La desprotección ambiental y social de las comunidades rurales

Al sur de la ciudad de Canelones, en una zona cada vez más densamente poblada, se encuentra Bioterra (Miltay SA), una planta de compostaje a cielo abierto que, sin contar con autorización ambiental de operación (AAO) vigente, recibe un promedio de 100 toneladas diarias de desechos de diversa índole, como ser restos de fruta, sangre sancochada, rumen vacuno, grasa, entre otros.

La AAO venció en diciembre de 2024, cuando los técnicos del Ministerio de Ambiente (MA) informaron que “la actividad genera un impacto relevante en la zona debido a los olores no controlados, que pese a las sucesivas acciones para su mitigación estas no han sido efectivas y no se identifican nuevas acciones que aseguren que la situación se solucione. Por tanto, no se entiende viable otorgar una nueva autorización para que la empresa continúe operando en esa localización”.¹

Lamentablemente, eso no fue suficiente para que cerraran la planta, sino que siguió funcionando mientras el MA evalúa los “replanteos técnicos” que realizó la empresa para poder continuar operando en el mismo lugar. Mientras tanto, los vecinos (somos más de 60 familias afectadas) seguimos padeciendo las afecciones a la calidad de vida a la que nos somete la industria. Prueba de ello es que el MA entre abril y junio de este año recibió 60 denuncias por olores nauseabundos, ¡una cada día y medio!

El MA no puede seguir dando oportunidades

En los últimos diez años el MA intimó a la empresa a tomar diversas medidas de mitigación de daños ambientales, como ser limitar el tipo de residuos que ingresa a la planta, proponer planes de monitoreo de olores, calidad de aire y calidad de agua subterránea, modificar procedimientos de tratamiento de residuos, diversas inversiones en infraestructura, plantación de cortinas vegetales, canalización de efluentes, entre otros.

Lo único que se ha logrado es incrementar la infraestructura en el lugar y consolidar un proyecto nocivo para la población local, que año a año renueva promesas no cumplidas y que los propios técnicos no ven posible cumplir. Los expedientes siguen creciendo, las denuncias se multiplican y es hora de que el MA termine con el problema de raíz, relocalizando la planta a la vez que le exige un cambio radical en la tecnología aplicada.

Si diez años de denuncias, multas y exigencias del MA no fueron suficientes para resolver los problemas sociales y ambientales que genera esta industria, no es racional ni legítimo continuar dando oportunidades de funcionamiento; tras tantas oportunidades a la empresa, infructuosas, es hora de que las próximas oportunidades sean hacia las comunidades rurales, valorizando y protegiendo su derecho a una vida digna en un ambiente sano.

La Intendencia de Canelones puede y debe actuar

El Certificado de Viabilidad Urbanística con el que cuenta la empresa fue otorgado por la Intendencia de Canelones en 2010 para una “planta de compostaje a partir de rumen vacuno y diversos vegetales residuales”.

Técnicos de la Intendencia de Canelones constataron en 2017 que la empresa recibía carcasa de visón y restos de muzzarella caducada, y en 2019 constataron que recibía grasa y sangre sancochada, pero nunca se percataron de que esos residuos se encontraban por fuera del certificado de viabilidad urbanística antes mencionado. Este certificado se encuentra en trámite de actualización desde 2016 pero, de nuevo, mientras se tramita la empresa sigue funcionando y los vecinos seguimos padeciendo.

La propia empresa informó que en julio de 2025 recibió polvillo de tabaco, lodo de plantas de tratamiento de efluentes de frigoríficos, rumen (contenido ruminal) de frigoríficos, sangre sancochada de frigoríficos, lodo de planta de tratamiento de efluentes de industria alimenticia y pelambre de curtiembre. Se trata de residuos que están claramente fuera de lo autorizado por la Intendencia de Canelones, pero la impunidad continúa.

Un proyecto fallido

Durante algunos años la empresa funcionó de manera aceptable; de hecho, en 2015 obtuvo la certificación del “Sistema B”, que “avala que una empresa cumpla con altos estándares de desempeño social y ambiental”, pero esta certificación nunca pudo renovarla porque rápidamente comenzó su declive.

Ya en 2016 aparecieron las primeras denuncias; en 2019 el MA informó a la Dirección de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones la alta cantidad de denuncias que estaban recibiendo contra la empresa. La situación siguió empeorando y en junio de 2025 unas 60 familias presentamos denuncias ante el MA, la Intendencia de Canelones y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Hoy la situación es crítica, los expedientes corren de oficina en oficina y el hermetismo institucional es preocupante.

Un informe independiente

El Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (Facultad de Ciencias, Universidad de la República), a solicitud de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, elaboró un informe independiente que confirma que la planta de compostaje Bioterra “genera de manera cotidiana olores intensos, que impactan negativamente a la población residente en las inmediaciones de la planta”, además de “molestias continuas y potenciales riesgos para la salud”.

El informe señala que la implementación de compostaje a cielo abierto en áreas como aquellas en las que se ubica Bioterra “resulta ambiental y socialmente inviable”.

Las conclusiones de este informe habilitan a que el accionar de las instituciones gubernamentales no se limite a un negociado con empresarios, sino que incorpore una mirada global nutrida por elementos técnicos, ambientales y comunitarios provenientes de la vasta y reconocida experiencia científica de nuestro país. Entre políticos y empresarios, la ciencia debería hablar más alto, principalmente en lo que refiere a impactos ambientales, sociales y de salud pública.

Sobre las causas

Esta zona no es lo que era hace 15 años, cuando se le concedió a la empresa una menor e inicial habilitación para comenzar a funcionar; su emplazamiento ya no parece ser el indicado para las actividades y la dimensión del procesamiento que realiza, más aún teniendo en cuenta que no ha invertido en la tecnología necesaria para trabajar de acuerdo con estándares de calidad internacional.

Si bien hay elementos que evidencian una carencia en los organismos de fiscalización, reconocemos que el problema de fondo es la falta de voluntad política de los distintos niveles de gobierno para hacer frente, en forma seria, responsable y sustentable, a una verdadera gestión de residuos con las tecnologías y los controles adecuados; atrás de este monstruito que es Bioterra, que cada vez se hace más grande y más dañino, hay una serie de industrias, no sólo frigoríficas, que presionan para buscarles una salida fácil a sus desechos sin estar dispuestos a reducir su amplio margen de ganancia.

La realidad es que son escasas las empresas que se encargan del tratamiento de este tipo de residuos, ninguna cuenta con autorización ambiental vigente, y las distintas dependencias gubernamentales se niegan a resolver el problema de raíz, exigiendo la tecnología y la ubicación adecuadas para una convivencia saludable.

Este año se inauguraron nuevos gobiernos, nacional y departamental. Estamos a la espera de si seguirán siendo cómplices, dándole largas a un problema ya ensayado y conocido, o si por el contrario marcarán la diferencia.

Andrés Seré es uno de los vecinos afectados por Bioterra.