El vaciamiento rural sostenido sigue siendo un rasgo característico de la sociedad contemporánea al que Uruguay no ha escapado. El último censo 2023 ha dado a conocer recientemente que menos del 4% de nuestra población hoy habita el campo, al tiempo que el crecimiento demográfico explosivo en las ciudades no cesa. la diaria, en su amplia y detallada cobertura del proceso de transición gubernamental, recogió interesantes puntos de vista sobre el papel de la agricultura familiar en Uruguay. Realizó en este sentido muy interesantes entrevistas al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y al vicepresidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino.

La población rural ha descendido significativamente en las últimas décadas, lo que impacta también en departamentos que se han desarrollado fuertemente en base a la agricultura familiar tradicional en rubros clave como la producción hortícola, frutícola, lechera y vitivinícola, entre otras. Decía Beatriz Sarlo que campo y ciudad son palabras potentes y tienen una inmensa representación y significación para las comunidades humanas. La larga historia de los asentamientos humanos ha reconocido dicha conexión, muchas veces asumiendo que el campo era un ámbito inagotable de provisión de productos y recursos para la explotación de una civilización que ha ido incrementando los entornos urbanos en forma sostenida.

Pero en la actualidad la producción familiar tiene otros rasgos fundamentales que necesariamente deben vincularse con la necesidad de promover el cuidado de la naturaleza, el desarrollo sustentable, la política social y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, vaya si será una gran responsabilidad que exige compromiso estatal y gubernamental que trasciende a algo más de 81.000 personas y 15.000 explotaciones productivas (donde predomina la granja y también se destaca la lechería). Esa parte de la fotografía en general no se visualiza dentro de esa suerte de “caricatura del agro” de la que ha hablado el propio Fratti.

Todos esos procesos requieren instrumentos, normas y políticas que regulen, privilegiando la calidad de vida de las personas, sin perder de vista sus implicancias. Porque el contexto actual es preocupante y amenazante para la producción en menor escala y probablemente parte de la profundización del problema encuentre su explicación en que el gobierno saliente demoró cuatro años y medio de su gestión quinquenal para presentar un Plan Nacional de Agricultura Familiar. Eso sucedió recién en junio de 2024, y por supuesto que a la fecha es absolutamente imposible conocer si ha existido algún tipo de impacto de las 52 medidas anunciadas en aquel entonces. Más que medidas acotadas o parches coyunturales, es evidente que lo que hay que construir e implementar son políticas sostenidas, de mediano y largo aliento.

Otro error habitual en las distintas administraciones gubernamentales, además de caer en planes quinquenales (muchas veces “refundacionales”), es no visualizar la absoluta necesidad de robustecer las políticas en un marco interinstitucional de integralidad y con participación de los protagonistas. Allí también parece interesante el papel de un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que traccione y oficie de rector en algunos asuntos clave, pero en un marco de articulación con la política pública integral, con otros organismos y por supuesto con las entidades de fomento rural de base. Allí, además de capilaridad, hay un inmenso acervo y acumulado de saberes a capitalizar con participación. No es posible reconocer la importancia de la producción familiar en un plano meramente declarativo, es imperioso abonar acuerdos, articulaciones y acciones concretas para revertir las tendencias sostenidas que llevan décadas de rupturas en miles de familias y vaciamiento rural.

Es vital dar el impulso a la formación, innovación, diversificación, colaboración y participación como aspectos clave de la hoja de ruta de una agricultura familiar que ha enfrentado crecientes asimetrías.

La perspectiva territorial es clave para promover transformaciones que permitan modificar las persistentes brechas de desigualdad que son muy evidentes y desafiantes para el país y la región. En esa multidimensionalidad y complejidad, indudablemente es decisivo integrar acciones y procesos que impactan en el campo de lo social y lo ambiental, tanto desde la generación de conocimiento como desde la propia gestión política.

Los efectos sostenidos de una visión que ha privilegiado el crecimiento económico han tenido enormes consecuencias e impactos sobre la sociedad contemporánea, erosionando el ambiente a partir de procesos de acumulación económica, que además generan amplia exclusión e inequidad social a nivel de las personas. La lógica tradicional del sistema económico debe revertirse y ponderar enfáticamente la dimensión territorial. En ese desafío, es necesario replantear esquemas de gobernanza que articulen y establezcan otros marcos de referencia entre los distintos actores involucrados.

Es vital, por tanto, dar el impulso a la formación, innovación, diversificación, colaboración y participación como aspectos clave de la hoja de ruta de una agricultura familiar que ha enfrentado crecientes asimetrías sostenidas. Con el agravante de que se trata de un sector de enorme relevancia productiva e inmensa importancia social y ambiental en el desarrollo de Uruguay. Los anuncios o preanuncios de estas semanas alimentan la expectativa de mejorar la batería de respuestas para fortalecer capacidades y repensar un sector que requiere ser preservado con políticas de promoción diferenciada, asesoramiento y planes de formación e innovación, apoyos específicos y acceso a microcréditos para infraestructuras y equipamiento, entre otras acciones.

No es un desafío menor, ni menos importante, articular el papel de la agricultura y la producción alimentaria en una visión estratégica de desarrollo integral que, además de promover la mejora de las condiciones de vida en el medio rural, se involucre en forma articulada con la política social, el cuidado del ambiente y la soberanía alimentaria.

Es una buena noticia que se esté pensando en jerarquizar al MGAP. También es imperioso actuar rápido para empujar medidas que articulen y mitiguen la ininterrumpida concentración y extranjerización del campo uruguayo. Dichos procesos han trascendido los distintos períodos y perfiles de las colectividades que han estado al frente de la conducción del Poder Ejecutivo.

Es impostergable rescatar la función social y ambiental de la tierra en un contexto de aceleración económica que no ha preservado entramados fundamentales. Eso debe realizarse entre muchas acciones y programas orientados a revertir disparidades y brechas territoriales, por ejemplo, en materia de género y generaciones. Se trata de un reto grande y por tanto el esfuerzo deberá articularse con otros, ya que la atención a esta causa no admite la menor demora.

Martín Pardo es politólogo, magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales.