Partidos políticos y democracia

El sistema político uruguayo enfrenta un gran desafío: profundizar la democracia dentro de las estructuras partidarias y hacia el conjunto de la sociedad, que cada día expresa un mayor multiculturalismo.

Históricamente, los criterios para la elaboración de las listas en los partidos políticos han estado vinculados a la demanda por parte de los partidos y a la oferta por parte del electorado.

El reconocimiento a la trayectoria de un/a ciudadano/a es una variable que influye de manera significativa a la hora de diseñar una lista de candidaturas a cargos legislativos y ejecutivos. Se expresa por los años de militancia, la lealtad al sector político, el desempeño en cargos asumidos en representación de este, el peso simbólico que presenta hacia la interna y hacia fuera de la organización política.

Las cualidades personales también son valoradas de manera importante, así como la formación profesional, las especializaciones y los conocimientos en la tarea para la cual será potencialmente elegido/a; la capacidad de relacionamiento con equipos de trabajo, la negociación y convocatoria, el carisma para la oratoria y la llegada efectiva a la gente.

El capital político hace referencia a los lazos personales, familiares, amistades con otros sectores del partido y con grupos de interés dentro de este, fundamentalmente con los movimientos sociales. La representatividad social es imperativa cuando se trata de incursionar con el discurso y las acciones en sociedades con diversidad demográfica, étnica, de género, social, económica, religiosa.

Los aportes directos a las campañas electorales pueden dividirse en dos categorías. La primera es la captación de votos, siendo el liderazgo social, interno, sindical, gremial y la visibilidad pública determinantes ineludibles para lograr dicho objetivo. La otra categoría es la económica, que incluye el aporte de fondos para financiar las elecciones internas, nacionales y departamentales de acuerdo a la dinámica de nuestro sistema en la actualidad.

Una de las características que presenta nuestro escenario electoral es la lista cerrada y bloqueada. Se puede votar una lista cuyos nombres y orden han sido designados con anterioridad por los distintos sectores partidarios, según la combinación de criterios que estos definan. La ciudadanía elige entre un abanico de listas ya confeccionadas, por lo tanto no puede cambiar el orden en que aparecen las personas con posibilidades de ser electas.

El lugar en que aparece la persona que se candidatea a determinado cargo es fundamental para las probabilidades que tiene de salir electo, considerando, además, las características del padrón electoral en cuestión.

Leyes que promueven equidad –como las que incorporan cuotas para garantizar la participación real de las mujeres en ámbitos de decisión política partidaria– generan polémica y una necesaria reflexión con relación a la calidad de la democracia en los últimos 100 años de Uruguay.

El batllismo fue pionero en la implementación de este tipo de herramientas, atenuantes de desigualdades en oportunidades para las mujeres, que por ejemplo querían trabajar en la administración pública, a inicios de 1900. Luego se habilitaron mecanismos para que las mujeres pudieran acceder a la educación terciaria, al voto y a ser electas (1938), a divorciarse, en definitiva, a ser sujetos de derechos, ya que hasta mediados del siglo XX no lo eran en su totalidad.

Este rezago histórico, que determina el no ejercicio de derechos civiles y cívicos por parte de las mujeres –a pesar del artículo 8 de la Constitución de 1830, que establece que nos diferenciamos por nuestros talentos y virtudes–, explica en gran parte la realidad que actualmente tenemos en el Parlamento, evidenciando un bajo porcentaje de mujeres a pesar de conformar casi el 54% de la sociedad uruguaya.

Los talentos y virtudes nos diferencian justamente si tenemos garantizada la igualdad de oportunidades para desarrollarlos y potenciarlos.

Durante más de 100 años, con el artículo 8 vigente, las mujeres no pudieron hacerlo, y aun hoy hay argumentos de inconstitucionalidad contra los mecanismos de acciones afirmativas; evidentemente, las leyes, así como la Constitución, no garantizan una efectiva implementación de lo promovido por ellas, y es responsabilidad de todos que así suceda, más aún de quienes nos decimos ser batllistas.

Las cuotas son utilizadas en las universidades, en la administración pública, en ámbitos políticos, en las estructuras partidarias para estimular a los jóvenes a participar y estar en espacios de decisión, porque los cambios culturales deberían habilitar la inclusión de todos los actores sociales en tiempo y forma.

Mientras tanto, debemos proponer alternativas que expresen nuestro compromiso indiscutido con el fortalecimiento de la democracia, debemos trabajar en la idea de cambiar el sistema electoral uruguayo, con listas abiertas, por ejemplo; con criterios paritarios para espacios de decisión, etcétera. Cuando exista voluntad política, se podrá avanzar en dichos cambios, que sólo podremos consolidar si lo hacemos entre todos, hombres y mujeres, con espíritu republicano y liberal.

Diseñar propuestas que cubran las demandas del electorado en cuestión será una tarea que a los partidos políticos les significará un profundo revisionismo de históricos hábitos y viejas costumbres. Y desafiando principios matemáticos… el orden de los factores necesariamente altera el producto.

El batllismo debe seguir impulsando batllismo en el siglo XXI, en un tiempo en que la imagen, la inmediatez y el individualismo interpelan los proyectos colectivos, los programas con contenidos y su sostenibilidad temporal, lo que constituye sin lugar a dudas un compromiso ético con la ciudadanía toda y no meramente electoral.

Andrea Maddalena fue prosecretaria nacional de Políticas de Género del Partido Colorado (2010-2021), directora de Descentralización de Inmujeres (Mides, 2021-2023) y es referente de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay (1992-2024).