Confieso –con total honestidad intelectual– que no me gustan, en general, las frases cortas de nuestro presidente, y tampoco su falta de fundamentos. Estas se formulan en ruedas de prensa improvisadas a raíz de su presencia en muchas inauguraciones (o reinauguraciones) o en los casos en los que le preguntan sobre problemas de los que no puede o sabe contestar nada.
Son de tipo campero, con lugares comunes y sin explicación alguna. ¿Será marketing de comunicación de su asesor, que no logro comprender?
Pero hay excepciones, y en este caso se dio, y comparto la fenomenal frase pronunciada el miércoles 31 de julio en Rocha, en la que, cuestionando al régimen venezolano, expresó: “Lo que es increíble es cómo el poder puede cegar tanto a alguien”. Una frase contundente, con contenido y con abundante respaldo histórico contemporáneo.
Los uruguayos nos preguntamos, repetidas veces, sobre algunas decisiones del gobierno, que no se explican adecuadamente, y cuyos motivos pueden desprenderse del ejercicio abusivo del poder. Algunos han creído que esto es fruto de una terapia del presidente, que con buen ánimo encontró su patología política principal, pero no me parece comprobable. Algunos ejemplos, tan sólo ejemplos, en forma resumida:
¿Cómo es posible que un presidente de origen democrático y antes de terminar el primer año de su mandato haga –por decreto– un acuerdo con un consorcio belga para entregar la única terminal especializada del puerto de Montevideo hasta 2081 en forma monopólica?
Nadie ignora que esto viola la Constitución (monopolio privado sin ley especial) y las leyes del puerto y la competencia que proclaman el principio superliberal de la libre concurrencia de operadores, y que no existió pronunciamiento del directorio de la Administración Nacional de Puertos.
¿Cómo es posible que el presidente de la República designe como jefe de su custodia personal y familiar a una persona con antecedentes éticos y judiciales que lo hacen impresentable? Para ello (la seguridad), le otorga una oficina en el cuarto piso de la casa presidencial, donde la Justicia determinó que operaba una asociación para delinquir que conseguía pasaportes falsos, era facilitador de licitaciones y encuentros de alto rango y todo tipo de tráfico de influencias. No se sabía nada...
¿Cómo es posible que la causa judicial que dio lugar al hecho anterior finalizara con un sugestivo juicio abreviado, que dejó de lado la investigación del 80% de los hechos denunciados, incluyendo el celular del presidente? Ello se logró con una fiscal que era militante de su partido.
¿Cómo es posible que el principal senador de su grupo político y de su partido haya tenido actividad frecuente de abuso de menores y que fuera capaz –con la complicidad de autoridades estatales– de tratar de urdir una maniobra para engañar a la Justicia y a la opinión pública? Lo miró a los ojos y le creyó...
Los uruguayos nos preguntamos, repetidas veces, sobre algunas decisiones del gobierno, que no se explican adecuadamente, y cuyos motivos pueden desprenderse del ejercicio abusivo del poder.
¿Cómo es posible que, pese a la prohibición de tres decretos sucesivos del Poder Ejecutivo, un pasaporte fuera autorizado y viajara a la cárcel de Dubái para lograr la liberación de un traficante pesado y peligroso? No es necesario recordar que los tres decretos mencionados establecen la prohibición de tramitar pasaportes sin la comparecencia personal del interesado.
Este turbio e ilegal procedimiento costó varias cabezas policiales y ministeriales, y de asesores del Poder Ejecutivo. Pero el presidente afirmó una y otra vez que “teníamos que entregar el pasaporte”, porque era “ajustado a derecho”. Esto debe tener otra explicación, porque un egresado de Derecho de la universidad privada no puede sostener esa afirmación; se trata de un vínculo que debe investigarse a fondo, ya que el narcotráfico –según el Ministerio del Interior actual– es el principal flagelo de la sociedad.
¿Cómo es posible que el presidente apoye y promueva la privatización de una parte del abastecimiento del agua potable en la zona metropolitana? Esto colide con el artículo 47 de la Constitución de la República y con el Código de Aguas (Ley 18.610) y no tiene informes previos de impacto ambiental. Estas cosas llenan de suspicacia al pueblo uruguayo.
Agrego, además, que recientemente el presidente se mostró preocupado por el déficit financiero –sin precedentes– del órgano estatal que gestiona el agua, que no prestigia para nada a los directores de la mayoría.
¿Cómo es posible que el presidente de su partido haya renunciado por sus vínculos con fiscales, con llamadas a sus celulares personales, aconsejando la toma de causas? No es honorable el silencio del presidente de la República. ¿Existe denuncia penal? Estos son sólo algunos ejemplos contemporáneos. No nos olvidamos de otros hechos, graves y violatorios de las instituciones, que han desprestigiado al país, pero el espacio de un periódico tiene limitaciones.
Recuerdo que, siendo estudiante, me quedó grabada una frase de Cicerón: “El que no conoce la historia toda su vida será un niño”. Tal justa afirmación nos lleva a interpretar los acontecimientos políticos en un contexto histórico determinado, a no acusar a otros cuando la casa no está limpia y a no ponerse como gendarme de la transparencia cuando no se la cultiva.
Los mejores antídotos para esta labor están en el ejercicio del poder ajustado al Estado de derecho, no personal sino participativo, con aliados que no guarden silencio amarrados a sus cargos, y con gran cuota de modestia intelectual. La honestidad va de suyo.
Pero, en conclusión, esta frase del presidente merece compartirse: “Lo que es increíble es cómo el poder puede cegar tanto a alguien”.
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.