Desarmar el nudo de la vivienda

El 28 de noviembre se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales el Conversatorio de la Ley de Vivienda Promovida, con la presencia de cuatro actores relacionados con el tema, a fin de discutir qué tipo de política ha sido la que se creó con la ley.

Resultó claro que ninguno de los actores estaba de acuerdo con la afirmación de que la anterior Ley de Vivienda de Interés Social logró alcanzar a su público objetivo. Esta ley, creada en 2011 a fin de facilitar la vivienda para los sectores medios y medio bajos, se terminó instrumentalizando y defendiendo como una política multipropósito, especialmente después de su modificación en 2020: aumentar el stock de vivienda disponible en el mercado, ayudar a que el empleo en el sector aumente de forma vibrante y permitir que, en los barrios con más construcciones, se desarrollara una nueva vida barrial, con nuevas cafeterías de especialidad y otro tipo de tiendas para un público cosmopolita. Y aun así, ninguno de estos logros es lo que buscaba la ley originalmente.

Toda ley tiene un público objetivo, un problema que resolver. Han pasado unos largos 14 años y muchas modificaciones, ninguna de las cuales se acercó a resolver la incógnita inicial, que persiste como una presencia fantasmal en la ciudad. Hablo de ciudad porque ni siquiera se puede hablar de país; aunque esta es una ley para todo el territorio uruguayo, su ejecución real puede delimitarse a Montevideo, Canelones y Maldonado, mientras que en el resto del país su impacto ha sido más bien anecdótico.

Cabría preguntarse qué queda de esta ley que se defiende más por la cantidad de empleos creados que por su capacidad para lograr lo que se proponía. El sector empresarial defiende que la ley está bien, y los movimientos sociales como Vivienda en Diálogo insisten en discutir la vivienda como derecho. Mientras tanto, el actual gobierno de Yamandú Orsi reconoce que la legislación ha sido instrumentalizada para la inversión privada y decide trasladarla bajo el amparo del Ministerio de Economía y Finanzas, transparentando lo que todos sabíamos. Sin embargo, no hay ningún plan de reformulación ni hay alternativas que resuelvan efectivamente el problema de la vivienda para los sectores medios y bajos. Lo único que cambia con este traslado es que los ya ignorados movimientos sociales, como el colectivo Vivienda en Diálogo o Miles de Ciudades, pierden definitivamente la posibilidad de discutir esta problemática. Si estos movimiento sociales querían discutir sobre la vivienda, ya no tienen derecho a hacerlo sobre una legislación que usa la vivienda como un instrumento de inversión.

Mientras tanto, habría que preguntarse qué tan moral es que el Estado renuncie fiscalmente a los impuestos a las nuevas construcciones a fin de fomentar la inversión y el enriquecimiento privado de los que pueden acceder a comprar una vivienda con este propósito. ¿Deberíamos estar facilitando el enriquecimiento de una población que ya tiene el privilegio suficiente de comprar viviendas para la inversión y especulación, especialmente con lo ajustado que resultó cerrar las cuentas en el presupuesto 2025? ¿De qué vale que se facilite la inversión de viviendas que luego se subarriendan a la población estudiantil universitaria en Cordón, por ejemplo, cuando esta misma población no puede acceder a becas de estudio que les permitan seguir sus carreras en la Universidad de la República? Incluso si pensamos en el –más que bien recibido– aumento de trabajo para el sector de la construcción, ¿de verdad creemos que hacer viviendas sin control ni planificación urbana es la manera más coherente de crear empleo? ¿Cuáles son los límites de este enfoque? ¿Qué ocurrirá el día en que haya más viviendas vacías que demanda, cuando ya nadie compre y explote la burbuja inmobiliaria?

Aunque todos los miembros interpelados en el Conversatorio de la Ley de Vivienda Promovida coinciden en que hay una problemática social en el acceso a la vivienda que esta ley no está resolviendo, no parece haber ninguna coalición fuerte que movilice cambios o al menos una respuesta parcial a la problemática. Ni política, ni social. Mientras la inversión privada obtiene beneficios fiscales, las cooperativas no tienen este tipo de privilegios. Y ahora que la Ley de Vivienda Promovida, antigua Ley de Vivienda de Interés Social, pasó definitivamente a la órbita del Ministerio de Economía, ni siquiera quienes demandaban pensar la vivienda como un derecho humano quedan habilitados como interlocutores válidos para nuestro Estado, alimentando esta disociación en la que vivimos: nos preocupa y horroriza el elevado número de población en situación de calle, pero la vivienda es una cuestión privada que depende de nuestra capacidad económica para acceder a ella. A pesar de que hacemos esfuerzos magnánimos para facilitar la inversión privada de quienes ya cuentan con una base capital, ignoramos la inversión en vivienda con interés social y olvidamos el gran número de viviendas vacías que hay en el país, lo que no hace más que reforzar la especulación inmobiliaria.

Históricamente, Uruguay siempre ha resuelto a tiempo las grandes problemáticas a las que se han ido enfrentando los países en el mundo: la habilitación del voto femenino, el derecho al aborto, la legislación para proteger a los trabajadores, el acceso al matrimonio igualitario y, recientemente, la ley de eutanasia. Sin embargo, con la cuestión de la vivienda no sólo vamos en contra de las grandes discusiones que se dan en el mundo, sino que vamos en contra de nuestras propias trayectoria y necesidades, dejando la problemática escondida bajo la alfombra mientras fingimos que la situación actual resuelve algo.

Queda claro que hay capital para invertir en Uruguay y ganas de hacerlo. Capaz haga falta pensar otros mecanismos de inversión que no impliquen especular con un derecho básico. En este momento, mi única expectativa es equivocarme y que el gobierno, del partido que sea, presente una resolución que nos quite ese sabor a poco de la boca.

Virginia Verri Guerra es estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de la República.