Es claro que en los últimos cinco años los impactos sobre las y los trabajadores en el país han sido muy diversos. Encontramos aspectos cuantitativos relacionados con su nivel de vida y aspectos cualitativos referidos al acceso a la resolución de las necesidades vitales de las familias trabajadoras. Tres cuestiones centrales para analizar estos puntos son los niveles salariales, los niveles de empleo y el gasto público social, muy ligado a la vida de estas familias.
Los salarios
La estrategia salarial del gobierno ha estado centrada en un ajuste a la baja sobre los niveles salariales para lograr una recuperación del margen de ganancia y, por ende, del nivel de actividad de las empresas. Es decir, ha sustentado su crecimiento económico, en especial en 2021 y 2022, sobre las espaldas de la clase trabajadora.
Lo primero que debemos constatar es el salario real de cada trabajador en el promedio nacional. Esto lo muestra el gráfico 1.
Lo que nos dice el gráfico es que el salario real cayó sin parar en 2020, 2021, 2022, se recuperó en 2023 (bordeando el nivel de cuatro años atrás) y llegó en 2024 a 2,39% por encima de 2019, lo que da un crecimiento promedio anual de 0,45%.
Pero lo importante de esta evolución no sólo radica en el muy bajo crecimiento anual promedio, sino que al ser una recuperación que llega después de tres años de crecimiento económico y al final del período, supone (como se visualiza en “la panza de la U” que tiene el gráfico) una pérdida no recuperable a lo largo del período entre puntas.
Tomamos un ejemplo (muy asimilable a la mayoría de las familias de trabajadores) de un cajero o cajera de supermercado y un trabajador o trabajadora grado 4 de la Administración Nacional de Educación Pública. Los ingresos de esta familia tuvieron esa evolución en U, alcanzaron recién en enero de 2025 el nivel salarial de enero de 2020 y perdieron a lo largo del proceso el equivalente a dos salarios y medio en los cinco años. Esto lo muestra el cuadro 1.
Pero quisiera profundizar en los daños de la U y en especial del proceso que esta generó en las familias trabajadoras.
Es evidente que la caída salarial puede, por ejemplo, haber provocado imposibilidad de seguir pagando un alquiler y significó mudarse a hogares compuestos con otros familiares. Cuando se les “devuelve” el ingreso a esas familias no es tan fácil volver al mercado de alquileres: seguramente sus precios hayan aumentado y se haya reducido la capacidad de las familias de costearlos.
Quizás tenían que hacer arreglos en su casa y no pudieron y los debieron postergar, y cuando se les “devuelve” el nivel de 2019 hay mayor deterioro y, por ende, es más caro hacerlos. Así podríamos continuar la casuística, pero lo que se pretende mostrar es que el problema no es sólo cuantitativo, sino cualitativo.
Al mismo tiempo quiero destacar que de la vida cotidiana surge otro de los daños de este proceso en “U” del salario, que se refiere al hecho de que quizás sí hicieron esos gastos, pero para eso se endeudaron. Hoy se enfrenta un problema de deuda y, entonces, buena parte del aumento salarial de fin de 2023 y 2024 se está utilizando para pagar las cuotas del préstamo que se pidió y, por ende, no se recuperará todo el nivel de consumo.
Primera conclusión: las familias trabajadoras recibieron un ajuste a la baja de sus ingresos, transfiriendo una parte relevante de su riqueza a las empresas, lo que implicó un deterioro cuantitativo y cualitativo de su calidad de vida.
El empleo
En 2021 se hizo un cambio en la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares para el cálculo del empleo. Por eso, las comparaciones entre 2019 y 2024 son difíciles de hacer y dependen de si se tiene en cuenta la encuesta de seguimiento o la encuesta de implantación. En ambos casos da un aumento del empleo y baja de la informalidad, pero las diferencias de número son significativas. Por eso, en esta nota prefiero referirme al estado de los problemas del empleo y las personas afectadas a 2024.
El gobierno pasado hizo un ajuste fiscal duro con el gasto social, transfirió recursos de esos incisos al presupuesto general, afectó enormemente los servicios públicos sociales y “recuperó” recién al final.
Las preguntas son: ¿cómo se define la categoría problemas de empleo? y ¿cuánta gente tiene problemas de empleo en Uruguay?
Se define como problemas de empleo la suma de la desocupación, el trabajo no registrado en la seguridad social y el subempleo.
Empecemos por el dato global: en Uruguay, en 2024, un orden de 600.000 personas se encontraban con problemas de empleo. Eso significa que uno de cada tres uruguayas y uruguayos tenía problemas de empleo, estaba desocupado, subocupado o no registrado en la seguridad social.
Pero los problemas no afectan a todos por igual. El cuadro 2 nos muestra los problemas por edad, género y ascendencia racial. Las conclusiones son claras.
Las mujeres tienen mayores problemas de empleo. Los datos de base nos dicen que ese mayor problema está en la desocupación y el subempleo, mientras que en la informalidad la situación es más pareja en términos de género.
Desde el punto de vista de la ascendencia racial, es notorio el problema en la afrodescendencia; lo dicen los datos de base en todos los terrenos de los problemas de empleo.
Por edad, es claro que el problema está en los más jóvenes. Los datos de base nos dicen que el principal problema es el desempleo, pero también es fuerte el subempleo en las edades más jóvenes y también, aunque en menor medida, en el informalismo.
Desde el punto de vista territorial, los cuadros 3 y 4 nos traen los datos y muestran primero los problemas serios de empleo en cinco departamentos del noreste y una segunda tanda en el litoral, todos muy por encima del promedio.
Por otro lado, si bien Montevideo es de los que tienen menores problemas de empleo, vemos en el cuadro 4 que las diferencias por municipio son muy importantes. También allí hay algunos muy por encima del promedio.
Segunda conclusión: en Uruguay, una de cada tres personas tiene problemas de empleo, y la situación es más dura en mujeres, ascendencia afro y jóvenes.
Desde el punto de vista territorial, el noreste del país y las zonas noreste y noroeste de Montevideo son las más afectadas por los problemas de empleo.
El gasto social
Un tercer componente del análisis de cómo les fue a las familias trabajadoras es el gasto social. Haremos una versión primaria de este análisis (a cuenta de la rendición de cuentas que ingresa al Parlamento el 30 de junio) tomando como base los ocho incisos que están en el cuadro 5. Nuevamente encontramos la U, que es, sin duda, el rasgo distintivo del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Hasta 2022 (con excepción del Ministerio de Desarrollo Social, que tuvo crecimiento permanente, y de la Universidad Tecnológica, cuya incidencia es menor en volumen), todos los incisos cayeron en 2020 y 2021, y en 2022 no llegaron al nivel de 2019, a pesar del importante crecimiento de 10% entre 2021 y 2022. Recién con los aumentos de gasto de 2023 y 2024 se llegó a un nivel promedio de 4,27% por encima de 2019, menos de 1% anual y menor al crecimiento en el quinquenio del producto interno bruto.
Por eso, aquí también hubo efectos cuantitativos y cualitativos; menos viviendas, grupos superpoblados en educación y menores inversiones, falta de medicamentos, listas de espera enormes en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, carencias de todo tipo en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y así sucesivamente.
Tercera conclusión: el gobierno hizo un ajuste fiscal duro con el gasto social, con mayor peso en vivienda y educación, transfirió recursos de esos incisos al presupuesto general, afectó enormemente los servicios públicos sociales y “recuperó” recién al final.
Daniel Olesker es magíster en Economía y es director designado de ASSE.