El desafío de gobernar sin tibieza

El triunfo de Yamandú Orsi en las elecciones de Uruguay abre una nueva etapa para la izquierda en el país. Sin embargo, este no es un regreso cualquiera: la izquierda uruguaya no sólo tiene la responsabilidad de gobernar bien, sino de hacerlo con la claridad y contundencia necesarias para evitar que en el futuro el péndulo político se desplace no ya hacia la derecha tradicional, sino hacia una ultraderecha reaccionaria y antisistema, en sintonía con lo que ha ocurrido en otros países de la región y el mundo.

La salud, más allá del hospital

Como médico y cirujano, he aprendido que la salud de una persona no depende sólo del sistema sanitario, los hospitales o los tratamientos médicos. La vivienda, el trabajo, la educación, la seguridad y la protección social son determinantes sociales fundamentales de la salud y, cuando fallan, el impacto se ve directamente en los cuerpos de quienes llegan a nuestras consultas y quirófanos. No se trata sólo de una mirada ideológica o política, sino de una realidad que cualquier profesional de la salud reconoce: un país más justo es, inevitablemente, un país más saludable.

Es desde esta perspectiva que abordo este artículo, reflexionando que las decisiones que tome el próximo gobierno de Uruguay no son sólo cuestiones de gestión o de modelos económicos, son decisiones que incidirán en la calidad de vida de las personas y, en última instancia, en su salud. Porque un niño que crece en un asentamiento sin acceso adecuado a agua potable y saneamiento no sólo tiene más riesgo de enfermarse hoy, sino que carga con una desventaja estructural que lo acompañará toda su vida. Porque una persona que vive en la calle no necesita sólo refugios, sino políticas integrales que le permitan salir de esa situación de manera definitiva. Porque la inseguridad y la falta de oportunidades no sólo generan miedo en la población, sino que también afectan la estabilidad emocional y mental de miles de uruguayos.

La historia reciente nos ha enseñado que cuando los gobiernos progresistas se muestran dubitativos, temerosos o complacientes con los poderes económicos, terminan defraudando a su base social y abonando el terreno para el surgimiento de líderes populistas de extrema derecha que se presentan como una alternativa disruptiva frente a la “vieja política”. En otras palabras, si la izquierda no hace un gobierno verdaderamente transformador, es la derecha radical la que vendrá con su discurso de orden y castigo.

Orsi ha ganado una elección en la que necesariamente tuvo que construir consensos y sumar votos de sectores más moderados, pero gobernar no es hacer campaña. Si su gobierno se convierte en una administración “para todos” en el sentido más liviano del término, evitando medidas estructurales por temor a molestar a ciertos sectores privilegiados, lo único que se logrará es profundizar el desencanto y generar el caldo de cultivo perfecto para el avance de los sectores reaccionarios. No se gobierna sólo con moderación y diálogo; se gobierna con decisiones que cambian realidades. Tender puentes, sí, pero no para que pasen los de siempre.

La búsqueda de consensos es necesaria en democracia, pero una cosa es tender puentes para lograr gobernabilidad y otra muy distinta es ceder ante las presiones de las corporaciones y los grupos de poder que históricamente han garantizado sus privilegios a costa de los más vulnerables. Esos sectores no votaron a Orsi y, si lo hicieron, no fue para que se continúe gobernando en función de sus intereses.

La izquierda tiene que ser clara en su propósito: el centro de su acción política debe estar en quienes más lo necesitan. Y esto implica enfrentar resistencias, asumir costos políticos y dejar de lado cualquier tentación de gobernar para quedar bien con todos. Porque la historia demuestra que cuando se intenta conformar a todos, los únicos que realmente se benefician son los de siempre.

Volviendo al concepto de los determinantes sociales de la salud, existen áreas clave en las que el nuevo gobierno no puede permitirse eludir decisiones profundas y de impacto real para un Uruguay saludable y de calidad.

Vivienda: la izquierda debe gobernar con coherencia y valentía

La vivienda ha sido una de las grandes deudas del Estado uruguayo, una realidad que ni los gobiernos de derecha ni los del Frente Amplio han logrado transformar de manera estructural. Mientras que el último gobierno de derecha se jactó de una política de realojos sin soluciones de fondo, la izquierda, en sus años de gestión, tampoco logró revertir claramente el crecimiento de asentamientos o barrios estigmatizados. En algunos casos, incluso avanzó en sentido contrario a su propio discurso.

El Frente Amplio sostiene en su programa la necesidad de fortalecer la vivienda cooperativa y regular el mercado inmobiliario, pero la realidad muestra que en departamentos como Canelones, gobernados por la izquierda por más de 15 años, se ha fomentado el desarrollo de barrios privados cerrados, reproduciendo la lógica de segregación urbana que supuestamente se pretende combatir. ¿Cómo puede un gobierno progresista promover, con una mano, la integración de asentamientos y, con la otra, legitimar modelos urbanísticos excluyentes?

Si este nuevo gobierno quiere diferenciarse y hacer lo que realmente no se ha hecho, debe asumir que la vivienda no es sólo un problema de acceso, sino de modelo de ciudad y de prioridades políticas. No alcanza con construir más viviendas sociales si no se pone freno a la especulación inmobiliaria y al acaparamiento de tierras urbanas. Es momento de regular el mercado de alquileres de manera efectiva, evitar que el suelo urbano sea apropiado para la especulación y garantizar que la vivienda cooperativa y pública no sean soluciones marginales, sino el eje de una transformación real. Además, el Estado debe avanzar en la utilización de viviendas vacías en manos de privados y del propio Estado. No es admisible que existan miles de viviendas sin uso mientras hay familias sin techo. Se requieren herramientas legales para que estas propiedades sean destinadas a quienes las necesitan, mediante incentivos o regulaciones que impidan su permanencia ociosa por mera especulación. La vivienda, antes que nada, es un derecho.

El aumento de personas en situación de calle no es sólo un síntoma de la crisis económica, sino también una evidencia del fracaso de las políticas sociales que se han aplicado hasta ahora. No se puede seguir abordando el problema con operativos esporádicos en invierno ni con el argumento de la “libertad de decidir dónde vivir”, como si la indigencia fuera una opción de vida y no una emergencia social. La solución no pasa únicamente por más refugios, sino por una estrategia integral que incluya acceso real a la salud mental, programas efectivos de reinserción laboral y un acompañamiento sostenido que permita a estas personas salir de la calle de manera definitiva. También es clave regular el mercado de alquileres para evitar que miles de personas terminen en la indigencia debido a los costos inalcanzables de la vivienda.

Las ciudades no pueden normalizar la convivencia con el deterioro social y la desesperación. Un gobierno de izquierda debe entender que su papel es intervenir de manera decidida, no resignarse a la inacción en nombre de la libertad individual mal entendida.

Seguridad y protección social: una oportunidad para cambiar el enfoque

La inseguridad ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha, pero no porque tengan mejores soluciones, sino porque han sabido capitalizar el miedo de la población. Durante los últimos años, el debate sobre seguridad ha sido reducido a una lógica binaria: mano dura versus garantismo extremo, dejando de lado enfoques integrales y efectivos. La izquierda no puede ceder en este terreno ni dejarlo como bandera exclusiva del adversario político.

Sin embargo, a diferencia de otros momentos, el nuevo gobierno tiene una oportunidad real de cambiar el enfoque y demostrar que la seguridad y la protección social pueden ir de la mano sin caer en simplismos. Las personas que estarán al frente de estas áreas tienen experiencia, compromiso y una visión clara sobre los problemas de fondo. Tanto en la conducción del Ministerio del Interior como en áreas vinculadas a la protección social hay autoridades que han demostrado capacidad de comprensión profunda de que la seguridad no se resuelve sólo con policías en la calle, sino también con políticas sociales eficaces. Ni caer en la represión indiscriminada que criminaliza la pobreza, ni en la ingenuidad de pensar que el problema se resuelve sólo con planes sociales. El área de protección social y la asistencia no puede ser simplemente un paliativo, sino una herramienta para sacar a la gente de la pobreza de manera estructural. La implementación de políticas efectivas para atender a la población más vulnerable, especialmente en temas de vivienda y empleo, será clave para que la seguridad no se aborde sólo desde la reacción al delito, sino desde la prevención real.

Al mismo tiempo y complementando lo ya dicho, se deben fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas, asegurando acceso a asistencia psicológica, legal y económica cuando sea necesario. Un gobierno progresista no puede dar la sensación de que minimiza el impacto de la delincuencia en la gente.

Salud: una gestión eficiente para un sistema equitativo

Como médico tengo claro que el acceso a la salud no puede depender de la capacidad de pago ni de la segmentación entre prestadores públicos y privados. Sin embargo, la realidad muestra que el sistema de salud uruguayo sigue reproduciendo desigualdades: la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que debería ser el pilar de la atención sanitaria para quienes más lo necesitan, continúa funcionando con recursos limitados, tiempos de espera prolongados y problemas de gestión que afectan la calidad del servicio.

El desafío no es sólo aumentar el presupuesto, sino mejorar la eficiencia en la administración de los recursos, optimizar la atención en hospitales y policlínicas, y garantizar que ASSE pueda competir en calidad con los mejores prestadores privados. No se trata únicamente de corregir falencias estructurales, sino de cambiar la percepción de que la salud pública es una opción de segunda categoría.

En este sentido, es clave fortalecer la formación profesional, mejorar la infraestructura hospitalaria y garantizar el acceso a tecnología de vanguardia. Además, cualquier esfuerzo por mejorar ASSE debe ir acompañado de una mayor transparencia en su gestión, evitando favoritismos, ineficiencias y conflictos de interés que han debilitado la credibilidad del sistema en el pasado.

El derecho a la salud no se garantiza sólo con mayor inversión, sino con un modelo de gestión que priorice la equidad, la calidad asistencial y la atención oportuna. Si la salud es un determinante clave del bienestar, entonces un gobierno progresista no puede permitirse administrar ASSE sin una transformación real que lo posicione como un prestador de excelencia.

Educación: el desafío de transformar sin titubeos

Si la vivienda y la salud son determinantes clave del bienestar, la educación es la base sobre la que se construye cualquier sociedad con futuro. Sin embargo, Uruguay arrastra una crisis educativa reconocida por todos. La deserción en secundaria, la fragmentación del sistema y la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas siguen reproduciendo brechas sociales que condenan a miles de jóvenes a la precariedad laboral o la exclusión.

El próximo gobierno de izquierda no puede limitarse a administrar el sistema educativo como hasta ahora. Es imprescindible un cambio real que transforme las aulas en espacios de aprendizaje efectivo y reduzca las desigualdades que hoy separan a los estudiantes según su origen socioeconómico. Esto implica fortalecer la educación pública en todos sus niveles, garantizar condiciones dignas para docentes y alumnos, y reformular los planes de estudio para que respondan a las necesidades del siglo XXI sin perder el foco en la equidad y la inclusión.

Pero cualquier transformación educativa encontrará resistencias. Los cambios necesarios implican enfrentar estructuras burocráticas anquilosadas, repensar modelos pedagógicos y, sobre todo, tener la decisión política de priorizar la educación pública por sobre los intereses corporativos o conservadores que prefieren un sistema fragmentado y elitista.

Un gobierno de izquierda que no logre transformar la educación corre el riesgo de perpetuar la frustración de miles de jóvenes que ven cerradas sus posibilidades de progreso. Si se gobierna con tibieza en este punto, serán otros quienes, con discursos de mano dura y meritocracia vacía, capitalicen el descontento social. La educación no puede ser una promesa más: debe ser el pilar de un cambio profundo.

El riesgo del descreimiento y el avance reaccionario

Uno de los mayores peligros para cualquier gobierno progresista es el desencanto de su base electoral. Cuando la gente siente que las promesas de transformación quedan en el aire, el terreno queda abonado para discursos antisistema y populistas de ultraderecha. Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina y otros fenómenos similares en Europa no surgieron de la nada, sino como reacción a gobiernos progresistas que, con sus titubeos y concesiones, terminaron alimentando la sensación de que “da todo lo mismo”.

Si hay un aspecto en el que un gobierno de izquierda debe diferenciarse con claridad es en la gestión pública. Algunos hechos del gobierno que termina dejaron en evidencia lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin compromiso real con la transparencia. Desde la entrega de cargos clave a operadores políticos sin experiencia hasta los escándalos de corrupción, se consolidó la percepción de que en oportunidades los intereses partidarios y empresariales pesaban más que el bienestar de la ciudadanía. La izquierda no puede repetir estos errores. No puede haber espacio para dobles lealtades ni para gobernantes con un pie en el Estado y otro en el sector privado, beneficiándose de decisiones que deberían tomarse en función del interés colectivo.

Gobernar sin tibieza no sólo significa tomar decisiones que transformen la vida de las mayorías, sino también hacerlo con una gestión intachable, priorizando la eficacia y la honestidad sobre el “reparto de poder” y la cuota sectorial.

Yamandú Orsi tiene una oportunidad histórica. Puede ser el presidente que marque una diferencia real para los sectores más vulnerables o puede ser el presidente que, por miedo a incomodar, administre el país sin grandes cambios y termine alimentando la decepción.

La tibieza no es una opción. Este gobierno debe asumir que gobernar es tomar decisiones que muchas veces no serán populares para algunos, pero que son necesarias para construir una sociedad más justa. La izquierda no puede darse el lujo de gobernar con miedo. Si lo hace, estará allanando el camino para que, en el futuro, quienes vengan a reemplazarla no sean simplemente más conservadores, sino directamente reaccionarios.

Julio Trostchansky es cirujano y fue presidente del Sindicato Médico del Uruguay.