¿Qué oportunidades tienen hoy los jóvenes que transitan por el Inisa?

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) es el organismo encargado de proporcionar proyectos y oportunidades de inserción social a los y las jóvenes que deben cumplir una medida privativa o no privativa de libertad. Desde las administraciones anteriores la institución viene suscribiendo una multiplicidad de convenios con otros organismos y empresas para cumplir con estos objetivos.

Sin embargo, las acciones que se venían desarrollando se han visto estancadas y no están teniendo los resultados esperados. A modo de ejemplo, la institución tiene convenios con educación secundaria y UTU. A través de ellos, las profesoras y los profesores de educación formal dictan clases dentro de las instalaciones del Inisa. Sin embargo, los datos del último informe del Observatorio del Inisa dan cuenta de que las horas de educación secundaria diaria que reciben los adolescentes promedian la media hora, con algunas escasas excepciones en centros de mayor convivencia.

Actualmente, la educación tiene grandes debilidades respecto de los jóvenes uruguayos y datos de la Encuesta Continua de Hogares de 2023, analizados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), dan cuenta de que el 48,4% de los jóvenes entre 21 y 23 años no tiene culminado el ciclo básico de educación media. Según expresan los expertos, se necesita de mayor acompañamiento para que este problema que afecta al desarrollo de los jóvenes pueda cambiar. Sin perjuicio de otro debate, pero no menos importante, y que en algún momento se debería abordar, referido a si la educación formal se adapta a las realidades de los y las jóvenes y si otorga oportunidades efectivas en el mundo actual imbuido en las nuevas tecnologías y los cambios en el mercado de trabajo.

En el Inisa esto se agrava por el contexto de privación de libertad y porque existen problemas de gestión en una institución donde prima la seguridad y existen muy pocos espacios para realizar actividades educativas. Incluso los espacios que existían, como la escuela en la ex Colonia Berro, hoy se encuentra inhabilitada por problemas edilicios que el Inisa no ha podido solucionar a lo largo de un año. A esto se suma el crecimiento de la población en privación de libertad, ya que existe un aumento de 50% luego de 2020, lo cual ha sido observado recientemente por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La situación de pobreza y desigualdad, que afecta principalmente a las mujeres solas con niños, niñas y adolescentes a cargo, las violencias y el narcotráfico, que toma a los sectores vulnerables como rehenes, y la ley de urgente consideración, que agravó las sanciones privativas de libertad para los y las adolescentes, han generado un escenario de aumento de adolescentes privados de libertad, sin aprobar mayores presupuestos, recursos y programas que brinden atención. Es sabido que el derecho penal es selectivo, y en forma coincidente los datos del Observatorio del Inisa dan cuenta de que las y los adolescentes que llegan al sistema, en su mayoría, provienen de territorios afectados por las desigualdades y la pobreza estructural.

Otra dificultad se ha visualizado respecto de las oportunidades de egreso de los jóvenes. Las capacidades del Inisa en cuanto a proporcionar una primera experiencia laboral y un acompañamiento posterior a la culminación de la medida judicial se han visto obstaculizadas por el retiro de varios programas del territorio que eran gestionados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Ministerio de Desarrollo Social. Es el caso de los convenios firmados en administraciones anteriores que dotaban de un acompañamiento en territorio para que los y las jóvenes una vez egresados del Inisa continuaran sus trayectorias educativas y se insertaran a un proyecto socioeducativo en comunidad (como un centro juvenil, un club deportivo, una usina cultural, un proyecto de la sociedad civil, etcétera). En este sentido, el cese de programas como Jóvenes en Red, las usinas culturales del Ministerio de Educación y Cultura o el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, han dejado un vacío respecto de las ayudas para el acompañamiento, lo que ha sido informado en reiteradas ocasiones por el Programa de Inserción Social y Comunitaria del Inisa. Si bien INJU Avanza trabaja con un programa similar, este sólo abarca las ciudades de Montevideo y Canelones, dejando desprovisto el resto del interior del país. Este acompañamiento tampoco puede ser realizado por el Inisa porque no cuenta con competencias una vez terminada la medida judicial.

Por su parte, el Inisa tiene decenas de convenios firmados con diversas instituciones públicas, a efectos de brindar a los y las jóvenes una primera experiencia laboral. Estos convenios y acciones datan de otras administraciones de gobierno. Sin embargo, datos del Programa de Inserción Comunitaria dan cuenta de que muchos de estos acuerdos no se están cumpliendo en la medida en que existen cupos vacíos. Exceptuando el caso de las intendencias de Montevideo, Salto, Canelones y las juntas departamentales de Montevideo y Canelones, así como la Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE), el resto de los organismos, por diversas causas, no incorporan jóvenes en régimen de pasantía o becas o lo hacen esporádicamente. Es así como menos del 5% obtienen una primera experiencia laboral.

Se requiere otra forma de trabajo desde el Estado para brindar oportunidades reales a las y los jóvenes. Si bien el Inisa integra un subsistema dentro del sistema de protección y promoción de derechos a las adolescencias, alberga la atención de 1.000 jóvenes que pasan anualmente por sus servicios, y son muy pocos los que realmente logran egresar con oportunidades reales de inserción social y comunitaria. Se requieren equipos técnicos que acompañen a los jóvenes impactados por las desigualdades, para lograr un sostenimiento en sus trayectorias educativas, sistemas que tengan los recursos humanos y materiales adecuados para brindar inserción social. Y espacios educativos dignos que promuevan la autonomía y el desarrollo integral.

Andrea Venosa es abogada y directora del Inisa por el Frente Amplio.