La comisión de la Cámara de Representantes que trata el proyecto de presupuesto recibió el lunes a jerarcas de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Su presidenta, Ana Ferraris, señaló una vez más que la situación de este servicio descentralizado es alarmante. El vicepresidente Alfredo Asti destacó que el dinero asignado sólo permitirá funcionar hasta los primeros meses del año que viene. Además de las urgencias inmediatas, es necesario considerar la necesidad estratégica de contar con una Jutep mucho más eficaz.

Un poco de historia

Para comprender el proceso que determinó la creación de la Jutep hay que retroceder varias décadas. En América Latina, el fin de las dictaduras instaladas en la segunda mitad del siglo XX estuvo cargado de altas expectativas populares, que muchos de los primeros gobiernos democráticos no llegaron a satisfacer. Las decepciones, el fin de la Guerra Fría y el avance internacional del neoliberalismo le abrieron paso al triunfo electoral de figuras identificadas con esa corriente, que privatizaron empresas públicas y desregularon la economía en los años 90 del siglo pasado. En el marco de estas políticas, hubo grandes escándalos de corrupción.

Entre los casos más sonados estuvieron los vinculados con los gobiernos de Fernando Collor en Brasil, Carlos Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Carlos Salinas de Gortari en México. La repercusión de aquellos escándalos y de los que se produjeron en países europeos como Italia, España y Francia llevó a que varios organismos internacionales consideraran necesario establecer normas preventivas, y en 1996 la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El Parlamento uruguayo ratificó esa convención en 1998 y asumió por lo tanto compromisos de desarrollo normativo e institucional en la materia, que comenzaron a cumplirse con la aprobación en el mismo año de la Ley 17.060, que, entre otras cosas, creó la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado. Esta comenzó a funcionar al año siguiente, relacionándose con el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Educación y Cultura. En 2008 pasó a llamarse Jutep, y en 2015 se constituyó como servicio descentralizado.

Las tareas asignadas al organismo fueron numerosas e importantes desde el inicio y han ido aumentando con el paso de los años, pero su dotación de personal y de recursos materiales nunca estuvo a la altura de las responsabilidades.

Un guardián esmirriado

Los cometidos de la Jutep son vastos. El sistema judicial le puede pedir asesoramiento sobre delitos de corrupción, o que obtenga y sistematice pruebas documentales ante denuncias en ese terreno. Debe impulsar normas y programas de capacitación y difusión sobre las conductas éticas y la transparencia en la gestión pública. Recibe, gestiona y custodia las declaraciones juradas de bienes e ingresos que deben presentar más de 40.000 personas que ocupan cargos públicos, que se postulan a cargos ejecutivos o que presentan precandidaturas a la presidencia en las elecciones internas. De ellas, tiene que chequear anualmente hasta el 5%, pero no está en condiciones de hacerlo.

Puede recabar, “cuando lo considere conveniente, información sobre las condiciones de regularidad e imparcialidad con las cuales se preparan, formalizan y ejecutan los contratos públicos de bienes, obras y servicios”. Se relaciona con organismos extranjeros e internacionales en las áreas de su competencia y con “organizaciones representativas de la sociedad civil, a los efectos de aunar esfuerzos para fortalecer la participación social en la lucha contra la corrupción”.

Para estas y otras tareas, la Jutep cuenta en la actualidad con una docena de funcionarios. Cada año se producen varios acontecimientos que deberían ocupar su atención sin que tome la iniciativa de analizarlos. Ha recibido cientos de denuncias cuyo tratamiento está pendiente, y cuando se ocupa de algunas, carece a menudo de las herramientas mínimas para hacerlo: basta con señalar que no dispone ni siquiera de un contador presupuestado.

Cuando señaló omisiones en la declaración jurada del entonces senador nacionalista Juan Sartori, no logró que este le entregara los datos requeridos, y si lo hubiera logrado, la investigación de su veracidad habría estado muy lejos de su alcance.

Por otra parte, la escasez de recursos humanos y materiales para la consideración de las denuncias les otorga un peso desproporcionado a las decisiones del directorio de la Jutep, aumentando el riesgo de que este proceda en forma sesgada por intereses partidistas.

Uruguay ha aprobado algunas leyes más que aceptables para prevenir la corrupción, aunque le falten otras muy importantes (por ejemplo, acerca del enriquecimiento ilícito). En todo caso, las mejores normas resultan inútiles e incluso contraproducentes, si el dispositivo para controlar su cumplimiento es muy débil y los delitos permanecen invisibles hasta que ya es muy tarde.