Departamentales y locales: el juego con las fichas en el tablero y más allá de la elección

Las elecciones departamentales y locales están a la vuelta de la esquina, y es por eso que es oportuno visibilizar el tema, significarlo y discutirlo. Los gobiernos de las ciudades y regiones importan en el mundo, en nuestro continente y, claro, también en Uruguay.

En los 19 departamentos, actualmente, además de los ejecutivos y sus respectivos deliberativos (juntas), funcionan 125 gobiernos locales (concejos municipales). Una primera novedad en este sentido es que, en la próxima instancia electoral, el número de municipios a conformar se ampliaría a 137, de acuerdo a la información que se encuentra en fase de consolidación por parte de la Corte Electoral. De ese modo crecería la cantidad de gobiernos locales en los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Paysandú, Tacuarembó y Soriano.

Entonces, además de los/as 19 intendentes/as y 137 alcaldes o alcaldesas, será importante atender la composición de los concejos municipales en todos los territorios en disputa. Debe subrayarse que cada municipio está compuesto por cinco integrantes titulares elegidos democráticamente. El alcalde o alcaldesa resulta ser la persona más votada del lema más votado en ese territorio, que es acompañada por cuatro concejales/as electos bajo el principio de representación proporcional. Es el alcalde/sa quien preside el colegiado municipal.

La escena territorial es relevante, no sólo para las políticas nacionales sectoriales, sino para esa institucionalidad departamental y local que se viene desplegando gradualmente en un proceso muy “a la uruguaya”. Uruguay no ha sido una isla en la región; tiene un Estado unitario e históricamente muy centralizado. Y en ese sentido siempre cobra relevancia la pregunta (más allá de los resultados y la correlación de fuerzas que marquen las urnas): ¿el nuevo período de gestión quinquenal generará mejores condiciones para una descentralización efectiva que se traduzca en políticas públicas con mirada territorial y participativa? Si eso no sucede, podrían darse al menos dos situaciones; o se mantendría el statu quo y la inercia que caracterizaron al gobierno saliente en estos temas, o incluso podría caerse en el riesgo de retroceder en esta materia, como ha sucedido en otros países de la región que han optado por recentralizar procesos y políticas.

Los hitos descentralizadores más recientes en el Uruguay de hecho conectan con algunos lineamientos programáticos y énfasis desplegados por las primeras experiencias de gobierno nacional del Frente Amplio. También hubo un gran impulso en materia de transferencias de recursos nacionales hacia el nivel subnacional durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Allí se conjugaron además otros énfasis vinculados con la territorialización de políticas públicas y la participación ciudadana, aspectos que en su momento habían sido jerarquizados en las primeras experiencias de gobierno departamental ensayadas por esa fuerza política en Montevideo desde 1989.

Examinar el marco normativo a nivel municipal en Uruguay se vincula fuertemente con elementos integrados en la Constitución de 1996, además de con la Ley 19.272, referida a “descentralización y participación ciudadana”. En ese contexto, varios departamentos como Canelones, Montevideo y Maldonado (que se encuentran 100% municipalizados) también han privilegiado la normativa departamental. Cada departamento puede formular normativa específica regulatoria complementaria a la ley nacional para ordenar los alcances de la intervención municipal y su articulación con lo departamental.

Como apuntes sintéticos, la legislación nacional en materia de descentralización establece: principios rectores para el sistema de descentralización local (Art. 3), la definición política y territorial de los municipios, la distinción entre materias departamental y municipal, las atribuciones y competencias municipales y, finalmente, los criterios y características básicas de los ámbitos de participación ciudadana que los municipios deben implementar.

Estos elementos se articulan y marcan que no solo es importante saber qué pasará en los comicios departamentales a partir de los resultados que arrojen las urnas; también cabe preguntarse qué sucederá con el proceso de descentralización política en su integralidad. Será clave ver qué peso tendrá en la próxima administración nacional y sus definiciones presupuestales esta temática. El instrumento denominado Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal es decisivo en ese sentido y cabe recordar que es un financiamiento que cuenta con una reglamentación específica a iniciativa del Poder Ejecutivo. Eso además debe ser articulado y aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por referentes del Congreso de Intendentes y los representantes del nuevo Poder Ejecutivo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los reglamentos han variado sus criterios de cálculo y distribución en la experiencia de implementación existente. También han sido variados los criterios que fijan condiciones y mecanismos de acceso y rendición de los fondos. ¿Cambiarán? ¿Se perfeccionarán para mitigar discrecionalidades y calibrar, por ejemplo, mejores elementos sociodemográficos recogidos en el último censo?

En Uruguay actualmente hay gobiernos locales con muchísimas heterogeneidades territoriales y capacidades diferentes en un sentido amplio. También el país continúa atravesado por disparidades sociodemográficas y económicas que configuran brechas de desigualdad persistentes en las regiones, departamentos y localidades que habrá que atacar. Hay aspectos importantes en juego, por eso se apuntaba en la columna anterior (presentada en estas mismas páginas) la importancia de focalizar energías partidarias, no sólo en las ofertas de candidatos y equilibrios sectoriales, sino también en las propuestas programáticas efectivas para transformar la calidad de vida de las comunidades locales y departamentales.

Los gobiernos de los territorios y las ciudades a nivel global han ampliado su relevancia en los contextos de políticas públicas desafiadas por crecientes demandas y oportunidades en los dinámicos escenarios instalados. Importa entonces, bastante más que lo que marquen los resultados de las urnas de mayo, lo que el gobierno electo defina a partir del próximo 1° de marzo en la agenda de descentralización política del país para los próximos años.

Martín Pardo es politólogo, magíster en Desarrollo Local y Regional, doctorando en Estudios Territoriales.