Los taxis han sido históricamente una opción clave de movilidad urbana, al ofrecer rapidez y comodidad para quienes necesitan desplazarse sin depender del transporte público. Sin embargo, en los últimos años, esta alternativa se ha vuelto cada vez más inaccesible para una parte significativa de la población.
El costo de los taxis ha aumentado considerablemente, y se han convertido en un lujo más que en un servicio esencial para muchos ciudadanos. A esto se suma la falta de disponibilidad en horarios pico y zonas de alta demanda, lo que obliga a los usuarios a recurrir a opciones más costosas o menos seguras.
Además, persisten barreras de accesibilidad para personas con discapacidad. Por ejemplo, la mampara divisoria –instalada como medida sanitaria– se convierte en un gran limitante para quienes tienen movilidad reducida, ya que obliga a los pasajeros a flexionar las rodillas de manera incómoda y a veces dolorosa.
La falta de políticas claras también restringe el acceso al uso de taxis. Por ejemplo, el subsidio vigente, que cubre 41 fichas diurnas, sólo puede utilizarse para ir a hospitales y centros de salud, excluyendo otros destinos cotidianos igualmente importantes como centros educativos, espacios de trabajo o actividades recreativas. Esto demuestra una concepción limitada del derecho a la movilidad y refuerza la exclusión.
Por otro lado, de los 4.000 móviles que circulan en Montevideo, sólo tres están habilitados para el traslado de personas con discapacidad. Esta cifra resulta alarmante y evidencia un retraso estructural en la inclusión dentro del sistema de transporte.
La creciente competencia con aplicaciones de movilidad ha transformado el panorama del transporte urbano, afectando la disponibilidad y las tarifas de los taxis tradicionales. Este fenómeno ha generado una percepción extendida –y justificada– de que los taxis son cada vez menos accesibles para la población en general.
¿Cómo hacer que sean una alternativa real de transporte para personas con discapacidad, adultos mayores o quienes no pueden utilizar el transporte público?
Este problema no es exclusivo de Montevideo. En muchas ciudades del mundo, los taxis han perdido presencia frente a plataformas digitales, lo que ha traído desafíos similares: menor regulación, pérdida de incentivos de accesibilidad y una marcada fragmentación del servicio. Estos efectos, si no se abordan con políticas adecuadas, pueden terminar debilitando el carácter público del transporte.
Ante este escenario, surge la necesidad urgente de debatir soluciones: ¿cómo garantizar que los taxis sigan siendo una opción viable para todos? ¿Cómo hacer que sean una alternativa real de transporte para personas con discapacidad, adultos mayores o quienes no pueden utilizar el transporte público?
Algunas posibles medidas incluyen subsidios más amplios y flexibles para poblaciones vulnerables, una regulación tarifaria más justa, incentivos para adaptar vehículos y la implementación de políticas de accesibilidad que acompañen de forma efectiva la diversidad de necesidades. Además, es fundamental establecer metas concretas de cobertura accesible y monitorear su cumplimiento para evitar que estas promesas queden en el papel.
El transporte debe ser un derecho, no un privilegio. Y ese derecho debe estar sostenido por decisiones políticas ambiciosas, inclusivas y sostenidas en el tiempo. Si queremos una ciudad verdaderamente equitativa, necesitamos dejar de ver la accesibilidad como un lujo opcional y asumirla como una responsabilidad compartida por el conjunto de la sociedad.
Nicolás Tauber es estudiante universitario.