Parece que fue hace mucho, pero hace sólo dos años, en 2023, el agua en Montevideo era salobre, Minas era abastecida por camiones y faltó agua en San José, Nueva Helvecia, 25 de Mayo y otras localidades del sur del país.

En ese momento, el agua ocupaba un lugar preponderante en las encuestas sobre temas de preocupación para los uruguayos. Ya al año siguiente, en ocasión de las elecciones nacionales de 2024, en esas mismas encuestas no aparecía el agua entre los temas que preocupan a los uruguayos.

Que el tema no sea ahora “preocupación” de los uruguayos no elimina el problema, que es de salud pública, de seguridad, de educación, ambiental y económico.

Obras y más obras

En el transcurso de la sequía se tomaron medidas de “emergencia” para llevar agua del río San José al Santa Lucía que tuvieron dudosos resultados y no se mantuvieron, pero que costaron decenas de millones de dólares.

El anterior gobierno, con la pretensión de asegurar el agua para el sistema metropolitano, avanzó en el proyecto Neptuno en Arazatí. Una opción técnica, social, ambiental y económicamente cuestionada, que incluía una toma en el Río de la Plata, una potabilizadora de 200.000 metros cúbicos de agua diarios, un pólder de 250 hectáreas y 90 kilómetros de caños hasta Montevideo. Una “inversión privada” de 300 millones de dólares, con un costo para Uruguay de más de 900 millones, sobre la que OSE y la empresa Infraestructura Arazatí Sociedad Anónima llegaron a firmar un contrato.

Con la llegada del actual gobierno se dio marcha atrás a las obras en Arazatí y se reconoció en el Parlamento que, como había sido expresado por organizaciones ambientalistas y movimientos sociales, el contrato firmado violaba el artículo 47 de la Constitución de la República. Esa ilegalidad hace nulo el contrato, como establece el artículo 1560 del Código Civil.

Esa situación, que dejaría al nuevo gobierno con las manos libres para decidir, no se tuvo en cuenta y se siguió con negociaciones, no ya entre OSE e Infraestructura Arazatí SA, firmantes del contrato, sino involucrando en ellas a Presidencia de la República.

Las negociaciones no han terminado, pero ha trascendido que en ellas se pretende corregir la ilegalidad del contrato firmado y adjudicar, sin licitación, a Infraestructura Arazatí SA las obras de una potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios en Aguas Corrientes, trabajos en los caños de quinta línea de bombeo y un sistema potabilizador con reserva de agua en el arroyo Solís Chico. Una “inversión privada” cuantificada provisoriamente en más de 200 millones de dólares, la que, al abonarse por la modalidad de disponibilidad y mantenimiento, terminará pagándose más de tres veces su costo.

Más allá de los vicios legales del contrato inicial, se me plantean serias dudas sobre la legalidad del camino elegido por el gobierno, dado que el contrato firmado tiene un objeto específico, comprometiendo a Infraestructura Arazatí SA a realizar obras en Arazatí, con tendido de caños en San José, y además porque se llegó a ese contrato por un proceso de iniciativa privada presentada para hacer obras en Arazatí, en la cual el consorcio adjudicatario tuvo una ventaja económica del 15% en la licitación.

Esto será materia a discutirse ahora en el Tribunal de Cuentas de la República, que debe velar por la legalidad de estos actos por parte del Estado.

A las obras reseñadas se suma la intención de generar una reserva de agua en la zona de Casupá con el propósito de contar con un complemento a la de Paso Severino para el suministro de agua a la potabilizadora de Aguas Corrientes y la nueva que construiría Infraestructura Arazatí SA, también en Aguas Corrientes.

Todas las obras previstas tienen en común que ninguna de ellas podría estar pronta, en el mejor de los casos, antes de 2029, y que ninguna de ellas puede de por sí asegurar el suministro de agua a Montevideo, que toma hoy del río Santa Lucía unos 600.000 m³ diariamente.

Renovar y controlar las redes tiene efectos positivos inmediatos en la reducción de la necesidad de extracción de agua del río, en la calidad del servicio, en su costo y en el impacto ambiental del sistema.

OSE en Montevideo sólo factura el 35% del agua que potabiliza

Las pérdidas del sistema de abastecimiento de agua de Montevideo más que duplican las de los sistemas de OSE en el interior del país. Casi 400.000 m³ de los 600.000 m3 potabilizados diariamente no son facturados, generando una pérdida para OSE de más de 120 millones de dólares anuales.

En ese total están las pérdidas reales que vemos a diario en las calles y el agua que se utiliza en conexiones mal medidas o sin medición. Esta situación está documentada, con datos de OSE, año a año, en el Anuario Estadístico Nacional que produce el Instituto Nacional de Estadística.

Pensando en el agua, mejorar esa situación debería ser la prioridad, dado que la prevención de pérdidas y la reducción del uso no medido del agua redundan en una menor necesidad de extraer agua del río, permiten ahorros en la potabilización y reducen la huella ambiental del proceso al generar menos cantidad de lodos contaminados.

En lo económico, si el sistema de Montevideo equiparara sus pérdidas al nivel de las del interior del país, OSE podría incrementar su facturación en más de 60 millones de dólares anuales, mejorando la situación financiera del organismo.

Esa mejora le permitiría a OSE encarar obras de infraestructura sin acudir a los onerosos sistemas de participación público privada o pagar exorbitantes intereses a iniciativas privadas que financian sus propios proyectos a tasas de interés que triplican las de plaza y más que quintuplican las de organismos internacionales de financiación como la CAF o el Banco Interamericano de Desarrollo.

¿Necesitamos obras faraónicas?

Renovar y controlar las redes tiene efectos positivos inmediatos en la reducción de la necesidad de extracción de agua del río, en la calidad del servicio, en su costo y en el impacto ambiental del sistema. Las obras necesarias generan, además, posibilidades de empleo y mayor dinamismo de la economía local. Pero esto no parece estar en el radar de las autoridades, que sobre el tema sólo proponen tímidos planes piloto de telemedida a realizar en Salto y otros puntos del país.

Cabe preguntarse si en estas condiciones es necesario, conveniente y oportuno realizar la obra anunciada de una nueva potabilizadora, que por su ubicación no agrega redundancia al sistema, para, potencialmente, agregar 200.000 m³ de agua en un sistema que “pierde” dos tercios del agua que circula por él.

Hoy la capacidad del sistema es suficiente y quedaría holgada si se hicieran las indispensables tareas de renovación y control que podrían hacer innecesario incrementar la capacidad de potabilización por mucho tiempo. Ya se ha dicho que aun en las condiciones actuales la nueva potabilizadora sólo sería necesaria para 2045.

Sobre el costo de reparar las redes, se ha dicho que podría costar 400 millones de dólares, menos de la mitad de lo dispuesto por el directorio de OSE (Resolución 1042/23) para el pago de Arazatí o lo que se puede llegar a pagar, si finalmente se autorizan, las obras “sustitutivas” que se anunciaron.

Por otra parte, una masiva reparación y la instalación de medidas de control de la red de OSE se harían en varios años, y a partir del segundo año se podrían financiar, al menos parcialmente, con el incremento de la facturación y la mejora económica generada.

Pensemos en el agua: no es real que cada montevideano gaste los más de 300 litros diarios que OSE potabiliza por persona. Eso más que duplica el consumo que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua. Sólo a título informativo, si ese fuera el consumo medio, una familia de cuatro personas gastaría 42 m³ mensuales, lo que implica un pago mensual a OSE de 7.500 pesos, que no es lo que vemos normalmente.

Pensando en el agua, el consumo de Montevideo no guarda relación con la demanda de agua que se le hace al río y eso estresa todo el sistema. Reparar y controlar las redes reduce esa excesiva demanda, hace innecesario realizar gigantescas obras y debería ser la prioridad de OSE, que debe cuidar el agua brindando un servicio eficiente, de calidad y racionalizado.

No nos olvidemos del agua.

Raúl Viñas es magíster en Meteorología, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable.