Las políticas ambientales del gobierno: un verde muy pálido

Han transcurrido dos meses de instalado el gobierno de Yamandú Orsi y en la temática ambiental no hay novedades sustanciales. Podría decirse que eso se corresponde con la postura del equipo presidencial de evitar anuncios rimbombantes para enfocarse en acciones concretas. Es entendible que no se quiera repetir la estrategia de la administración anterior de mucha publicidad y pocos resultados. Pero al iniciarse mayo, sería necesario que, al menos, se conocieran los contenidos claves de las políticas que se desplegarán y sus primeras acciones. Algunos ministros están en esa tarea –por ejemplo, José Carlos Mahía comparte sus visiones sobre la educación y la cultura y anuncia sus primeros pasos–, pero esto no ocurre en el ámbito del Ministerio del Ambiente.

Hasta ahora se escucharon declaraciones genéricas sobre la protección del ambiente, más negociaciones sobre el proyecto Arazatí y se confirmó una nueva Expo Uruguay Sostenible, un tipo de evento iniciado en el gobierno anterior por iniciativa del colorado Adrián Peña y cuestionado por ser parte del despliegue publicitario que cubría pocas acciones concretas.

Lo que podría ser el anuncio más concreto es la intención de ofrecer un bono de deuda externa vinculado a propósitos ambientales, según indicó la directora en cambio climático. Esos “bonos verdes”, con una larga historia en muchos países, se emplearon por primera vez en Uruguay en la administración de Luis Lacalle Pou. Aquel “bono verde” estaba condicionado a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la protección del monte nativo; el actual sería un “bono azul” que buscaría obtener financiamiento para la protección de las costas y mares de Uruguay.

Insistir en la deuda externa, pero revistiéndola de alguna medida ambiental, ha sido cuestionado por largo tiempo, tanto por razones financieras (al ahondarse el endeudamiento) como ecológicas (por las dudas y alertas sobre sus reales desempeños ambientales). Era una medida típica del gobierno anterior, ya que acoplaba la gestión ambiental a intereses financieros, pero que ahora se repita lo mismo es desconcertante. Si efectivamente se desea proteger las costas y las aguas nacionales, la medida más necesaria y urgente no está en vender bonos de deuda en los centros financieros, sino en detener la exploración y licitación de actividades petroleras, en controlar la pesca depredadora y en regular con efectividad el uso de la costa. Esas actividades tienen severos impactos sobre los ambientes y la vida marina, y además la explotación petrolera contradice los acuerdos internacionales en cambio climático, ya que al quemarse se generan más gases de efecto invernadero, en contradicción con los acuerdos internacionales que Uruguay firmó.

Aunque deberá verse cómo se implementará esa iniciativa o la expoferia, lo preocupante es que podría indicar dificultades en reconocer cuáles son las urgencias ambientales para el país, y las acciones en políticas públicas necesarias para enfrentarlas. Como el Ministerio del Ambiente no ha informado sobre sus posiciones ni indicado un plan de acción, es inevitable ese desconcierto.

Otros podrían argumentar que no pueden darse más detalles debido a las restricciones presupuestarias. Sin embargo, se pueden señalar muchas medidas que son urgentes y que no significan gastos para el ministerio, y cuya ausencia se extraña.

En el aspecto institucional, el actual Ministerio del Ambiente resultó de una fractura mal gestionada por el gobierno de Lacalle Pou (derivada de la partición del anterior ministerio compartido con vivienda), que resultó en financiamiento y competencias debilitadas. Por lo tanto, ahora, se debería anunciar pasos para terminar de ordenar su institucionalidad, como, por ejemplo, completar el traspaso de las unidades ambientales que persisten en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hacia la cartera ambiental (por ejemplo, la encargada de proteger el monte nativo).

En el frente ambiental no puede negarse que padecemos una crisis del agua, tanto por los problemas de contaminación como por las implicaciones de los vaivenes climáticos, y entre ellos los riesgos de una nueva sequía. Esto obliga a determinar cuáles son las medidas que se tomarán para detener la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía. La construcción de una represa en Casupá, o incluso en el arroyo El Soldado, necesitan agua limpia y no puede continuarse con los niveles de contaminación que se viven en toda esa cuenca. Esto, que resulta obvio, tampoco puede ser encarado repitiendo las medidas tomadas en el último gobierno del Frente Amplio, ya que no fueron efectivas. Por lo tanto, debería decirse cuáles son las medidas innovadoras para enfrentar esa contaminación.

Como cualquiera de esas acciones tomará algunos años, el país debe tener listo un plan de emergencia en caso de que nos golpee una nueva sequía. No pueden repetirse las desprolijidades padecidas en 2023, cuando Montevideo se convirtió en la primera capital del mundo en quedar sin agua potable. El papel del Ministerio del Ambiente es clave no solamente por las medidas que pueda tomar, sino por su vínculo directo con OSE. Estas instituciones deberían elaborar un plan para enfrentar una sequía, con medidas sucesivas si la situación va empeorando (por ejemplo, cuáles actividades deberían suspenderse para ahorrar agua, cómo asegurar la potabilidad, etcétera). Al mismo tiempo, es inaceptable que otra vez se esquive el drama de las pérdidas y fuga de agua potable en la red de OSE. Se impone presentar un plan sistemático de reparaciones. ¿O se construirá una nueva represa para inyectar agua en una red de cañerías donde se pierde casi la mitad?

En este frente, la administración Orsi anunció renegociar el contrato firmado por la presidencia de Lacalle Pou con un consorcio empresarial para la planta en Arazatí. Lo llamativo es que no se parte de señalar que ese contrato es nulo al violar la Constitución, ya que privatiza la toma y provisión del agua. En cambio, las actuales autoridades repiten que, al final de cuentas, cumplirán ese acuerdo, cercenando sus propias aspiraciones.

En las tareas cotidianas del Ministerio del Ambiente se necesita varias reformas. Entre las más urgentes están los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, sea en la información y participación ciudadana como en la metodología para sopesar los impactos ambientales (los grandes proyectos en hidrógeno verde exigen mejores evaluaciones), y la reinstalación de las comisiones mixtas de asesoramiento ministerial en políticas y gestión ambiental, el manejo del agua y otras. Ese tipo de acciones no implica un gasto presupuestario, y se extraña que nada se anunciara.

El balance final es que en estos meses se escucharon discursos verdes, a su vez enmarcados en un prometido cambio de rumbo, pero que, por ahora, la gestión es de un verde tan pálido que no puede saberse la dirección que tomará.

Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en el Centro Latino Americano de Ecología Social.