Cuando el diálogo se convierte en política de Estado

El diálogo nacional convocado por el Poder Ejecutivo para avanzar en mejoras al sistema de protección social de Uruguay está dando sus primeros pasos. Esta convocatoria fue un compromiso electoral, fundado en la necesidad colectiva de transitar hacia un sistema más justo, equilibrado y contemplativo de la realidad actual.

El gobierno ha planteado que este diálogo no tiene ambiciones refundacionales. Esa será también la tónica de la participación del Frente Amplio como fuerza política, lo que no significa que se renuncie a discutir o proponer cambios que mejoren el sistema vigente. De hecho, los temas que formarán parte del debate no estarán planteados únicamente por el Poder Ejecutivo, sino que podrán ser puestos a consideración por cualquier organización política, social o académica.

Este es uno de los elementos que distinguen al diálogo que se propone. La concepción del gobierno sobre esta instancia no es de un sistema cerrado, donde se otorgan audiencias a modo testimonial. El diálogo implica precisamente estar abierto a recibir otras propuestas, a intercambiar, debatir y llegar a acuerdos. Acuerdos que deberán ser lo más sólidos posible para hacerlos duraderos en el tiempo.

Voy a poner un ejemplo muy claro en la dirección de lo que estoy planteando. En 2007, el gobierno del Frente Amplio decidió convocar a un diálogo social para discutir y acordar cambios en el sistema de seguridad social. Fue un diálogo que contó con la participación de la sociedad civil y los partidos políticos. La reforma, que surgió de ese diálogo, fue votada casi unánimemente en el Parlamento y sus efectos principales se mantienen hasta hoy. Incluso se mantuvieron luego de la reforma de 2023. El sustento que el sistema político y la sociedad le dan a una reforma es fundamental para garantizar la estabilidad y predecibilidad del sistema.

Además, este nuevo diálogo social tiene otra característica esencial que lo diferencia de la Comisión de Expertos creada por la ley de urgente consideración (LUC). Existe una diferencia, que puede parecer sutil pero es muy relevante, entre régimen previsional, seguridad social y protección social. Mientras que el primero hace referencia exclusivamente al sistema de jubilaciones y pensiones, la seguridad social incluye también subsidios por inactividad compensada (como el seguro de desempleo o por enfermedad), por maternidad y paternidad, entre otros. La protección social, en cambio, contiene a la seguridad social pero también le agrega elementos que se vinculan con el ciclo de vida de una persona de manera más integral: el acceso a la salud, a los cuidados, a la educación.

Y este es el camino que el gobierno ha decidido tomar: no quedarse solo en lo previsional, que por cierto es muy importante, sino considerar todo el ciclo de vida de las personas. Es decir, tener una mirada más amplia sobre factores que tienen una importancia decisiva en las trayectorias vitales.

Seguramente la mayoría compartimos que existen asignaturas pendientes cuando pensamos en un análisis de este tipo. Algunos pensarán en la asistencia a la niñez, y estarán en lo correcto. Otros pensarán en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, como forma de reducir desigualdades y fomentar el desarrollo personal, y también tendrán razón. Alguien pensará en el cuidado de las personas con dependencia, otros en el apoyo a las personas con discapacidad. Y todas y todos estarán en lo cierto.

Estas son solo algunas de las áreas que necesitan atención y que exigirán creatividad, apertura y mucho diálogo para alcanzar acuerdos sostenibles. Pero al mismo tiempo, son áreas impostergables.

Asimismo, la sostenibilidad financiera de los sistemas que están y estarán sometidos a tensiones por el acceso a recursos será un factor omnipresente. Nuevamente, allí será necesario pensar en esquemas que permitan asegurar derechos. Porque, como todas y todos sabemos, los derechos nos obligan. No es opcional definir si se accede a ellos o no.

Cuando hablamos de derechos en abstracto, o incluso de calidad de vida, un concepto quizás más palpable, estamos hablando de tener jubilaciones que permitan llegar a fin de mes sin estar acuciados por préstamos y deudas. Hablamos de poder gozar del retiro, con la libertad de permitirse no trabajar hasta que el cuerpo no dé más. Hablamos de que niños y niñas puedan acceder desde edades tempranas a una educación de calidad, permitiendo a una madre, un padre, pero sobre todo a las madres, destinar tiempo a su desarrollo personal y profesional.

En definitiva, este es el comienzo de un proceso que, en algunos meses, deberá traducirse en un proyecto de ley a ser discutido en la Cámara de Representantes. Será entonces cuando podamos incidir, de forma directa y concreta, en la vida de las personas. Porque cuando el diálogo se convierte en política de Estado, no solo se construye el futuro: se fortalece la democracia.

Sol Maneiro es diputada del Frente Amplio.