Eso que llaman amor: apuntes sobre cuidados y derecho a la educación

De acuerdo a los resultados de la última encuesta de uso del tiempo¹ de nuestro país, las mujeres asumimos una mayor carga de trabajo global (horas dedicadas al trabajo remunerado y al no remunerado) en comparación con los varones. Esta desigualdad genera que la interrupción de las trayectorias educativas y la vulneración del derecho a la educación que sufren muchas personas recaigan fundamentalmente en las mujeres, tanto adolescentes como adultas.

El trabajo no remunerado está compuesto por cuatro actividades: el trabajo doméstico en el hogar, el trabajo de cuidados que involucra tareas de sostenimiento de la vida de otras personas, el trabajo que se brinda a otros hogares y el trabajo voluntario hacia la comunidad. Las tasas de participación y promedio de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado en función del sexo y la edad, en todos los niveles socioeconómicos, son siempre más altas para las mujeres: en promedio, 14 horas semanales más. La situación se agrava en el caso de las mujeres que residen en el interior del país.

Particularmente, en el caso de los cuidados, casi el 46% de las mujeres realizamos esta tarea, mientras que para los hombres el porcentaje desciende a 32,4%. Tomando en cuenta las diferentes poblaciones que reciben cuidados, en todas ellas las mujeres presentamos mayores tasas de participación. En cuanto al cuidado infantil, participamos 73% de las mujeres –dedicando 17,8 horas semanales a ello–, frente al 48,6% de participación masculina y un promedio semanal de 13 horas. Las mayores brechas se encuentran en el cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años, donde las horas que destinan las mujeres duplican las que destinan los hombres. Estas brechas son considerablemente mayores en el interior del país que en Montevideo.

En nuestra cultura está instaurado que los cuerpos preparados para parir están destinados a ocuparse de los cuidados y del hogar. El reduccionismo biologicista ha sido históricamente el sustento de esta asignación. Esta idea lleva a naturalizar el acto de maternar (en sentido literal y no tanto) que se percibe como inherente a la naturaleza femenina y que está, además de normalizado, romantizado.

Como señala Silvia Federici en Reencantar el mundo (2020): “En ausencia de un salario, el trabajo doméstico se naturalizó tanto que para las mujeres fue difícil luchar contra él sin experimentar un enorme sentimiento de culpa y exponerse al maltrato. [...] no sólo lo personal es político, sino que la división privada/pública es un ardid que mistifica el trabajo gratuito de las mujeres como ‘trabajo por amor’”.

Federici es una de las más reconocidas teóricas del feminismo que impulsan desde la década del 70 la reivindicación de un salario justo para las mujeres que han asumido el trabajo doméstico sin percibir ninguna retribución. A ella debemos la frase “eso que llaman amor es trabajo no pago”, que constituye una idea central de su obra y activismo. Con este planteo, la autora busca combatir la invisibilización de los cuidados y resaltar su importancia, tanto social como económica. Plantea una crítica al capitalismo, dado que las emociones, los afectos y la solidaridad son utilizados para justificar la falta de reconocimiento y la ausencia de remuneración del trabajo de cuidado.

Esta desvalorización de las tareas de cuidado, fundamentada en lógicas de género arraigadas, es una fuente estructural de desigualdad de género. En este sentido, es importante precisar que más del 11% de los hogares de Uruguay son monomarentales, frente al 2% de hogares monoparentales masculinos. Las cifras son elocuentes y aun así no llegan a reflejar las realidades de las mujeres que sostienen hogares en situación de precariedad laboral y en muchos casos con varias personas a su cargo. Sin reconocer esto, no podremos hacer frente a la crisis que sigue repercutiendo negativamente en diversos aspectos de nuestro desarrollo.

Ante esta realidad, son necesarias políticas de Estado que permitan el desarrollo personal y profesional de quienes cuidan, pues es evidente que la sobrecarga de tareas de cuidado afecta tanto las trayectorias educativas como el desempeño laboral. La insuficiencia de políticas al respecto genera en la población femenina una sensación de soledad a la hora de enfrentar el problema de los cuidados. El paliativo individual ha sido la posibilidad de disponer de apoyo familiar, en tanto que las iniciativas colectivas han partido de las propias mujeres organizadas.

Los cuidados como asunto y como objeto de políticas públicas tienen un tratamiento relativamente reciente en la región, y si bien ha habido un incremento de la conciencia sobre la necesidad de que el Estado apoye y aporte soluciones colectivas en esta materia, el sistema de cuidados sigue siendo ineficaz y parece exclusivamente discursivo.

En las bases programáticas de la fuerza política que está actualmente en el gobierno se entiende la educación “como un derecho humano para todas las personas durante toda la vida”. Para garantizar el derecho a la educación, en línea con estas bases, buscando mejorar la experiencia educativa desde una perspectiva integral e inclusiva basada en los derechos humanos, es necesario desromantizar las tareas de cuidado e impulsar cambios para una transformación cultural que contribuya a la autonomía y emancipación de quienes cuidan: pensar los cuidados como un derecho.

A modo de ejemplo, la Universidad de la República ha avanzado en el compromiso con la corresponsabilidad y la igualdad concretando, en algunas facultades, espacios de recreación y cuidados para las infancias, tanto en modalidad permanente como vacacional.

En la esfera de la educación secundaria, desde 2017 existen espacios de cuidados para hijas e hijos de estudiantes a partir de una experiencia piloto y como parte de un convenio entre el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). No obstante, esta importante experiencia no ha tenido la progresividad esperada, ya que existen sólo seis centros en todo el país, cifra que, a la luz de la realidad reflejada en la encuesta referida anteriormente, resulta claramente insuficiente. Son servicios socioeducativos cercanos a centros educativos de ANEP (liceos y UTU) y brindan soluciones en horarios en que los centros de atención a la infancia no poseen cobertura. Constituyen ambientes educativos y de cuidados para favorecer el desarrollo integral, la promoción y ejercicio de los derechos de niñas y niños de hasta 5 años, hijos e hijas de personas que estudian en el liceo o UTU. El horario es de cuatro horas diarias, debiendo establecerse de acuerdo con los días y horarios en los cuales sus madres y padres asistan a clases.

La universalización de este tipo de espacios sería una pieza clave en la búsqueda de igualdad de oportunidades, ya que se trata de la primera acción concreta desde el Estado que considera la problemática de cuidados en las realidades del estudiantado. De esta forma, no sólo mejoran sus posibilidades de asistir, sino también sus condiciones de aprendizaje y las del grupo, así como el bienestar de niñas y niños.

Para la necesaria ampliación de estas experiencias, así como de otras que puedan construirse colectivamente, es imprescindible la asignación presupuestal correspondiente que permita replicar estos espacios por diversos barrios y localidades. Por otra parte, también es necesario atender otras situaciones: la de quienes se desvinculan del sistema educativo pues deben asumir los cuidados no sólo de infancias, sino también de personas adultas a su cargo o en situación de discapacidad. Además, se debería contemplar la posibilidad de incluir como beneficiarias a las estudiantes de Formación en Educación y a las trabajadoras de la educación, quienes representamos en promedio el 75% del personal tanto docente como no docente.

Estamos en un año clave, con la discusión del presupuesto quinquenal, expresión político-financiera de un programa de gobierno que habla de “un país que asume la perspectiva interseccional de género como transversal e integradora”. Paralelamente, en sentido ideológico, vivimos un retroceso a nivel internacional y regional respecto de la construcción de espacios de igualdad. En este tema el avance de la derecha se ha traducido en cuestionamientos a los logros obtenidos; en particular, se ha puesto en tela de juicio la Ley 19.580 sobre violencia basada en género.

Frente a este contexto, ya no basta con cuestionar los mandatos culturales respecto a los roles de género; desde el Estado se deben proporcionar las herramientas para transformar las realidades de las mujeres que cargan históricamente con el peso de los cuidados, postergando su desarrollo intelectual y profesional.

Nos encontramos en un punto en el que instalar la noción de “cuota de género” y “tender a la paridad” desde la normativa y el discurso no es suficiente. Es fundamental el compromiso político, no sólo en lo discursivo sino con la puesta en práctica de medidas concretas y destinando los recursos necesarios para disminuir la brecha de género y cuidar a las poblaciones vulnerables. Es impostergable un posicionamiento claro y contundente del gobierno a nivel presupuestal; sólo así podrán producirse cambios reales para que verdaderamente podamos educarnos y educar en las mismas condiciones, desarrollar nuestras actividades y carreras profesionales, y construir una sociedad más justa e igualitaria.

Leticia Tellechea es profesora de Historia egresada del IPA y profesora adscripta. Actualmente trabaja en el liceo nocturno de Joaquín Suárez e integra el equipo del consejero electo Julián Mazzoni en el Codicen.