La salud mental y la lucha por una nueva subjetividad

En agosto de 2017 se aprobó la Ley de Salud Mental y en julio de 2018 se reglamentó. Sin duda, significó un avance de importancia sustantiva en un país que no atendía este tema desde 1936, con la Ley 9.581 de Asistencia al Psicópata.

La Ley de Salud Mental pretende garantizar una perspectiva de respeto a los derechos humanos y señala un camino de cambio en el modelo asilar de atención, lo que implica el cierre de los establecimientos monovalentes como elemento más representativo de su espíritu. En ese sentido, se sugería el inicio de transformaciones en la atención, promoviendo espacios alternativos comunitarios que permitirían el cierre, en 2025, del total de las instituciones mencionadas. Muestra de los obstáculos que mencionamos y que son poco explicitados, más allá de meras consideraciones economicistas, es la postergación para 2029 del cierre de dichos establecimientos.

Actualmente, con el nuevo gobierno progresista en el país, se retoma con mayor seriedad la consideración de estos temas. Estos asuntos fueron incorporados en primer lugar en las bases programáticas del Frente Amplio, partido que gobierna actualmente en Uruguay. Sobre el tema de la salud en general y de la salud mental en particular, dice: “Aplicación efectiva de la Ley de Salud Mental, jerarquizando un enfoque integral con dispositivos sanitarios y comunitarios que favorezcan la inclusión social, cultural, educativa y el bienestar de las personas. Será fundamental el acceso pleno a condiciones de ciudadanía que integren el trabajo digno y genuino y viviendas adecuadas como factores esenciales”, así como se establece la necesidad de “avanzar hacia la real aplicación de un modelo de atención centrado en las personas y en el territorio, superando el modelo hospital-medicocéntrico”.

Al inicio de la actual gestión, el Ministerio de Salud Pública (MSP) trazó prioridades de trabajo a corto, mediano y largo plazo. “Los problemas del sistema de salud en Uruguay requieren estrategias de corto, mediano y largo plazo, incluso más allá de los ciclos de gobierno”, se señaló al presentar la hoja de ruta del ministerio. En ese marco, la salud mental fue definida como una de las prioridades de corto plazo.

El 24 de junio pasado, el MSP presentó en el Parlamento la Estrategia Nacional de Salud Mental 2025-2030. La estrategia se elaboró desde la siguiente premisa: es posible construir una salud mental de calidad en Uruguay que supere el modelo biomédico por un enfoque comunitario y de derechos, que dé respuestas concretas a los problemas que vive la población.

El MSP plantea como prioridad fortalecer el primer nivel de atención, impulsar la participación social, promover el bienestar psicosocial con enfoque de ciclo de vida y profundizar la desinstitucionalización.

De los dichos a los hechos

Sin embargo, en la ley presupuestal que abarca el próximo quinquenio, la urgencia denunciada en este campo no es atendida con la rigurosidad que merece y se continúa conceptualmente con una visión recortada de la integralidad, expresando la permanencia de un pensamiento positivista que ideológicamente continúa manteniendo los mecanismos históricos de control social, instalados desde la modernidad, construyendo categorías de normalidad excluyentes y discriminatorias, que dejan en evidencia los poderosos intereses económicos e ideológicos que existen en el área de la salud y en particular en este campo.

Por lo tanto, sin desestimar la atención de la emergencia declarada en el país, sigue siendo urgente el cambio paradigmático que produzca una nueva construcción epistemológica que permita, en primer lugar, construir una visión desde la relación dialéctica entre salud y enfermedad, incorporando la realidad mutidimensional que la conforma: el trabajo, la vivienda, la educación, la recreación, es decir, la determinación social en los procesos, y abandonar la visión unilateral, biologicista, mecanicista, lo que implica contribuir a construir un nuevo paradigma en el que el sufrimiento psíquico, desde su multicausalidad, nos aleje de la patologización y la medicalización graves que padece nuestra sociedad.

Enfatizamos con claridad meridiana la contradicción entre lo escrito y los hechos, que expresan la complejidad y el entramado de intereses involucrados. En este sentido, afirmamos la importancia de la promulgación de la ley, del plan de gobierno, etcétera. Pero queda claro que eso no basta para avanzar en los cambios urgentes que impliquen una real transformación del sistema de salud. Es decir, es imprescindible un proceso de concientización que incorpore un cambio en el sentido común en relación con el tema, y en ese proceso es imperioso involucrar, interpelar en forma permanente y profunda a la academia, los medios de comunicación, el sistema político, los sindicatos, la comunidad en general, produciendo un franco diálogo de saberes, generando procesos de participación reales, que, como ya quedó demostrado, no se construyen a priori, sino que deben transcurrir en los tiempos necesarios que requiere una construcción humanizada y honesta del tema.

Por otra parte, vemos con mucha preocupación la continuidad de la fragmentación en la atención y en la comprensión de la realidad, esto sintetizado en modos de pensar matrizados por el positivismo, que conducen a dificultades en generar acciones intersectoriales que permitan entender y atender desde la complejidad; para ello el sistema de cuidados, de salud y educación deberían estar en una permanente y continua relación, hecho que aún vemos con dificultad en la acción de gobierno.

Como dejamos entrever, la lucha antimanicomial no se reduce a una lucha legislativa y/o económica solamente; es indispensable la lucha por una nueva subjetividad, que será lo que realmente permita el avance hacia un nuevo paradigma. Es decir, entendemos que hay encierros conceptuales que deben superarse, que permitan comprender, reconocer y respetar la diversidad. En este sentido, será importante el debate y la interpelación a los conceptos de “normalidad”, lo que habilitará lograr cambios concretos y firmes hacia nuevas formas de entender y atender el campo de la salud. En ese sentido, seguimos denunciando la visión economicista y mercantilizada de prácticamente todas las acciones que se realizan.

Por lo antedicho, no compartimos esta falsa separación entre salud y salud mental, que a nuestro entender es una más de las consecuencias de este pensamiento fragmentado y dicotómico imperante. Desde este concepto amplio de “encierros”, por razones de espacio en este artículo, apenas vamos a mencionar el drama que se sucede en la atención a las infancias y adolescencias en Uruguay, donde prevalece una visión altamente biologizada de los procesos de desarrollo, lo que conduce indefectiblemente a modelos medicamentados y patologizantes de lo que es una realidad social altamente compleja y vulnerada.

En la propuesta del actual gobierno y en el marco del diálogo social que se ha promovido, sobre la base de seminarios, encuentros, exposiciones, audiencias, conversatorios, prevalecen posturas ortodoxas en relación con el tema, se realizan encuestas de niveles de concientización del problema, se continúa con modelos de atención sesgados, fundamentando una realidad presupuestal con una lógica por la cual se destinan recursos para la salud mental a todo el andamiaje de estructuras que decimos querer superar.

Sin embargo, es necesario señalar que en esta realidad jurídica y presupuestal, que no alcanza para lograr las transformaciones necesarias, suceden acontecimientos que consideramos que son los principales factores que permitirán avanzar.

Podríamos decir, adhiriendo a observaciones realizadas por el profesor Paulo Amarante en una reciente visita a nuestro país, que están sucediendo, más allá de todo, experiencias imprescindibles que toman la calle y que son alentadoras en tanto se sigan consolidando y expandiendo en nuevas formas, fundamentalmente de expresión territorial y comunitaria.

En este sentido, la Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental,¹ integrada por diferentes colectivos y personas interesados en el tema, señaló en julio de 2025 que prácticamente ninguno de sus artículos se ha implementado en su totalidad. Y dijeron en forma textual: “Nos interesa, además, señalar la necesidad de una implementación de la ley con enfoque de género y generaciones (contemplando con mayor énfasis la atención a las infancias y adolescencias) en sus aspectos preventivos y asistenciales; abordaje en los procesos de autonomías progresivas, participativas y anticipadas; fortalecimiento de la mirada sobre la atención a los consumos problemáticos; y, fundamentalmente, contemplación de la realidad del escenario nacional en su conjunto, con las particularidades locales necesarias”.

Con este espíritu se despliegan en todo el territorio diversas experiencias que convocan, coordinan, sostienen, atienden desde el respeto a los derechos humanos y reconociendo la diversidad humana. Entienden y denuncian permanentemente que en una realidad compleja, con falta de trabajo digno, de acceso real a la educación, a la vivienda, en una sociedad donde priman valores individualistas y con valoraciones estéticas y éticas donde vale según lo que se tiene, con dificultades importantes en la comunicación, se continuará en un sistema que patologiza y enferma.

Nos encontramos en un momento de inflexión en relación con el tema, en el que vemos que el camino es la continuidad de la organización y movilización de los diferentes colectivos, que serán los que irán tensionando el escenario actual, conductores de un proceso hacia el logro de los objetivos propuestos. Con esta intención, se está planteando la posibilidad de formar y consolidar una Asociación de Salud Mental que unifique y potencie el proceso de unidad y lucha, con claros objetivos transformadores.

Débora Gribov es licenciada en Psicomotricidad.