Diálogo Social: de la escucha territorial a la etapa de intercambios

El 26 de marzo de 2023, en el parque Idea Vilariño de Montevideo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, enumeró seis prioridades de cara a un próximo gobierno de la fuerza política. Una de esas prioridades fue hacer una amplia convocatoria para pensar el esquema de protección social de nuestro país en las próximas décadas, con el Estado como un actor central de esa política. Desde mucho antes de que comenzara la campaña electoral que posibilitó el retorno del Frente Amplio al gobierno, ya se venía planteando como un eje central la necesidad de un diálogo social capaz de ordenar problemas y soluciones con mirada de largo plazo.

Los motivos para fijar este tema como prioridad eran y siguen siendo evidentes. Durante la pasada administración se llevó adelante una reforma de jubilaciones y pensiones, con resultados de los que fuimos y somos críticos. Pero la protección social va mucho más allá de las jubilaciones y pensiones. Durante la reforma aprobada en 2023, poco y nada se discutió ni propuso en torno al tema de los cuidados, a la protección a la infancia o a mejoras para las personas con discapacidad. Estos aspectos, dejados de lado en el período pasado, son de alta sensibilidad para la población y se expresan en dificultades cotidianas que no admiten postergación.

El Diálogo Social lanzado por el gobierno (se pueden ver los detalles en dialogosocial.uy) tuvo como uno de sus ejes la realización de conversatorios en el territorio. En total se planteó realizar 26 reuniones, abiertas a toda la población, donde a partir de los temas propuestos para debatir (jubilaciones y pensiones, protección a la infancia, cuidados, protección a las personas activas) se reciban sugerencias, comentarios, opiniones y propuestas de la sociedad. Estos insumos serán volcados al debate sobre los cambios específicos en los que se propondrá al Poder Ejecutivo avanzar.

Hasta el momento se llevaron a cabo 24 de los 26 conversatorios propuestos y se visitaron todos los departamentos del interior del país. La decisión de priorizar la escucha territorial no es un detalle menor: significa reconocer que las respuestas deben construirse a partir de cómo los problemas se viven y se nombran en cada lugar.

Es a partir de este contacto directo con la ciudadanía que reafirmamos el enorme debe que hay con respecto a los temas que hacen a la protección social. En cada una de las reuniones se han reiterado planteos que ponen sobre la mesa la demanda de cuidados para la primera infancia y para personas adultas mayores, la dificultad y el costo social de proveer ese cuidado dentro de las familias, y los problemas para acceder a una jubilación o pensión cuando se ha tenido una vida marcada por vaivenes laborales. No se trata de asuntos que puedan explicarse por preferencias electorales: son problemas de la sociedad en general, que atraviesan edades, territorios y trayectorias, y que piden ser abordados con soluciones capaces de reconocer esa heterogeneidad.

Por eso decimos que estos debates no pueden ni deben estar restringidos únicamente a técnicos. La técnica importa, pero no alcanza si no se nutre de la experiencia de quienes viven los problemas. Apostamos a un diálogo social amplio, en el que toda la sociedad esté de alguna manera representada en lo que se discuta. El formato de conversatorios abiertos por ejes temáticos permite ordenar la conversación sin clausurarla, y al mismo tiempo construir legitimidad para los cambios que más adelante se propongan. En otras palabras: antes que un mero trámite de consulta, se trata de una metodología que pone a dialogar diagnósticos con vivencias, criterios con historias y que busca transformar esa escucha en una base común para avanzar.

Esa misma lógica evita una confusión frecuente: escuchar más no significa sumar medidas sin jerarquía ni acumular iniciativas por acumulación. Escuchar mejor implica distinguir qué problemas aparecen con mayor recurrencia y cuáles expresan necesidades más apremiantes. Cuando en los conversatorios se repiten los obstáculos vinculados a cuidados, infancia, discapacidad o a trayectorias laborales con vaivenes, el proceso registra una prioridad que ya estaba presente en la orientación original y la reafirma con evidencia de primera mano. La coherencia reside justamente ahí: en que lo que la sociedad señala una y otra vez se corresponda con los ejes definidos, y que la respuesta se organice en torno a ellos.

Otra consecuencia de este camino es que la discusión se vuelve más comprensible para quienes serán destinatarios de los cambios. Que una propuesta sea clara, que pueda explicarse y entenderse con sencillez no es un lujo retórico: aumenta sus posibilidades de ser apropiada por la ciudadanía y de mejorar efectivamente el día a día. En esa dirección, el Diálogo Social aporta un marco en el que las ideas circulan con lenguaje común, donde se puede contrastar lo que cada quien experimenta con lo que se está discutiendo, y donde el rol del Estado como actor central queda asociado a la responsabilidad de escuchar, ordenar y decidir con la sociedad dentro del proceso.

El proceso también fija un calendario. A lo largo de estos tres meses en que el Diálogo Social ha recorrido el interior del país, se ha consolidado una base de insumos ciudadanos que ahora deben traducirse en propuestas. En noviembre comenzará la etapa de intercambio de propuestas. Ese momento de transición, de la escucha a la elaboración, será clave para convertir lo recogido en modificaciones concretas. La expectativa es que de allí surjan propuestas de cambio que apunten a mejorar el día a día de muchas personas que hoy esperan una respuesta del Estado. El estándar con el que deberán juzgarse esas propuestas es directo y ya está enunciado en el propio proceso: si efectivamente alivian problemas reales en cuidados, infancia, discapacidad y trayectorias laborales inestables; si logran integrarse con el componente previsional sin subordinar el resto; y si pueden sostenerse en el tiempo con orientación clara.

En síntesis, el Diálogo Social abre una oportunidad para recomponer la protección social sobre bases más amplias que una reforma previsional. Los 24 conversatorios ya realizados, de un total de 26, dejan un mapa de preocupaciones que no admite postergaciones. El compromiso asumido por el Frente Amplio es avanzar en esa línea, con el Estado en un rol central y con la sociedad participando en el debate. El paso que viene exigirá priorizar, ordenar y decidir. La madurez de un sistema de protección no se mide sólo por sus leyes, sino también por su capacidad de escuchar y de convertir esa escucha en políticas que mejoren la vida de quienes las necesitan. Ese es el horizonte que orienta este proceso y el sentido que le da continuidad: pasar de la palabra a la acción sin perder de vista que, detrás de cada eje temático, hay experiencias concretas que reclaman una respuesta.

Sol Maneiro es diputada del Frente Amplio.