Algunas propuestas para una política nacional en ciencia, tecnología e innovación

Comienza un nuevo gobierno y sabemos que se está definiendo el rumbo que tomará en los próximos años. Queremos aportar, con humildad, algunos elementos en relación con las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Desde hace ya casi 20 años se ha ido configurando un consenso, al menos a nivel del discurso, sobre la importancia de la CTI para el desarrollo nacional. Muestra de ello fue la firma, por parte de todos los candidatos presidenciales en la elección de 2014, del compromiso de destinar el 1% del producto interno bruto (PBI) a esta área.

Sabemos que en estos 20 años han sucedido cosas, entre ellas la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Sistema Nacional de Becas y el Sistema Nacional de Investigadores. También el importante incremento presupuestal de la Universidad de la República (UdelaR), sobre todo en los gobiernos del período progresista, que permitieron, entre otras cosas, la fuerte expansión de la Udelar en el territorio y el aumento del número de docentes con Dedicación Total (DT).

Un momento especial sucedió durante la pandemia, cuando cientos de investigadores pusieron sus capacidades al servicio del bien común, protagonizando una valiosa experiencia colectiva de compromiso social y producción de conocimiento aplicada a una crisis nacional y global. Asesoraron al gobierno en políticas públicas, elaboraron y procesaron kits de diagnóstico, trabajaron en los más diversos problemas: desde el impacto psicológico de las medidas sanitarias hasta el seguimiento epidemiológico, desde el diseño y construcción local de aparatos que no teníamos hasta el acompañamiento a comunidades vulnerables. El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) fue la expresión más conocida de un esfuerzo diverso y efectivo.

Muchos creímos que esa experiencia tendría como consecuencia un apoyo redoblado del sistema político al desarrollo de la CTI en el país. Pero, una vez pasada la pandemia, volvimos a la realidad ya conocida: dificultades persistentes para sostener niveles mínimos de financiamiento, atrapados en una lógica de gestos simbólicos que reemplazan compromisos presupuestarios reales, y que obstaculizan la construcción de políticas públicas consistentes y sostenidas en el tiempo. Han pasado diez años desde aquel compromiso de los candidatos presidenciales y seguimos destinando a la CTI un porcentaje del PBI muy lejano de lo prometido. Los docentes de la Udelar, que son responsables de más del 75% de la producción de conocimiento del país, tienen salarios sumergidos. La DT, que es el principal instrumento de financiación de la investigación en el país, está desfinanciada.

Tenemos dificultades para incorporar innovación en el sistema productivo. En los últimos 20 años y a pesar de la cantidad de instrumentos dirigidos a la innovación en el país, siguen siendo muy pocas las empresas que innovan y las que lo hacen, como hace 40 años, son las grandes empresas y fundamentalmente de capital extranjero. Es un problema que debe ser abordado con políticas específicas que tomen en cuenta nuestra realidad. Tenemos grandes problemas en el lado de la demanda de conocimiento, que, salvo en ciertos sectores, es muy débil. Amplios agrupamientos productivos no tienen capacidad para expresar los problemas que los aquejan de modo que la investigación y la innovación contribuyan a enfrentarlos y solucionarlos. Experiencias valiosas para construir el tejido conjuntivo entre la oferta y la demanda de conocimiento, como el Centro de Extensionismo Industrial, fueron discontinuados. También tenemos problemas importantes en el lado de la oferta de conocimiento. Nuestra comunidad académica es aún pequeña y muy heterogénea, con áreas en las que tenemos acumulaciones importantes y otras muy débiles. Se requieren entonces políticas sostenidas en el tiempo que aborden ambos aspectos y la articulación entre ellos. Desde la Udelar también debemos asumir proactivamente nuestra parte: fortalecer los vínculos con el entramado productivo y social, diversificar nuestras estrategias de vinculación y formación, y superar inercias institucionales que dificultan una interacción más ágil, pertinente y sostenida con los actores sociales, culturales y económicos del país.

Durante los últimos 20 años hemos impulsado la formación de posgrado. Buena parte de los instrumentos creados y puestos en práctica van en esa dirección, en especial los sistemas de becas y los incentivos en la evaluación. Al mensaje “hagan posgrado”, miles han respondido. Pero no se planificó a la vez dónde trabajarían esas personas. Tenemos cada vez más personas altamente formadas y pocos lugares para insertarse y devolver al país, con la práctica de sus conocimientos, la enorme inversión social que su formación ha significado. En una persona con doctorado, la sociedad ha invertido al menos 27 años de educación (incluyendo maestría y doctorado), gratuita en el sistema público. Si hubo becas, se les pagó para ello. Es un enorme error de política pública no crear las condiciones para que esas personas aporten a la sociedad en aquello en que se formaron. Si no tienen opciones para hacerlo, se van a otros países o trabajan en temas que no tienen nada que ver.

Hay que dar señales claras y garantizar una política CTI de largo plazo, ajena a los vaivenes que tanto daño nos han hecho y nutrida con los aportes de la comunidad. Tenemos gente formada y con ganas; necesitamos rumbo y decisión política. En este marco, hacemos algunas sugerencias.

Necesitamos espacios –dentro y fuera de la academia– donde las y los jóvenes altamente formados puedan insertarse en cargos de alta dedicación, con salarios decentes, estabilidad y equipamiento. Habría que incorporar a las personas con formación avanzada en los ministerios, las empresas públicas y privadas, las intendencias. Ello implica crear los cargos y ajustar los incentivos para valorar la investigación en esos lugares. Motivarlos a usar sus conocimientos para mejorar procesos y productos en dichos espacios. La DT es un instrumento fundamental en este sentido. No debería suceder que personas altamente calificadas deban esperar, por falta de recursos, un año para ingresar. La formación docente y la Universidad Tecnológica deberían tener sistemas similares. Ello permitiría crear un sistema académico más diverso y sólido junto al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y las universidades privadas.

Necesitamos fortalecer áreas débiles en investigación. Un sistema robusto requiere mayor diversidad. Además, no sabemos qué nos depara el futuro. Esto implica no limitar la formación de recursos humanos a áreas prioritarias.

Necesitamos una base sólida en las ciencias básicas y, a la vez, enriquecer las agendas de investigación y de innovación con problemas nacionales que necesitan conocimiento propio, combinado con el que se genera en todas partes, para ser resueltos.

Necesitamos institutos de investigación con suficientes investigadores para generar conocimiento de alto nivel y aportarlo para estudiar grandes problemas y aportar a la política pública desde el conocimiento. Es un contrasentido que no tengamos institutos que aborden temas como el agua, la violencia, la desigualdad, el ambiente, la inserción internacional, por mencionar algunos. Pueden ser nacionales, de la Udelar o interinstitucionales, pero es fundamental su existencia y estabilidad en el tiempo.

Una ley podría destinar el 1% del monto de negocios anual de Antel, OSE, UTE o Ancap para financiar centros de investigación que se dediquen a generar los conocimientos necesarios para potenciar su propio futuro. Además de sus investigadores, podrían trabajar allí docentes con DT compartida con la Udelar.

Algo similar podría hacerse por rama productiva, con aportes de los privados. ¿Tiene sentido que no tengamos un centro que estudie en serio el efecto social, sanitario y económico de los transgénicos en una economía en cuyo PIB tienen un peso significativo?

Necesitamos un Sistema Nacional de Investigación estrechamente vinculado con el medio, que articule a todas las instituciones, aportando desde sus autonomías capacidades y diversidad.

La democratización del conocimiento, necesaria para un desarrollo con justicia social, implica más investigación y en todos los rincones de nuestra sociedad. Podemos hacerlo.

Gregory Randall es docente de la Facultad de Ingeniería y fue prorrector de Investigación de la Universidad de la República.