Marta, una profesora de secundaria en un liceo de Montevideo, ha experimentado un desgaste progresivo en su salud mental durante el último año escolar. A lo largo de este período, ha tomado varias licencias médicas debido a síntomas que inicialmente parecían inespecíficos y difíciles de diagnosticar. A pesar de haber consultado con múltiples médicos y haberse sometido a numerosos estudios, los resultados de los exámenes no indicaban ningún problema físico claro que explicara su malestar.
Con el tiempo, Marta comenzó a sentir una profunda falta de motivación para continuar con su trabajo, una sensación de desinterés por las tareas que antes encontraba satisfactorias, y una creciente dificultad para enfrentar las demandas cotidianas de su vida personal y profesional. Finalmente, después de meses de incertidumbre y deterioro, Marta fue diagnosticada con síndrome de burnout (también conocido como síndrome de “quemarse por el trabajo”).
El diagnóstico fue un alivio parcial, pues al menos ahora tenía un nombre para su malestar. Sin embargo, las consecuencias de su condición seguían siendo graves. Las ausencias frecuentes no sólo afectaban su bienestar emocional y la estabilidad económica de su familia, sino que también generaban un impacto negativo en el centro educativo. El colegio debía recurrir repetidamente a docentes suplentes, lo cual creaba discontinuidad en las clases y afectaba el rendimiento académico de los alumnos.
Además, Marta vivía con el estrés adicional de saber que sus licencias y las dificultades del colegio para encontrar reemplazos adecuados estaban generando una sobrecarga de trabajo para sus colegas, quienes debían asumir tareas adicionales en su ausencia.
Relación entre la salud mental y el empleo
La frase de Bernardino Ramazzini (1633-1714) “dime dónde trabajas y te diré qué padeces” sigue siendo relevante hoy en día. El trabajo, lejos de ser un mero medio para subsistir, tiene un profundo impacto en nuestra salud, tanto física como mental. Un empleo de calidad, que ofrece oportunidades de desarrollo, autonomía y reconocimiento, puede mejorar significativamente nuestro bienestar. Por el contrario, condiciones laborales precarias, la sobrecarga de trabajo, la inseguridad laboral, bajo nivel de reconocimiento o el acoso laboral, pueden desencadenar estrés crónico, ansiedad y depresión.
Los trastornos mentales, a su vez, dificultan la inserción laboral y aumentan el riesgo de desempleo. Esta situación crea un círculo vicioso, ya que la falta de empleo puede agravar los problemas de salud mental, mientras que los trastornos mentales dificultan encontrar y mantener un trabajo. Las consecuencias de esta problemática trascienden el ámbito individual, afectando la productividad económica, la cohesión social y el bienestar general de la población.
El debate social sobre la salud mental en Uruguay ha cobrado una relevancia innegable en los últimos tiempos fruto de la campaña electoral. Si bien esta mayor visibilidad es positiva para el abordaje del problema, es fundamental que luego esto se traduzca en acciones concretas que lleven a la mejora, y estas deberían basarse en datos rigurosos sobre el problema y sus causas.
Situación de la salud mental a nivel mundial y en Uruguay
Si bien en 1946 la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, a lo largo del tiempo la atención a la salud mental ha tenido un rezago con relación a otros problemas de salud. Esta ha tomado relevancia en esta etapa actual, denominada “era pospandemia”, ya que las cifras de prevalencia de problemas de salud mental a nivel mundial han aumentado considerablemente.
Pero el problema no es nuevo; antes incluso de la pandemia la OMS ya indicaba que el 15% de los adultos en edad laboral padecían algún trastorno mental, aspecto para nada despreciable. A la fecha, según la misma organización, la depresión y la ansiedad han incrementado en un 25% a nivel global, lo que refleja una crisis en expansión. Además, se señala que existe una previsión de que a 2030 la depresión sea la principal causa de ausentismo del trabajo en el mundo.
Para nuestro país, dimensionar la situación actual con relación a los problemas de salud mental es casi imposible debido a la falta de datos, como puede ser la cantidad de consultas, prevalencia de trastornos mentales y otras estadísticas relevantes en el Sistema Nacional de Salud. Esta carencia es además limitante para la implementación de políticas públicas efectivas y sostenibles a largo plazo para abordar el problema de manera efectiva. Las acciones pasan a ser reactivas en lugar de actuar desde la prevención.
Uno de los pocos datos disponibles con relación a los problemas de salud mental es la prevalencia de suicidios, el cual podría considerarse una manifestación extrema de trastornos mentales no tratados. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), nuestro país tiene una de las tasas de suicidios más altas del continente, quedando en un tercer lugar en este ranking. En 2022, se registraron 823 suicidios y en 2023 fueron 763, esto constituye una tasa de 21,3 suicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que más que duplica la tasa regional, que es de nueve por cada 100.000 habitantes. Además, esta tasa de suicidios es más del doble que la actual tasa de homicidios de nuestro país, que está ubicada en 11,2 por cada 100.000 habitantes, por lo cual parecería ser un problema de salud pública de primer orden si atendemos esta cifra.
Costos y problemas que acarrean los trastornos mentales en el trabajo en Uruguay
Como señalábamos, salud mental y trabajo son fenómenos indisociables. Los problemas de salud mental que padecen los trabajadores acarrean situaciones adversas y costos para las personas mismas, así como a sus familias, las empresas e incluso los países (en Uruguay esto se amplifica con relación a otros países, ya que nuestro sistema de salud supone una cobertura solidaria para la atención, así como también los subsidios otorgados a los trabajadores que se ausentan temporalmente de su actividad laboral).
La OMS estima que a nivel mundial cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, a un costo de un billón de dólares por año en pérdida de productividad.
Pero ¿cuál es la situación en Uruguay de subsidios otorgados por “trastornos mentales” a través del Banco de Previsión Social (BPS)?
Mediante una solicitud al BPS de acceso a la información pública, al amparo de la Ley 18.381, obtuvimos la información de los subsidios por enfermedad otorgados a trabajadores en el período enero 2021-julio 2024.
Tomando en cuenta este primer semestre de 2024, los subsidios por trastornos mentales, es decir aquellos vinculados con problemas en la salud mental, fueron 48.667 y ocupan el tercer lugar con relación a la cantidad de subsidios totales otorgados por el BPS. En primer lugar están los subsidios por enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, aquí se encuentran por ejemplo los dolores lumbares, tendinitis, dolor cervical (66.221 subsidios), y en segundo lugar los traumatismos (57.786 subsidios).
Los trastornos mentales presentan un aumento constante en las solicitudes de subsidios. Entre 2021 y 2023 se observó un crecimiento sostenido, con incrementos del 26% en 2022 y 14% en 2023 con respecto al año anterior. Extrapolando esta tendencia, se estima que en 2024 se podría registrar un aumento adicional del 10%.
Existe una particularidad con relación a los subsidios por trastornos mentales: su duración suele ser considerablemente mayor. Por ejemplo, en 2024, el 36% de estos subsidios superaron los 60 días. En contraste, los subsidios por enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, por mencionar un ejemplo, tuvieron una duración menor a diez días en el 48% de los casos.
En resumen, aunque los trastornos mentales no son la causa más frecuente de solicitudes de subsidios a la fecha, sí son los que generan un mayor número de días de ausencia laboral. Además, este rango de “60 días o más” de subsidios por trastornos mentales muestra el crecimiento más significativo. A inicios de 2021, este grupo representaba 2.129 casos y en junio de 2024 alcanzó 4.085 casos, casi el doble, lo que indica que los trabajadores que requieren subsidios prolongados por trastornos mentales han aumentado de forma significativa. El rango de 60 días o más es el que más contribuye al crecimiento de los subsidios en el período 2021-2024, reflejando la creciente duración de las ausencias por trastornos mentales en el trabajo.
Si nos focalizamos en los meses, encontramos que en invierno (junio a agosto) se observa un incremento sostenido en los subsidios por trastornos mentales. Por ejemplo, en junio de 2021 hubo un fuerte aumento respecto a los meses anteriores, alcanzando 5.086 casos, mientras que en agosto de 2021 el número continuó subiendo a 5.798. Un patrón similar se repite en junio-agosto de 2022 (de 6.000 a 6.710), en junio-agosto de 2023 (de 7.259 a 7.375) y nuevamente en junio de 2024, con 8.164 casos. Estos aumentos podrían estar relacionados con factores climáticos (el invierno puede agravar problemas de salud mental) o bien puede vincularse con ciclos laborales con mayores niveles de estrés o fatiga en la mitad del año.
Ahora bien, un problema es que no sabemos cuántos de estos subsidios otorgados por trastornos mentales pueden estar relacionados con la actividad laboral propiamente. Uruguay ha sido de los pocos países que a la fecha no han aprobado la actualización de la lista de enfermedades brindada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010, la que incluía los “trastornos mentales y del comportamiento” dentro de las enfermedades profesionales. En el Decreto 210/011 se señalaba que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo plantea que: “No están dadas las condiciones desde el punto de vista técnico para determinar fehacientemente la relación causal entre la enfermedad y el trabajo, por lo que se excluyen por el momento y sin perjuicio la incorporación de las mismas”. Esto acarrea un problema de cobertura por una parte, ya que los trabajadores que pueden estar padeciendo trastornos mentales vinculados con su trabajo reciben un subsidio parcial y no del 100% como sucede ante enfermedades profesionales, pero esto además impide la detección de riesgos en el ambiente laboral que puedan ser abordados de forma efectiva. Por ejemplo, el burnout es reconocido desde 2022 por la OMS como una enfermedad profesional y esta pauta ha sido tomada por muchos países. Sabemos que la prevalencia de este síndrome es particularmente alta en personal de la salud, docentes y otras profesiones de servicios. Por ejemplo, un estudio del Instituto Nacional de Evaluación en Educación de 2019 sobre salud ocupacional docente da cuenta de que en nuestro país, en esa fecha anterior a la pandemia, un 9% de los docentes padecían este síndrome.
Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que estamos actuando de manera tardía en la atención de los problemas de salud, especialmente en lo que respecta a la salud mental. La intervención se ha centrado principalmente en un nivel terciario, es decir, cuando la enfermedad ya está presente. Si analizamos las últimas acciones implementadas, la prevención ha estado enfocada fundamentalmente en el suicidio, dejando de lado la atención temprana a los problemas de salud mental. En contraste, países como Colombia, Chile y México ya han establecido normativas específicas para la evaluación y gestión de los riesgos psicosociales, que a menudo son precursores de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo.
En 2022, la OIT y la OMS hicieron un llamado conjunto a países y organizaciones –sindicatos, asociaciones empresariales, entre otros– para que adopten medidas dirigidas a la prevención de los problemas de salud mental en el ámbito laboral. La OMS, por ejemplo, sugiere capacitar a los directivos para que puedan prevenir entornos laborales estresantes y brindar una respuesta adecuada a los trabajadores que sufren de estrés o malestar, como una estrategia eficaz. Este es el camino hacia el desarrollo de una sociedad más saludable y la prevención efectiva. Sin embargo, mientras no comprendamos plenamente la magnitud del problema actual, será difícil coordinar esfuerzos e invertir adecuadamente en prevención para la población, lo que podría derivar en que estos resultados adversos continúen aumentando cada año. Es fundamental que la discusión en la campaña actual incluya estos desafíos.
Javier Labarthe Carrara es doctor en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas de Bienestar Social por la Universidad Jaume I.