Rendición de Cuentas sin segundo piso

La Cámara de Diputados acaba de tratar la última Rendición de Cuentas de este gobierno, y a la hora de comunicar qué se discutió allí, es difícil no caer en repeticiones y que la ciudadanía perciba una discusión estéril entre dos posturas políticas que no se escuchan entre sí. Nada peor para la democracia que el hecho de que los ciudadanos sientan que las discusiones políticas no tienen nada que ver con sus problemas cotidianos. Son las personas que se declaran desinteresadas en la política las que terminan siendo la base de apoyo de los Milei, los Bolsonaro o los Trump, personajes más propios de un programa de chismes de la tarde que del quehacer público.

Hemos optado, entonces, no sólo por comunicar que el déficit fiscal no disminuyó tal como prometieron en la campaña de 2019 –déficit que en aquel momento se pintó como un abismo por los miembros de la coalición–, sino que intentaremos explicar cómo el gasto realizado ha beneficiado a muy pocos, lo que va unido al no cumplimiento de la normativa vigente en materia de compras y contrataciones.

No sólo no disminuyeron el déficit, y la deuda del Estado que se registra como tal creció, sino que además han proliferado contratos que no quedan registrados ahora como deuda, pero que son obligaciones que los gobiernos que vienen deberán pagar indefectiblemente.

Nos referimos a contratos como los que ha multiplicado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), por ejemplo. Muchas de la rutas construidas en este período se ejecutaron en principio con inversión privada, pero el contrato asume un pago de canon que retribuye el dinero invertido, las ganancias empresariales, y un monto significativo de intereses, que se pagarán mediante la emisión de certificados irrevocables de pago, avalados por el Estado, en diez años contados a partir de la finalización de la obra. Se estima que este tipo de contratos, conocidos como Cremaf, que puede traducirse como “Contrato de construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento”, más otras figuras de contratos similares, consumirán un monto equivalente al 2% del producto interno bruto (PIB). Cuando se declara que el déficit fiscal es de 4,5% del PIB, estos dos puntos adicionales, de contratos “heterodoxos”, por llamarlos de alguna forma, no están considerados.

Pero dijimos que no queríamos repetir los conceptos que más habitualmente se escuchan en estas instancias, sino tratar de exponer otros. Queremos centrarnos en cómo el exceso de gasto benefició a muy pocos, y eso nos introduce en el cómo se controló (o se descontroló).

Haciendo una lista no taxativa, podemos afirmar que las leyes que rigen al Estado en materia de compras tratan de que exista verdadera competencia entre las ofertas de proveedores, que ninguna empresa cuente con información proporcionada desde dentro del propio Estado, otorgando algún tipo de ventaja, y en general se imponen mecanismos que traten de asegurar precios convenientes.

El Tribunal de Cuentas (TC) es un organismo independiente de los demás poderes del Estado cuyo rol es verificar si en cada contrato o compra se siguieron las normas y principios que acabamos de mencionar, entre otros. En 2017, cuando tras un acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria se decidió la integración de la dirección del TC, se nombraron tres miembros por el oficialismo, tres por la oposición, y la presidencia quedó a cargo de la contadora Susana Díaz, apoyada por oficialismo y oposición como “neutral”. Pero durante este peíodo de gobierno Díaz renunció y la dirección pasó a estar integrada por su suplente, un contador del Partido Nacional, que se había desempeñado en la Intendencia de San José de Juan Chiruchi.

Roto el equilibrio en la integración del TC, comenzaron a repetirse las votaciones por cuatro votos contra tres, con los tres miembros del Frente Amplio (FA) en minoría, fundamentando su voto en que se incurría en gruesos apartamientos de la legalidad vigente, y los cuatro miembros del oficialismo actuando como una mayoría automática que ha dejado pasar sin observación asuntos que van contra toda la historia de actuación del TC.

Vamos a compartir algunos ejemplos que ilustren lo que venimos diciendo:

1) Subasta de espectro 5G por parte de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec). Se fijó un precio base, que hasta los propios funcionarios que debieron intervenir en el trámite plantearon que no se sostenía en criterios claros, y por lo tanto podría ser atacado por arbitrario. Además se fijaron condiciones que permitían la participación, o no, de las empresas interesadas, y estas condiciones fueron: a) ya estar operando sistemas de telefonía móvil en nuestro país, o b) tener experiencia anterior en países latinoamericanos o europeos, y un monto mínimo de facturación anual. Así las cosas, la condición a) parece dedicada para Claro y Movistar. Y la condición b) fue cuestionada debido a, por un lado, que el monto anual de facturación exigido no respondía a criterios transparentes, y la exclusión de competidores asiáticos (por ejemplo) de un plumazo sólo puede entenderse por la determinación previa de no sumarles competencia a las dos compañías privadas ya presentes en el mercado. Con varios informes advirtiendo estos problemas, redactados por los funcionarios técnicos que intervinieron en el trámite, el TC, por cuatro votos contra tres, decidió que no cabía ninguna observación al proceso.

2) La renovación del contrato de Movistar por 20 años para operar el servicio de telefonía móvil que ya venía desarrollando. En este caso, el contrato ya había vencido, y lo que hubiera correspondido era abrir un proceso competitivo sobre el espectro de frecuencia que Movistar venía utilizando. Pero, al parecer, el de competencia es sólo un concepto teórico que calza bien en los discursos, pero se esfuma cuando más se lo necesita. En resumen, se favoreció a Movistar, sin ningún procedimiento competitivo ajustado a derecho, por 20 años y por la suma de seis millones de dólares.

3) El trámite de las dos iniciativas privadas aceptadas por OSE. Una de ellas, para construir el proyecto Neptuno/Arazatí, y la otra, la iniciativa mal llamada Universalización de Saneamiento. Las observaciones de la minoría del FA fueron muchas y bien fundadas, lo que no fue obstáculo para que la mayoría considerara ambos trámites sin observaciones. De todas las observaciones recibidas, vamos a referirnos sólo a una que además se repite en ambos casos: nos referimos a “la ausencia de análisis exhaustivo de eventual posición privilegiada”. Bajo el anterior título se refirieron los ministros por el FA en el TC al hecho de que las empresas consorciadas que presentaron las iniciativas tenían conexión comercial con dos consultoras (CSI y Seinco), que habían trabajado en varias ocasiones, contratadas por OSE, para analizar las alternativas de provisión de agua potable para el sistema metropolitano (objetivo que se supone que cubre el Proyecto Neptuno); del mismo modo, estas consultoras habían participado en varios estudios y planes directores sobre los sistemas de provisión de saneamiento en el interior del país.

El informe en minoría establece que las consultoras Seinco y CSI ostentan relación con Fast y Ciemsa, respectivamente, ambas empresas integran los consorcios que presentaron las iniciativas ya referidas ante el Poder Ejecutivo y OSE.

Habiendo sido contratadas tantas veces por OSE para estudiar los temas que finalmente encaran las iniciativas presentadas, sin dudas contaban con información privilegiada para presentarlas, realizar los estudios de factibilidad y, finalmente, presentar sus ofertas a la licitación. No haber hecho valer estos antecedentes en defensa de la administración es uno de los tantos fallos que tuvieron estas iniciativas, y qué tan caras nos van a costar.

Hasta aquí los ejemplos con los que tratamos de ilustrar que no es posible la buena administración de los dineros públicos sin el correcto funcionamiento de los mecanismos de contralor. Cuando en estos días el candidato Álvaro Delgado presentaba a su equipo económico, con los mismos integrantes que prohijaron todo este saqueo, cabe cuestionarse qué clase de segundo piso nos prometen.

Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.