Uno de los desafíos más importantes que tienen las economías latinoamericanas es “resolver” el problema de la informalidad, la economía popular o la actividad en negro, como se la quiera llamar. Pero en vez de resolverla, propongámonos disolverla, eliminarla, erradicarla.

En América Latina aproximadamente el 60 por ciento de la población vive de la economía precarizada; en Uruguay ese número representa casi un cuarto de la población.

La principal consecuencia de la informalidad es la ruptura de la cobertura de la seguridad social, la brecha en la igualdad de derechos. Hablamos de jubilaciones y pensiones, de salud, de contención, de solidaridad y de justicia. Debemos tener presente que hoy de cada 100 uruguayos, 25 están por fuera, al margen, caídos del sistema. Disolvamos la informalidad cambiando la base de financiamiento de la seguridad social y los derechos de las personas que viven de su trabajo.

Debemos tener en cuenta que el número antes mencionado crece si incorporamos las sofisticadas estrategias de precarización que ha adoptado el mercado de trabajo a través de las tercerizaciones, los “contratos basura”, las empresas unipersonales y todas las variantes de trabajo “uberizado”. Esta desigualdad erosiona las bases de la convivencia en la sociedad porque deja a mucha gente al margen de las conquistas históricas más básicas (ley de 8 horas, descanso semanal, licencias, aguinaldos, etcétera), y sobre todo deja a mucha gente al descubierto, sin respaldo, sin ninguna garantía, ni cobertura. Esto es parte de lo que alimenta el resentimiento, la rabia y el enfrentamiento de los de abajo con el Estado. Los ciudadanos a los que el Estado les ha dado la espalda son en buena medida las amplias bases sociales de las que se nutren las nuevas derechas radicalizadas.

Tenemos que reinstituir la igualdad de derechos en nuestra sociedad. Hay que universalizar el acceso a la seguridad social, tenemos que garantizar la protección del Estado a las personas. Necesitamos poner al Estado de nuestra parte, a cuidarnos las espaldas y no pesando sobre ellas, como respaldo y no como carga. Tenemos que acordar un nuevo sistema de contribuciones, uno justo que potencie, que no entorpezca.

Tenemos que construir un sistema de seguridad social disociado de los aportes de empleados y empleadores. Financiado por una contribución general, progresiva y unificada vinculada a los ingresos de las personas.

Nuestros problemas actuales en este aspecto son consecuencia de haber copiado y mezclado la lógica de los sistemas de bienestar europeos que se basan en los aportes provenientes de un mercado de trabajo con una altísima tasa de formalidad. Nosotros no tenemos esa variable y por eso nos queda gente por fuera y cada vez tenemos más problemas para financiar los derechos y hacerlos sostenibles en el mediano y largo plazo.

Tenemos que cambiar la lógica de financiamiento y construir un sistema de seguridad social disociado de los aportes de empleados y empleadores. Financiado por una contribución general, progresiva y unificada vinculada a los ingresos de las personas físicas y jurídicas.

Es necesario generar un sistema único de seguridad social de las personas que viven en nuestro país, un sistema universal para restituir y garantizar los derechos de todos los uruguayos y asegurar la igualdad. De otro modo, las bases de nuestra sociedad integrada y solidaria se derrumbarán en poco tiempo.

En tiempos de incertidumbre y cambios constantes necesitamos una sociedad cuidadora, con capacidad de ofrecer respaldo a sus miembros y de ofrecer la tranquilidad de que un tropezón no es caída.

El futuro gobierno del Frente Amplio tendrá que hacer transformaciones estructurales para avanzar hacia un país más justo. Un país de gente libre necesita una sociedad solidaria y con herramientas para ejercer esa solidaridad. Esto no es ni más ni menos que nuestro sistema de seguridad social, el instrumento garante de nuestras conquistas ciudadanas. Tenemos que pasar al futuro, proyectar una nueva generación de derechos y victorias, pero antes tenemos que asegurar que no haya más caídos del sistema, que nadie tenga menos derechos que nadie.

Disolvamos el mercado negro de empleo, unifiquemos y universalicemos la cobertura de los derechos laborales y sociales, financiemos todo con una única contribución que grave los ingresos y garanticemos la igualdad de derechos.

Juan Andrés Erosa es militante de Rumbo de Izquierda y estudiante de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.