Números rojos de las infancias y adolescencias en Uruguay: un asunto político impostergable

Días atrás se actualizó información alarmante con relación a la situación que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. La brecha de desigualdad intergeneracional que atraviesa al país desde hace mucho tiempo, y considerando distintos gobiernos, se agrava y profundiza. 20 de cada 100 niños y niñas en Uruguay de hoy viven en la pobreza, mientras que esa cifra apenas afecta a dos de cada 100 en el tramo de edad de mayores de 65 años. Incluso se identifican actualmente algunos retrocesos en indicadores críticos vinculados a la mortalidad infantil. Todos aspectos que son mandatos imperativos y por tanto debieran ser prioridad política de cualquier gobierno o sistema político. Sin embargo, también en estos días, asistimos a un chato intercambio preelectoral en el que el presidenciable Álvaro Delgado manifestó indignación por politizar el tema. Yo pregunto: ¿hay algún asunto con más necesidad de política para Uruguay que su pobreza infantil y su inmensa brecha de desigualdad intergeneracional?

Quienes defienden la necesidad de cambiar la conducción del Poder Ejecutivo en la instancia electoral de octubre/noviembre marcan, respaldados en datos recientes, que esta discusión es impostergable. Sorprendentemente quienes defienden la conveniencia de mantenerse en el gobierno nacional se enojan con la información, y en lugar de defenderse con argumentos desde la gestión, denuncian “politización”. Entonces vuelvo a preguntar: ¿está mal que sea una prioridad de discusión en la agenda pública esta temática? (aún más en el marco de una campaña electoral donde precisamente quienes disputan el gobierno deben decir cómo piensan abordar los grandes temas del país).

Es inadmisible que Delgado distraiga la atención sobre lo central, que son los preocupantes datos de pobreza, exclusión y vulnerabilidad infantil y adolescente, que además se perpetúan. Si politizar el tema es visibilizarlo en la agenda, politicemos, porque precisamente es un asunto político por excelencia.

En ciencia política hay abundante literatura que detalla y describe la necesidad de formular políticas públicas para precisamente atender los problemas públicos. En el caso de la pobreza y la desigualdad generacional que se sostiene en Uruguay, incluso podría afirmarse que se trata de un problema maldito, ya que se mantiene y muestra ser de difícil resolución.

Desde el esquema más simple hasta el más complejo que describe el ciclo de políticas públicas, se señala que los problemas públicos deben ser identificados y dimensionados. Luego de afinados los diagnósticos (y vaya si este país los tiene), son los que deben sustentar la formulación de las acciones públicas. Habitualmente estas respuestas son más efectivas si se sostienen en grandes acuerdos para consolidarse no como políticas de una gestión gubernamental, sino como políticas de Estado.

En la lógica más básica de la política electoral es absolutamente comprensible y esperable que quienes están en la oposición critiquen y propongan alternativas, así como quienes ejercen la labor gubernamental se defiendan. Lo que preocupa en los recientes contrapuntos electorales es la negación o desviación de un problema grave de Uruguay. Un problema ampliamente reconocido y respaldado en la evidencia, sobre el que, para peor, no se advierten mejoras, sino estancamiento y hasta reversión.

En la misma perspectiva de razonamiento cabe recordar que hace un buen rato no hay mayores discusiones con relación a lo que debe ser el abordaje de la política pública, en particular la política social y específicamente en lo que afecta a infancias y adolescencias. Para la formulación de la política pública se requiere decisión, que luego se traduce en instrumentos de gestión, presupuestos, normativa y planes de acción concretos. Resulta imperioso reconocer, entonces, que la pobreza infantil es un problema país relevante y como tal es un asunto político. Una cuestión política que requiere abordaje urgente, no sólo en la agenda electoral sino en la agenda gubernamental de hoy, y en la que se despliegue después de los próximos comicios nacionales.

Sin caer en ingenuos romanticismos, no atender con la seriedad que amerita la situación de la infancia y la adolescencia de Uruguay de hoy no es hipotecar futuro solamente, sino que es atentar a diario contra aspectos esenciales del desarrollo humano de una sociedad. Entonces, sería buena cosa evitar futbolizar declaraciones con relación a este problema producto de la agenda electoral. Porque lo más triste es que no es un problema nuevo, es un problema que se ha mantenido y profundizado.

Tomar el tema con la seriedad que requiere es por lo tanto asumir el problema público como un asunto político de primer orden, politizarlo, sí. Así sería posible, entre otras cosas, atender la inmensa masa crítica de organizaciones que trabajan a diario con la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes, o el sustantivo aporte de profesionales que han estudiado y evidenciado que hay que tomar decisiones urgente (objetivas, bien informadas, articuladas y responsables). Decisiones impostergables para no prolongar una situación indefendible para el país. Politizar y tomar la pobreza infantil y adolescente como asunto político seguramente nos acerque más y mejor a la formulación de políticas de Estado imprescindibles. Tal vez así, con menos fogoneo y chicana, desde las distintas tiendas se podrían atender proyectos legislativos como la ley de garantías para las infancias y adolescencias que impulsa hace años la legisladora Cristina Lustemberg u otras iniciativas que se vienen manejando en distintas tiendas para fortalecer un sistema de protección deficiente.

Los niños y las niñas no votan. Lo triste es pensar que es producto de esa situación que el sistema político no los está priorizando, porque lo que está en juego es mucho más que perder una elección o una banca en el Parlamento.

Martín Pardo es politólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional. Integra el equipo de dirección de Fundación La Plaza.