La Ley 19.122, que establece cupos para personas afrodescendientes en el ingreso a trabajos estatales, y la Ley 18.059, que reivindica la cultura afro, continúan vigentes entre otras medidas impulsadas por la sociedad civil militante y los gobiernos progresistas. Fueron aprobadas mayoritariamente con destacadas actuaciones de los legisladores afrouruguayos Edgardo Ortuño y Felipe Carballo, en lucha por herramientas clave para la búsqueda de la equidad racial como reparación por la deuda histórica de la trata esclavista.
También nuestro Parlamento aprobó el Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena por la Ley 18.589, como resultado de décadas de lucha de los movimientos indígenas de nuestro país. Así, el Estado uruguayo se obliga a implementar acciones afirmativas en favor de poblaciones históricamente relegadas.
Actualmente, en los aditivos del presupuesto en discusión, y ya en fase de aprobación, se estableció la obligación de la rendición de cuentas sobre inversiones para afrodescendencia. Asimismo, con relación al sistema educativo, el nuevo gobierno resolvió volver a enseñar la resistencia indígena, materia interrumpida por la coalición multicolor conservadora, incluyendo nuevamente en la currícula a nivel medio los aportes de nuestros pueblos originarios, contemplando las raíces plenas de nuestra orientalidad. Aun con las dificultades de aplicación por diversos motivos, son pequeños brotes de justicia ante el racismo estructural y la colonización ideológica y económica imperante.
Vivimos inmersos en estructuras sociopolíticas universalizadas racistas, patriarcales y excluyentes, con desventajas sociales endémicas devenidas de las inequidades que sustenta el sistema capitalista, propiciado, a su vez, por la acumulación de fortunas de las potencias imperialistas culpables de las invasiones y el tráfico humano, crímenes de lesa humanidad ensañados contra las poblaciones originarias indígenas y africanas.
Son daños irreparables aún reclamables penalmente por el derecho internacional penal, perpetrados por el genocida régimen europeo invasor, con el cual se enriquecieron y se consolidaron monarquías y luego países, “mandamases” del mundo moderno que increíblemente aún tienen “colonias” diseminadas por el planeta.
Las personas afrodescendientes representan históricamente un porcentaje importante de la población de la región –alrededor del 25%– y con frecuencia enfrentan niveles de pobreza más altos que la población no afro. En el caso de pueblos indígenas, se estima que una proporción muy significativa vive bajo condiciones de pobreza: en varios países, más de la mitad de las personas indígenas está en situación de pobreza.
Si bien hay mediciones defectuosas, en general, los datos muestran que los índices de pobreza son “considerablemente más altos” en poblaciones afrodescendientes e indígenas en comparación con el promedio regional.
Avanzan los compromisos con la equidad étnico-racial, se incorpora la historia indígena al currículo educativo y se exigen reportes de inversión en acciones para la población afrodescendiente.
Las políticas públicas y la legislación uruguaya empujada por el activismo y decisiones afro sensibles siguen desafiando a las instituciones públicas a cumplir con el mandato de inclusión real y reparación histórica hacia la comunidad originaria y afrodescendiente en Uruguay.
En este contexto, podemos contabilizar avances positivos:
En el presupuesto nacional se logró este texto aditivo propuesto en el Senado para el presupuesto nacional (inciso 05-MEF), y dice básicamente que todas las oficinas del Estado y organismos públicos deben avisar a la Contaduría General de la Nación (CGN) sobre los gastos e inversiones que estén relacionados con acciones afirmativas (medidas especiales) para personas afrodescendientes. Esto se debe hacer siguiendo la Ley 19.122 de Equidad Racial. Además, se le pide a la CGN, junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que definan pautas claras para identificar estos gastos y que se encarguen de recibir, ordenar y mostrar esa información de manera organizada. Una mirada institucional de gobierno focalizada que se concreta hoy como un gran aporte.
En consonancia con los compromisos asumidos en el programa de gobierno del Frente Amplio, en la ATD de Secundaria, donde se presentaron los nuevos planes y programas, se incorporó al programa de Historia de 5º año una unidad fundamental: “El Uruguay indígena desde la época precolombina hasta la actualidad”, con carácter obligatorio. Esta unidad contempla, entre otros contenidos, el abordaje de la resistencia indígena frente a la colonización y el reconocimiento del genocidio de Salsipuedes.
En conclusión: avanzan los compromisos con la equidad étnico-racial, se incorpora la historia indígena al currículo educativo y se exigen reportes de inversión en acciones para la población afrodescendiente. Uruguay da pasos históricos contra el racismo en términos de gobernanza efectiva.
Sin dudas falta mucho para cumplir los compromisos políticos generados en diversos niveles de diálogo, participación y aportes atendiendo los reclamos históricos de los movimientos sociales; sin embargo, hay que celebrar cada pequeña victoria.
Por primera vez en Uruguay será obligatorio enseñar la resistencia indígena y el genocidio de Salsipuedes en los programas de Historia para secundaria, y además se avanza hacia una mayor transparencia y seguimiento en las acciones afirmativas para personas afrodescendientes. ¡Axé!
Susana Andrade es procuradora, activista social y exdiputada. Es presidenta de la Institución Federada Afroumbandista del Uruguay e integra el grupo Atabaque por un país sin exclusiones, fundado en 1997.