El título de esta columna parece exagerado para alguien que no conozca por dentro muchos de los establecimientos de dos megainstituciones educativas que tapizan buena parte del territorio uruguayo: la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) y el Consejo de Educación Secundaria (CES). Son instituciones que tienen realidades diversas, pero en las que se concentra la mayor población, tanto estudiantil como de trabajadores, es en Montevideo, Canelones, Maldonado y San José. En los demás departamentos la realidad es distinta por las dinámicas de mayor cohesión social; son zonas menos pobladas, entre otras características.
Es en varios establecimientos de estos departamentos más poblados en donde se viven cotidianamente situaciones que llevarían a pensar y reflexionar en profundidad sobre lo que allí sucede. Los trabajadores docentes y no docentes estamos tan acostumbrados que naturalizamos situaciones de violencia que no deberían suceder.
Los establecimientos educativos deberían poner en juego saberes en un clima de acuerdos mínimos que llevaran al respeto de todos los integrantes de la comunidad educativa. Desde marzo de 2020 la situación de irritabilidad social se profundizó, pero para ser honestos intelectualmente –especialmente si pretendemos cambiar esta situación–, tenemos que decir que no es exclusivo de este período de gobierno. ¿Cómo va a ser exclusivo si es un fenómeno social que tiene múltiples causas?
Tampoco son dinámicas exclusivas de nuestro país. En buena parte de la región y del mundo hay o existen instituciones educativas “complejas”, con explosiones de violencia.
Hace unos días, Héctor Florit planteaba que las escuelas de tiempo completo públicas no deberían ser exclusivas para los sectores populares. En teoría es totalmente compartible esa idea. Ahora bien, en los hechos las escuelas públicas de tiempo completo casi en su totalidad están ubicadas en los barrios empobrecidos, los que más sufren un sistema que se vuelve cada día más injusto y desigual (en este caso sí desde marzo de 2020).
Esto es similar a lo que sucede con las instituciones de CES y UTU “complejas”. Nilia Viscardi y otros plasmaron en una investigación académica1 lo que viven los estudiantes de algunas zonas vulnerables de Montevideo, tanto para llegar al centro educativo como en dichos barrios. En esas zonas las dinámicas de sociabilidad son parte de los establecimientos educativos, es decir, no hay un corte, no hay un adentro y un afuera. Muchas veces lo cotidiano es la violencia simbólica, verbal y física.
Muchas veces los jóvenes que concurren a estos centros fueron violentados por un sistema socioeconómico que siempre está ofreciendo nuevos objetos de consumo que son inalcanzables para la mayor parte de la población. Esa dinámica permea y es parte de toda la sociedad y de las instituciones educativas que la conforman. Al mismo tiempo, varios jóvenes llegan con hambre a estas instituciones; esto también fue demostrado con estudios del Programa Integral Metropolitano (PIM) en Bella Italia y Punta de Rieles, pero se podría extender a otras zonas del área metropolitana. No es sencillo hacer estas investigaciones en medio de grandes recortes de presupuesto en la educación (incluida la extensión universitaria, en cuyo marco por lo general se llevan adelante estas pesquisas).
En esta realidad compleja de zonas pauperizadas y disputadas por bandas criminales, en donde muchos jóvenes tienen miedo de circular, es que se deben pensar y proponer espacios de convivencia protectores y de cuidados.
El capitalismo en la actualidad está desarrollando en nuestra región una nueva fase de acumulación a través del tráfico de drogas ilegales. Para eso utiliza poblaciones que en su mayoría no tienen ni han tenido un sustento estable en su vida. Es la población “sobrante” que en distintas etapas de la historia se encuentra presente, la vieja “carne de cañón” de los ejércitos del siglo XIX o del “ejército de reserva” en la época industrial.
¿Cómo hacer para que esta población mantenga una relación con el conocimiento que se brinda en las instituciones educativas de forma significativa? ¿Alcanza con lo que se hace en estas instituciones educativas, con los siempre escasos recursos materiales? ¿Qué se puede hacer con aquellos que no logran comprender la importancia y la dinámica de los centros educativos? Los partidos políticos que están en competencia electoral ¿tienen propuestas para resolver estos problemas?, ¿van a apoyar y a acordar con quienes están todos los días poniendo el cuerpo y su salud mental en estos lugares?
Además de estos problemas cotidianos, hay otro que es central: ¿cómo cuidamos a los trabajadores docentes de no caer en la frustración, en la “cabeza quemada” por tener que sostener estas situaciones difíciles de sobrellevar?
En este caso los trabajadores docentes de la educación además se ven sometidos a la presión de las autoridades políticas de turno (esta administración quedará en la peor historia, superada por la época dictatorial2), cuerpo inspectivo y directores que muchas veces reproducen una lógica autoritaria y verticalista que, lejos de propiciar ambientes laborales saludables, inhabilitan espacios de diálogo y reflexión, generando el malestar institucional que termina incidiendo en la salud por ambientes laborales nocivos.
En esta misma línea hay otro punto a repensar y a proponer: la formación permanente de los docentes. Hoy estas dos bombas pequeñitas que son el CES y UTU no tienen prácticamente en cuenta cuando un docente se forma y produce conocimiento. Para el sistema da lo mismo que los docentes continúen formándose y profundizando en su área (sea disciplinar o general), que haga publicaciones o forme parte de encuentros académicos. Por ejemplo, la semana de setiembre, en la que diversas asociaciones de profesores llevan a cabo sus respectivos congresos y encuentros, las actividades curriculares impiden la participación de los docentes. Desde la administración hay indiferencia hacia quienes continúan su formación y no se les permite justificar la inasistencia, cuando todo esto se vería volcado en enriquecer la actividad del aula y de la institución educativa toda. Esto desprofesionaliza la tarea docente, desvalorizándola aún más ante la sociedad.
Como planteaba Henry Giroux, en su obra La educación y la crisis del valor de lo público, de 2012, en la actualidad hay una desvalorización generalizada a cierto tipo de conocimiento. Lo que se promueve es todo lo relacionado con la tecnología informática (en la utopía de que es la solución para todo) y se dejan de lado las cuestiones humanísticas que nos pueden permitir pensar como sociedad y no ser únicamente seres de consumo. En cierta manera, al amputar las posibilidades de reflexión se profundiza el sinsentido de lo que vivimos a diario.
En esta realidad compleja de zonas pauperizadas y disputadas por bandas criminales, en donde muchos jóvenes tienen miedo de circular, es que se deben pensar y proponer espacios de convivencia protectores y de cuidados para adolescentes que no pueden desarrollarse plenamente porque sus derechos son arrasados por el sistema desde que nacen. También para que los trabajadores logren desarrollar conocimiento y puedan tener tiempo y espacios dentro de su horario laboral y como parte de sus tareas para reflexionar sobre sus prácticas.
Un proyecto político distinto del actual y de izquierda debería diseñarse y pensarse para expandir las posibilidades de estos jóvenes y también de quienes trabajan con ellos a diario. Esto implica mayores recursos económicos, pero también de creatividad y flexibilidad para crear nuevas realidades que quiebren la inercia actual que impuso la transformación burocrática.
Héctor Altamirano es docente de Historia.