La Transformación Educativa impulsada por las autoridades de la ANEP designadas político-partidariamente ha fracasado política y pedagógicamente. La paternidad ideológica corresponde a Eduy21; el fundamento político y jurídico, a los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) referidos a educación. Aquel think tank ya se disolvió, y el nuevo ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para volver a los consejos desconcentrados, con integración de representantes del gremio docente.

Se desarma así, por un lado, el sustento teórico y, por otro, el soporte legal de la política educativa del gobierno saliente. El exministro de Educación, el expresidente del Codicen y la exdirectora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP formaron el tridente de la transformación, respaldado por el funcionariado designado de acuerdo a los mecanismos de la citada ley. Las tres autoridades pertenecían a Eduy21, que, como ya fue indicado, se disolvió. Pero, como si fuera el mar de serpientes con que soñaba Silvio Rodríguez, ahora hay un “tanque de pensamiento” mayor, que opina, entre otras cosas, de educación. La nueva organización basa su propuesta pedagógica en la teoría del capital humano, soporte teórico de la Transformación Educativa.

El reciente documento titulado “Vestime despacio que tengo apuro. Nueve consensos para mejorar la educación” parece que es el resultado de un “ágora cerrada”, un curioso oxímoron que describe una reunión de 30 personas cuyos nombres no conocemos, pero que repite varios de los planteos de la Transformación Educativa y que parece continuarlos.

En nuestra democracia existe la libertad de asociación y de expresión, por lo que no cuestiono el derecho de los y las integrantes de Ágora para proponer las soluciones que les parecen adecuadas para resolver los problemas del país. No obstante, nuestra democracia se basa en la solidez de sus partidos políticos, por lo que corresponde asignar más importancia a los programas que se presentan a la ciudadanía y que se someten a las urnas. El programa del Frente Amplio tiene una definición que está alejada de la teoría del capital humano. Si uno lee las 43 “acciones prioritarias” para la educación, se encuentra con propuestas muy alejadas de la teoría citada, que fue analizada de manera clarividente por Miguel Soler en su folleto “El Banco Mundial metido a educador”, de 1996.

En la construcción de las citadas bases programáticas participaron miles de militantes y, finalmente, se votaron en un congreso. El programa fue refrendado por la elección ciudadana, que expresó confianza en que la política puede ser una herramienta para transformar la realidad, valorizando así el carácter republicano que atribuimos los uruguayos y las uruguayas a nuestra estructura política y al peso de los partidos. Un documento con tal grado de solidez no debería ser modificado por la presencia de “expertos” provenientes de think tanks.

Aunque los nombres de las personas más comprometidas con la política educativa del gobierno saliente no se repiten, hay una intersección importante entre quienes fundaron Eduy21 y quienes hoy, como integrantes de Ágora, se ocupan de temas educativos, lo que permite suponer que habrá continuidades en las propuestas. Los y las integrantes del nuevo think tank se han agiornado mejor al discurso progresista, mientras que las personas que pertenecieron a la desaparecida organización quedaron indisolublemente atadas al desastre de la Transformación Educativa y a la conjunción de recortes presupuestales, negación de la participación, imposición pedagógica y persecución a docentes y estudiantes que la caracterizó. A pesar de ello, la primera aparición pública de la organización contó con conocidas personalidades responsables de fracasados intentos reformistas: el presentador del Libro Abierto de Eduy21 y la directora ejecutiva de Políticas Educativas de la pasada administración. Lo que llamó más la atención es que a ambas se sumó el nuevo presidente del Codicen, Pablo Caggiani. El mensaje ha desconcertado a los colectivos docentes que esperaban una distancia mayor con los enfoques economicistas que subyacen en la propuesta de Ágora.

De prevalecer el think tank sobre el programa, se contribuye a una espiral de desprestigio del sistema político. Hemos visto en nuestros vecinos las consecuencias de ese deterioro, que no queremos para Uruguay.

Evidentemente, el contenido de las bases programáticas va en sentido contrario al enfoque que tuvo en materia educativa el gobierno saliente; habrá que avanzar con pasos firmes para consolidar esta visión que en aspectos sustanciales coincide con la plataforma de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación.

Si seguimos las principales líneas de la historia de la educación en Uruguay, el pensamiento de sus grandes pedagogos y pedagogas, debemos educar para construir una democracia ampliamente participativa, en la que se mantenga, entre elección y elección, la presencia organizada de la ciudadanía en la resolución de los problemas del país, ya sea a través de las diferentes organizaciones sociales, de los partidos políticos o de la conjunción de ambos.

Desde el Codicen de la ANEP hemos insistido en la necesidad de la participación, especialmente de docentes, estudiantes y familias, para discutir y resolver los principales asuntos de la educación pública, concibiendo la presencia popular como el elemento político fundamental. Reivindicamos el Congreso de la Educación, la negociación colectiva real, la atención especial a los planteos emanados de las ATD y el diálogo con los gremios estudiantiles.

Detrás del descreimiento en la política como herramienta de transformación están al acecho los “expertos”, que se encargan de viabilizar “soluciones” supuestamente asépticas, pero que terminan burlando las aspiraciones populares; “consensos horizontales y soluciones verticales”, como ha denominado acertadamente el investigador Adrián Morchio en el libro Tramas discursivas en el campo educativo uruguayo, editado recientemente por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

De prevalecer el think tank sobre el programa, se contribuye a una espiral de desprestigio del sistema político. Hemos visto en nuestros vecinos las consecuencias de ese deterioro, que no queremos para Uruguay. Lo contrario es la política como articuladora de participación, en la que la ciudadanía organizada toma en sus manos los destinos de la sociedad y la transforma, para avanzar hacia la pública felicidad.

Es buena la búsqueda de acuerdos, pero no a costa de acallar las diferencias. Una sociedad democrática requiere debates más profundos, con amplia participación popular. “Para mí nada más lisonjero que los pueblos expresen su voluntad”: esta sentencia artiguista debe guiar nuestra acción.

Julián Mazzoni es consejero del Codicen de la ANEP electo por el colectivo docente.

Referencias