El 20 de enero dos eventos llamaron la atención. Uno, desde Washington, fue seguido por gran parte del mundo; el otro, desde Iquitos, Perú, por sus interesados. Ambas celebraciones, sin embargo, trataron y hablaron de un tema que nos interesa a todos: el futuro energético y el cambio climático.
“Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera, y tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás: la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra”, proclamó Donald Trump en el Capitolio en su discurso de investidura como presidente de Estados Unidos. El detalle es que las mayores reservas de crudo del planeta se encuentran en Venezuela, Arabia o Irán, pero no son lo que podemos llamar países manufactureros. El presidente no miente, y la presencia protagonista de Elon Musk a su lado como visir tecnológico del mundo nos recuerda, si somos curiosos, que son y serán los servidores encargados de hacer posibles las redes sociales e inteligencias artificiales los que reclamen más cantidad de energía, por encima de las industrias manufactureras. Y agua; los servidores son muy sedientos.
En mitad de la selva amazónica, esa misma mañana, el gobernador de la región de Loreto en el oriente peruano, René Chávez, reunía a alcaldes, apus y representantes de la sociedad civil para hablar del futuro de la actividad petrolera en la región. Tras 50 años de extracción de crudo, que ha tenido consecuencias fatales para los pueblos del entorno de los pozos, el encuentro promovido por el gobierno regional no discute si ese entorno natural (disputado entre conservacionistas y negacionistas del cambio climático) ha de ser protegido, sino que anuncia los proyectos de ley que se impulsarán para reactivar la actividad en todos los lotes de la región y la entrada de nuevos fondos presupuestarios para la región.
“Mi prioridad es clara: garantizar que los beneficios generados por la extracción de petróleo se traduzcan en mejoras concretas para la calidad de vida de las comunidades indígenas y de toda la población loretana”, afirmaba Ana Zegarra Saboya, congresista loretana quien en octubre del pasado año reemplazó en el cargo al fallecido parlamentario Hitler Saavedra. El problema es que durante los 50 años de historia del petróleo en la selva peruana las comunidades indígenas sólo han conocido contaminación, marginalidad y pobreza, traducida en récords estadísticos de embarazo adolescente, desnutrición infantil, transmisión de enfermedades sexuales, últimos lugares en las tablas de comprensión lectora y cálculo matemático, corrupción y un largo etcétera de índices que grafican cuáles han sido las consecuencias de vivir sobre pozos de riqueza.
Las razones por las que esto ha sido de esta manera no hay que buscarlas más allá de la lógica empresarial de la prioridad del beneficio a cualquier costa. Los primeros pasos de la actividad petrolera, la exploración sísmica, supusieron el movimiento de miles de trabajadores para abrir trocha y colocar explosivos para medir la onda expansiva y saber dónde encontrar el oro negro; no había tiempo ni interés en pensar en las consecuencias futuras para el entorno y las aguas de producción; las que están justo antes del petróleo, saladas y llenas de minerales pesados, se arrojaban en cochas (lagunas) o quebradas de las que la población pescaba y bebía, significando la muerte de niños y adultos en los 90 sin saber las causas; las tareas de mantenimiento del Oleoducto Norperuano fueron abandonadas en algún momento, teniendo como consecuencia derrames que se convertirían en sí mismos en una industria cuando la disminución del precio del petróleo aconsejó dejarlo en los pozos. Así, una larga lista de prácticas convenientes para las juntas de accionistas, pero condenatorias para la población.
Vale la pena dedicar un párrafo a los derrames. En 2014 se produjeron dos derrames especialmente trágicos por su magnitud y consecuencias, en Saramiriza y Cuninico, dos comunidades nativas de la etnia awajun y kukama, respectivamente, ambas bañadas por el río Marañón. Las imágenes difundidas por la prensa y la televisión de menores trabajando sin equipos de protección personal causaron la indignación de la sociedad y la renovación de presidencia y directorio de la empresa estatal Petroperú. En paralelo, se contrató una empresa multinacional especializada en limpieza y remediación de derrames de petróleo, y la plata volvió a fluir en el entorno del oleoducto que languidecía (y sus gerentes y profesionales), porque el bajo precio del petróleo pesado de la selva lo hacía improductivo. En un resumen muy resumido, los siguientes años se caracterizaron por el creciente número de derrames en las comunidades que tenían titulados los terrenos por los que transitaba el oleoducto, en su mayoría provocados.
Lo que yo sabía gracias a las visitas continuadas a la zona, a la confianza adquirida con los moradores a base de compartir techo, comida y bebida, lo sabía todo el mundo en la región; pero una cosa es saberlo y otra contarlo, reunir evidencias o testimonios probatorios. Existen dos documentos que señalan las claves para conocer y entender cómo funciona esta nueva modalidad de negocio en torno al petróleo en la selva. Por un lado, el informe del 2 de noviembre de 20171 de la comisión investigadora multipartidaria para establecer la responsabilidad de los derrames de petróleo, presidida por César Villanueva en el Congreso de la República, y el caso “los crudos”2, en el que la Cuarta Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, encabezada por el fiscal Jorge Chávez Cotrina, dirigió las investigaciones que derivaron en la orden de prisión preventiva contra 18 ciudadanos por la realización de dos cortes en el oleoducto para enriquecerse con las adjudicaciones de las labores de limpieza. Entre los señalados en el informe del Congreso y la carpeta de la fiscalía encontramos toda una cadena de relaciones corruptas que incluyen gerentes y trabajadores de Petroperú con alta responsabilidad en el Oleoducto Norperuano, empresarios y familiares de estos que serían los encargados de cortar el tubo.
Carlos Paredes, que fue presidente de Petroperú y lo contó al finalizar su labor en el libro La tragedia de las empresas sin dueño, pone como ejemplo de corrupción la recepción del informe mencionado en el directorio que presidía: “¿Y qué es lo que hizo Petroperú frente a este informe? Lo derivó para la investigación correspondiente a la gerencia del oleoducto”. El zorro cuidando las gallinas.
Cuestionar la extracción de petróleo en la selva no debería ser sinónimo de oponerse frontalmente y negar a las poblaciones de las comunidades afectadas la única fuente de ingresos que les queda en este momento.
En este entorno las autoridades regionales se reúnen para hablar del desarrollo y futuro que traerá la reactivación de todos los pozos que se encuentran inactivos. No sólo eso: las movilizaciones sociales de las diferentes federaciones y organizaciones indígenas traducidas en acuerdos de alto nivel con el Estado se reflejaron en el Decreto Supremo 145-2020-PCM de agosto de 2020 que adjudicaba un monto de 6.000 millones de soles (1.617 millones de dólares) durante los siguientes 30 años para invertir en el desarrollo de 25 municipalidades del circuito petrolero. Esa partida, que ha servido para pagar la construcción de algunos colegios e infraestructuras básicas en comunidades, va a ser pasible de ser apalancada, es decir, disponer de montos mayores, gracias a la aprobación del Congreso de la República en diciembre del pasado año.
Detrás de esta nueva medida legislativa se encuentra la razón por la que desde esa fecha los paros se han ido sucediendo en las cuencas petroleras; es importante en la lógica del desarrollo futuro ser reconocido como autoridad para poder disponer de capacidad para elegir las empresas que construirán ese futuro, aunque muchas de ellas ya lo hayan intentado dejando las obras a medias o terminadas, pero sin uso. Lo importante es que el dinero se mueva y lo haga en toda la escala de gobierno de la región.
Hablar y escribir de petróleo en la selva es complicado. Tras el discurso de Trump y sus primeros decretos, saliéndose del Acuerdo de París, ya sabemos que durante los próximos cuatro años al menos la prioridad no va a ser atender el futuro del planeta, la protección de sus bosques para tratar de contrarrestar la emisión de CO2 a la atmósfera, la lucha contra el cambio climático, y así podríamos seguir, al ritmo que el nuevo inquilino de la Casa Blanca regalaba rotuladores. Serán, por tanto, buenos tiempos para las industrias extractoras y los países con recursos. Pero ¿lo serán para sus poblaciones? Entender lo pequeño, como es el caso de Loreto, es acercarnos a imaginar lo grande.
Cuestionar la extracción de petróleo en la selva no debería ser sinónimo de oponerse frontalmente y negar a las poblaciones de las comunidades afectadas la única fuente de ingresos que les queda en este momento, después de que esta haya destruido las que había previamente, la pesca y la agricultura, principalmente. Durante 50 años de actividad, la voracidad empresarial y la corrupción gubernamental, a todos los niveles, han devastado la naturaleza que cubre los depósitos petroleros (más de 2.000 pasivos señalados entre los lotes 192 y 8 sin remediar) y el alma de los pueblos que la habitan. Ahora, su única esperanza es que se reactive la actividad para que vuelva el trabajo. Como este es un artículo de opinión, diré que no soy yo el que se atreva a decir que no tienen derecho a desearlo.
Lo que sí considero, dado lo que ya sabemos y los recursos que hay en juego, es que dicha actividad se haga exigiendo a las empresas responsabilidad exquisita para que ni una gota de crudo se derrame en agua o tierra; para que la población sea formada para poder realizar labores técnicas; para que una parte de los beneficios se destinen a la remediación y otra a exigir en los tribunales a los que mancharon que paguen; para que los proyectos productivos, que han sido hasta ahora la caja chica de funcionarios regionales, tengan la capacidad que se les presume, crear recursos económicos alternativos sostenibles y respetuosos con el entorno. La pregunta es, entonces, haciendo las cosas así, bien, de manera responsable y sin atajos corruptos: ¿podrán las compañías operar de manera rentable la extracción de petróleo de la selva, un petróleo de baja calidad y muy caro de extraer, en un contexto mundial en el que el flamante presidente estadounidense anuncia también una baja del precio del crudo?
Y en el mismo entorno geográfico que nos ocupa, la Amazonía peruana, si no hay ingresos extras de las “obras” y los “proyectos”, ¿sólo les quedará a los políticos el recurso de las mafias para apoyar sus campañas y rentabilizar sus “esfuerzos” una vez elegidos? Esta última es una pregunta trampa, ya está pasando.
“La ambición es el alma de una gran nación, y ahora mismo nuestra nación es más ambiciosa que ninguna otra”, aclamaba Trump. Veremos si es ambición sana, ciega o desmedida; veremos si la ambición de los reunidos en Iquitos estudiando el futuro de la región se iguala a la norteamericana o la supera. Veremos si no es ambición sino codicia, y esperemos que todo lo que rompan podamos y sepamos arreglarlo en un futuro lo más próximo posible.
Juanjo Fernández es periodista español radicado en Perú.