Eduardo Viera tuvo que renunciar a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización el 29 de mayo, y ahora se reclama que Álvaro Danza renuncie a la presidencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En ambos casos, desde la oposición se ha invocado el artículo 200 de la Constitución, donde dice que “los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados” no pueden “ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a [la] que pertenecen”. Con independencia del análisis de cada situación personal, estos episodios son una oportunidad para profundizar sobre el sentido y la pertinencia de la norma constitucional.

Doble rasero

El artículo 200 de la Constitución busca evitar el conflicto entre el interés personal y el público, llamado “implicancia” en Uruguay, que puede afectar la imparcialidad en la toma de decisiones. Otras normas de menor rango apuntan en la misma dirección, con base en la convicción muy arraigada de que así se contribuye a que la gestión de gobierno busque “el interés general”.

Sin la menor intención de proponer o justificar que se viole la Constitución, cabe señalar que en ella y en otras normas se aplica un criterio distinto para algunos organismos estatales. El directorio del Banco de Previsión Social tiene integrantes electos para representar a “los afiliados activos”, “los afiliados pasivos” y “las empresas contribuyentes”. En el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) hay quienes fueron elegidos para representar al personal docente; lo mismo ocurría hasta hace cinco años en los consejos por rama y el actual gobierno quiere que vuelva a ocurrir.

En el propio directorio de ASSE hay representantes del funcionariado. En la Junta Nacional de Salud los hay de las empresas que prestan servicios y de quienes trabajan en ellas.

Por otra parte, y sin que ninguna norma lo disponga o lo prohíba, es frecuente que los ministerios sean asignados a personas directamente vinculadas con el área de actividad correspondiente. No hace mucho tuvimos incluso como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca a Carlos María Uriarte, quien no sólo tenía una larga trayectoria en el sector agropecuario y sus gremiales, sino que además afirmó, pocos días después de asumir, que su función era “transmitir las necesidades y opiniones de los productores y tratar de que sus intereses [fueran] considerados” en las medidas de gobierno.

En todos los casos mencionados y en otros, quienes dirigen organismos del Estado tienen “profesiones o actividades que, directa o indirectamente”, se relacionan con esos organismos. Convivimos con ideas contrapuestas sobre la implicancia, que nos parece conveniente para algunas tareas de gobierno e inaceptable para otras.

Pistas preliminares

El asunto es complejo y espinoso, entre otras cosas, porque la representación de intereses sectoriales en el Estado es típica de la doctrina fascista, pero esto no significa que la ausencia de tal representación sea un componente necesario de la democracia. De hecho, y con independencia de lo que planteen en teoría, el fascismo y otros regímenes autoritarios se atribuyen la capacidad de definir por sí mismos cuál es el bien común, e imponérselo al conjunto de la población sin tener en cuenta sus opiniones al respecto. Es aquello de “¡alemán, no pienses, el Führer piensa por ti!”.

No cabe la menor duda de que en una sociedad democrática se debe impedir y sancionar el uso de los lugares de conducción del Estado para el beneficio individual de quienes los ocupan, pero la definición del interés colectivo se construye colectivamente, con la participación de una gran diversidad de puntos de vista, y el desarrollo histórico de las relaciones sociales la va cambiando.

De hecho, ha sido muy positivo para la democracia uruguaya que organizaciones de la sociedad civil, en vez de limitarse a plantear reivindicaciones sectoriales, elaboren y defiendan propuestas programáticas en escala nacional, como lo hacen, por ejemplo, el movimiento sindical y las cámaras empresariales. A partir de propuestas articuladas, el diálogo y el conflicto son más fecundos.

Quienes nos dedicamos al periodismo no tenemos responsabilidades de gobierno (o no deberíamos tenerlas), pero conocemos cuán problemático es el intento de ser imparciales. La objetividad está fuera de nuestro alcance como seres humanos, impregnados de una ideología que incide en la percepción de lo que es importante, la búsqueda de fuentes, la comprensión de los datos, la elección de palabras y todas las demás tareas cotidianas que nos ocupan.

Lo que importa es que tratemos de conocer cómo funciona nuestro pensamiento, que es la herramienta básica del oficio. Que reflexionemos en forma individual y colectiva sobre lo que hacemos, muy especialmente junto con personas que piensan distinto, y que no nos engañemos ni intentemos engañar a nadie con un ideal de neutralidad que nos queda grande.