los espacios más caros de una organización, es escupir sobre los acuerdos de principios, es matar la confianza.
La guerra contra las mujeres ha vuelto a tomar fuerza en nuestro país; las manivelas del poder de nuestro machismo florido se han instalado en la campaña y tienen botones específicos en la máquina de ataque del arsenal de campaña.
Ya el año pasado avanzaron con la Ley 20.141, de “corresponsabilidad en la crianza”, una ley innecesaria, adultocéntrica, una ley contra las mujeres. Claro que no alcanzó, los acuerdos electorales revestían objetivos mayores, que eran objetivos radicales de cortar el avance en derechos. La derecha es inteligente, tiene el poder de los medios y de las redes; la derecha conoce las contradicciones de la izquierda, los dolores de crecimiento, las liturgias, las tradiciones, aquellas que están pegadas en las prácticas y las que están tatuadas en tinta sobre nuestros papeles programáticos. La derecha conoce cómo funciona el poder en la misma izquierda y sabe mover los hilos.
Voy a hablar de ejemplos que en un mes se instalaron en la agenda política de nuestro país y sobre todo en el camino hacia las elecciones nacionales.
El ataque a Yamandú Orsi adjudicándole una agresión a una mujer trans en el campo impune y bárbaro del trabajo sexual les otorgó el foco a representantes de la derecha que nos enrostraban el “hermana, yo te creo”, buscando imponerle a la fuerza política una dicotomía entre creerle a una mujer o apoyar al candidato del Frente Amplio.
No está de más detenerse a pensar que toda la normativa, desde la Ley de Igualdad, pasando por la Ley Integral para Personas Trans hasta la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, fue escrita durante los gobiernos de la izquierda. De todas formas quedaron muchas cosas sin resolver, una de ellas fue la actualización normativa de la ley sobre trabajo sexual, tema que el Instituto Nacional de las Mujeres en su momento se negó a tratar, dejando la temática en la órbita de las instituciones de salud o de seguridad.
El tema de la denuncia de Orsi está en la Justicia. A la vez, quedó en evidencia el manejo de las redes de forma corporativa y con objetivos claros de distorsión de la información a partir de una investigación de la consultora Illuminati Lab1, que analizó la interacción en las redes, identificó las cuentas (algunas con más de 200 posteos diarios) y marcó un antes y un después en esta campaña electoral. Otra investigación, en este caso de la consultora Nómade, caracterizó esta movida como el proceso de fake news más grosero que vivió Uruguay hasta ahora2. No vale todo.
Sin embargo, este evento estuvo marcado por la incomodidad que genera el cambio de paradigma que se plantea desde los feminismos.
El 16 de marzo sesionó el Plenario Nacional del Frente Amplio; en él se ratificó la propuesta programática y se trabajó sobre más de una decena de casos que venían con recomendación desde el Tribunal de Conducta Política. Uno de ellos, la denuncia de Martina Casás a Gustavo Olmos, lamentablemente, ya venía con importantes filtraciones a la prensa, el tema fue discutido en mesas chicas y grandes, un enorme y nauseabundo chusmerío. El tema fue saldado en el espacio político, si bien sigue en la Justicia; el señor vuelve a su rol y Martina mantendrá su militancia como independiente dentro del Frente Amplio.
Más allá del trabajo del TCP y de las asesoras impecables que tiene en el tema género, es muy claro el mensaje que queda: denunciar es un largo camino de escarnio público.
Quienes fuimos mujeres jóvenes en los espacios políticos sabemos lo que implica mantener una reunión con la mano de compañeros en la rodilla, aceptar un beso por no hacer un escándalo y sentir, a la mañana siguiente, que la responsabilidad de esos eventos fue nuestra y no de la desigualdad de poder con la que lidiamos todos los días ante compañeros varones, mayores en edad y titulares en los cargos. No va a faltar, tampoco, la persona que nos llame “oportunistas” porque consentimos vínculos con varones con poder porque muchas veces no sabemos qué hacer con eso. Doble estigma y a seguir, que para eso estamos en este mundete y lo demás es “jugar para la derecha”.
Lo que sí fue una sorpresa fue la denuncia y la recomendación, finalmente votada, sobre Rodrigo Roncio, alcalde de Cerrillos. Hechos graves, que implican una patada en el pecho a la mejor forma de hacer política. Con este tema pudimos, una vez más, ver cómo lo peorcito del patriarcado se mantiene en todos sus términos en la izquierda y es su peor enemigo. El 18 de marzo la Corriente Frenteamplista Canaria hizo un comunicado impugnando el trabajo del Tribunal de Conducta Política (TCP) y el mal uso del protocolo de actuación ante violencia política basada en género. Dos años tienen las denuncias, un importante trabajo de investigación y de cuidado de las personas. Sin embargo, una vez más, la dirigencia apunta contra las mujeres. Una movilización se generó en Cerrillos esa noche, con dirigentes presentes. Marcelo Fernández, representante del espacio al que pertenece Roncio, fue entrevistado por Renzo Gabrielle en un programa de TVL de Pando, y no conforme con cuestionar al TCP se dio el lujo de opinar sobre la Ley 19.580. “Las leyes son hijas de un tiempo”, dice como si hubiéramos superado la enorme inseguridad que las mujeres viven (en 2023 se constataron 118 denuncias por día por violencia basada en género), y a continuación reflexiona sobre la necesidad de mecanismos de conciliación. Evidentemente no ha hecho lugar en sus lecturas a ninguno de los documentos que circulan por ahí sobre la implementación de mecanismos de abordaje a situaciones de violencia basada en género. Por dar uno: el “Segundo informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará” (2015) hace recomendaciones específicas sobre la prohibición de la mediación y los dispositivos de conciliación y otras formas de resolución de las denuncias tanto en el ámbito privado como público. Eso no sería lo peor; lo peor es que Fernández es parte de una organización que se autodefinió antipatriarcal y antirracista y parece que siente que esto es una definición menor. Para él ser antipatriarcal es casi un sentimiento, como ser hincha de Peñarol. No ha comprendido el sustancial contenido ideológico de interpretar la realidad teniendo en cuenta el enfoque de género, partiendo de la base de que existe una desigualdad estructural entre las personas que refiere a una asignación cultural, histórica y económica según el sexo. Y que no hay nada más iatrogénico que sentar a dos personas con una enorme desigualdad de poder frente a frente para que arreglen sus problemas.
Lo cierto es que, más allá del trabajo del TCP y de las asesoras impecables que este tiene en el tema género, las filtraciones, los corrillos y el impacto sobre las vidas y los proyectos, es muy claro el mensaje que queda: denunciar es un largo camino de escarnio público.
Hace algunos días el diputado Nicolás Viera, diputado frenteamplista por Colonia, también salió a declarar con total liviandad contra la Ley de Violencia Basada en Género y sobre que se haga “prevalecer” la palabra de quien denuncia sobre el denunciado. Nunca leyó la exposición de motivos, nunca preguntó a quienes la escribieron, ni a quienes la promovimos, nunca leyó la ley. Es un compañero diputado.
Mientras tanto, la derecha más conservadora se nutre de que la duda sobre las mujeres crezca día a día. Zubía vuelve “reloaded” con su proyecto de reformulación de la Ley 19.580, buscando impactar en su corazón, en su enfoque de género, buscando amenazar a quienes denuncian, buscando volver a colocar el statu quo en su lugar. En definitiva, atornillar en otra ley la duda sobre las mujeres.
El año pasado decíamos que la propuesta de profundización democrática debería ser feminista o no sería, porque los principales ejes de la batalla cultural y económica de estos momentos de retroceso eran sobre las mujeres y su rol de reproductoras de la vida. La izquierda todavía tiene sesgos, graves sesgos que no se van a ir con declaraciones, con sensibilidades o apoyos a los feminismos. Sesgos que requieren una toma de postura urgente a partir de una asunción político ideológica de las desigualdades estructurales a las que hay que apuntar. La imprescindible mirada de género interseccional es la mirada revolucionaria, de resistencia y de reexistencia, en lo vincular, en lo formal, en lo económico. No basta con parecerlo, hay que serlo.
Nohelia Millán es militante feminista.