Señor presidente: ¿Neptuno o Titanic?

Mucho se ha hablado en estos meses sobre el proyecto Neptuno, también conocido como proyecto Arazatí. Una obra propuesta por el gobierno saliente con el objetivo de asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana.

Sin embargo, este proyecto, a pesar de haberse presentado como una iniciativa nueva, es desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica un viejo proyecto conocido por la Facultad de Ingeniería, que fue descartado durante más de 50 años por diversas razones (fundamentalmente la salinidad) que llevaron a que se realizara otro tipo de obras. Hoy, además de la intrusión salina, existen múltiples variables de contaminación a tomar en cuenta que hacen más descartable esta ubicación.

Resulta difícil de entender cómo, a pesar de la resistencia de distintas organizaciones sociales, de la academia, de los trabajadores de OSE y del gobierno electo, se mantiene la terca decisión del presidente de la República de firmar el contrato con el consorcio privado a menos de 40 días de terminar su mandato. El citado proyecto ha reunido desde distintos puntos de vista un concierto de valoraciones negativas poco comunes a cualquier obra de política pública.

En efecto, la iniciativa se ha realizado en primer lugar violando la clara y terminante normativa constitucional, al menos en tres aspectos:

1) El desconocimiento absoluto de la participación de la sociedad civil prevista en el artículo 47 de la Constitución de acuerdo a la reforma constitucional aprobada en 2004 por amplia mayoría, ya que en ningún momento se permitió participar a los diversos sectores de la sociedad en forma real, violando la exigencia de que la misma debía participar en el proyecto y la ejecución de las obras referentes al agua potable.

2) La utilización parcial de la actividad privada, violando el monopolio estatal de carácter constitucional establecido en la norma.

3) La utilización de la ley de inversiones que resulta inaplicable de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional.

Pero el problema no es solamente jurídico. Desde el punto de vista ambiental, la unanimidad de los científicos que actúan en el campo ha señalado no solamente los problemas de salinidad, sino también los riesgos biológicos para la calidad del agua y otras afectaciones al ambiente, entre los contundentes informes que se han publicado, y las reiteradas peticiones de frenar este proyecto han sido permanentemente desconocidas.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto también ha merecido numerosas objeciones, ya que los esfuerzos por dar solución al problema que el lugar por sí presenta, así como la realización de un pólder para evitar los episodios de salinidad u otros eventos, terminaron encareciendo la obra en forma importantísima y generando enfrentamiento con los vecinos y productores de la zona.

La promesa de la fuente de agua infinita resulta fatua frente a los riesgos de calidad, costo e imposibilidad de incidir sobre el control de esa fuente infinita por parte del Estado soberano.

Y además sólo alcanzaría para cubrir apenas el 30% con mucha suerte, pero además deberemos pagar un canon si no se utiliza.

Sobre todo esto se ha escrito y publicado abundante literatura, a pesar de la clara intención del gobierno de fingir demencia frente a todos estos aspectos que, ya sea individualmente o en su conjunto, demuestran la inhabilidad e inconveniencia del señalado proyecto.

Pero hay otro aspecto que pareciera no importarle al gobierno saliente, y es la situación económica y financiera en la que queda nuestra empresa estatal por más de 70 años, en tanto no se asegura el agua potable a todos los uruguayos a un precio razonable que ha sido orgullo de nuestro país en América.

La crisis hídrica del año 2023, sin perjuicio de señalar la negligencia previsional, dejó en claro que el problema del abastecimiento del agua potable en el área metropolitana era de agua bruta, o sea de materia prima para que la planta de Aguas Corrientes la pudiera potabilizar.

En ningún momento el problema ha estado en la capacidad de producción de la planta de Aguas Corrientes, sino en la falta de agua para potabilizar. Por ello, la opción que los técnicos de OSE estimaron como más lógica -y que fue ratificada por diversos estudios de la Facultad de Ingeniería- es la creación de una nueva represa en Casupá. Ese fue el plan que recibió esta administración y que en forma absolutamente negligente descartó para priorizar un proyecto totalmente cuestionado.

Podría ser discutible si Casupá hubiera evitado los problemas del 2023 al no haber estado llena en ese momento, pero no cabe duda de que hoy contaría con el agua suficiente como para alejar cualquier temor al respecto (se tomaron 55 millones de metros cúbicos por la crisis, y Casupá tendría una reserva de 180 millones). Sin embargo, seguiremos temiendo un nuevo problema hasta que no se concrete dicho proyecto. Aguas Corrientes tiene capacidad para tratar el agua para abastecer el área metropolitana y la demanda difícilmente crezca, como se ha pretendido demostrar, salvo que tengamos un millón de inmigrantes que se radiquen en esta área.

Una nueva planta de tratamiento puede ser deseable, tanto como uno puede desear tener dos autos por si uno se rompe, pero eso depende de la capacidad económica con la que se pueda contar. Puede ser razonable comprar un Tesla de respaldo por si se rompe el Mercedes, pero para eso hay que ser millonario.

Veamos entonces cuál es la realidad económica de OSE, para pagar un fastuoso proyecto de dudosa calidad y eficacia en la situación actual.

OSE tiene una rigidez de ingresos (más no puede crecer, salvo aumentando la tarifa) de aproximadamente 550 millones de dólares. Actualmente tiene una deuda de 450 millones de dólares, sin Arazatí.

Este proyecto se financiará con pagos en el entorno de 57 millones de dólares por año, durante 17,5 años; se estima un total en el período de contrato de entre 900 y 1.000 millones de dólares. A esto debe agregarse un compromiso de saneamiento por préstamos de más de 400 millones de dólares.

Por otra parte, los gastos en bienes, servicios y tercerizaciones pasaron en cinco años de 33 a 70 millones de dólares. El cálculo más optimista es que OSE estará perdiendo en los próximos cinco años un aproximado de 80 millones de dólares por año, sin tomar en cuenta que el dólar ha venido subiendo más que la inflación y que la mayor parte de la deuda es en dólares y OSE tiene ingresos en pesos.

Podríamos seguir abundando en cifras, pero la pregunta es: ¿cómo pensaron que se podía sostener esta inversión con los ingresos de OSE, si no es con el aumento brutal de tarifa o con subsidios importantes de rentas generales que en definitiva nos afectarán a todos?

¿Cómo se va a poder mantener la capacidad y la infraestructura necesaria que requiere, además, un costo de mantenimiento importante, sin incremento de los recursos humanos y mantener la eficiencia con números negativos? ¿O es que alguien quiere justificar la desaparición de la OSE como empresa pública?

Desde hace más de 30 años la OSE ha logrado ampliar su red de saneamiento y de agua realizando inversiones importantes como la sexta línea de bombeo, el saneamiento del eje Maldonado-Punta del Este (que se usara como justificación para la privatización en forma previa a la reforma del 2004), el aumento de la capacidad de producción de Aguas Corrientes y muchas obras más sin contar con subsidio de rentas generales desde principios de los años 80, y manteniendo una tarifa en general de acuerdo con el índice del costo de vida. Y ahora se propone endeudarla a un nivel que cuestiona su viabilidad económico-financiera. A ello se une el déficit de personal capacitado y propio. Las tercerizaciones no dejan historia ni experiencia institucional, desarman la estructura y aumentan los gastos.

¿Cuál es la idea? ¿Es sólo negligencia o impericia? ¿Qué se busca? ¿Tal vez demostrar la incapacidad del Estado para gestionar? ¿O construir una empresa estatal manejada por tercerizadas?

No queremos desarrollar tesis conspirativas, pero al menos quisiéramos entender cómo se puede arriesgar en forma tan inconsciente e irrespetuosa una empresa que ha sido el orgullo de las uruguayas y los uruguayos durante tantos años.

Señor presidente, usted dijo: “Vamos a tratar de no empezar cosas con las que no esté de acuerdo el próximo gobierno".

Hay mucho por mejorar y desarrollar en OSE, pero el proyecto Neptuno, junto a otros compromisos financieramente insostenibles en materia de saneamiento, lejos de conducir a las soluciones que necesita el país en materia de agua potable, se parece más a un proyecto Titanic destinado a hundirse, llevándose con él las esperanzas de los miles de uruguayos que votaron hace 20 años por una gestión justa, democrática, solidaria y sustentable del agua potable.

Está claro, señor presidente, que en los próximos cinco años los problemas y las decisiones no serán suyas, sino de quienes se harán cargo a partir del 1º de marzo. Por todas estas razones, firmar el contrato de Arazatí sería a nuestro juicio un acto imperdonable de deshonestidad intelectual. Apelamos a que no se cargue con esa mochila en su salida.

Daoiz Uriarte es abogado.