Presentada la Ley de Presupuesto Quinquenal, las primeras reacciones ya exhibieron críticas, dispares y aun superfluas, desde la oposición. Tras los comentarios de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, inmediatamente algunos legisladores blancos y colorados sostuvieron que estas contravenían la verdad, lo que implica un engaño al electorado. En un sistema de partidos altamente competitivo, dichas manifestaciones no sorprenden; podría afirmarse, incluso, que son constitutivas de una práctica política corriente y naturalizada de todo sistema político en el marco de las democracias liberales.
No obstante, es necesario formular algunas precisiones para comprender las dinámicas del sistema y las estrategias de todos los partidos políticos, de izquierda a derecha. En primer lugar, corresponde diferenciar el programa del plan de gobierno, y este de las políticas públicas efectivamente aplicadas. Se entiende que un programa despliega el arsenal de aspiraciones de una fuerza política, así como proyecta las metas de medio y largo plazo, como resultado de discusiones y debates que son necesariamente fruto del consenso obtenido después de un largo e intrincado proceso de definiciones. Esto es, los lineamientos programáticos procuran esclarecer y brindar a la ciudadanía, tanto la visión de país –a partir de ciertos marcos interpretativos, ideas fundantes y valores jerarquizados– como los objetivos, desde un diagnóstico particular de cada campo de asuntos o problemas.
En segundo lugar, el plan de gobierno plasma, con mayores grados de especificidad y concreción, lo que un partido político intentará aplicar en caso de acceder al poder y al control de los recursos del aparato estatal. Para el caso del gobierno frenteamplista, se trata de los compromisos asumidos y declarados con metas explicitadas en el documento presentado en Colonia en setiembre de 2024. Esto es, lo que –en otras palabras– la actual administración procurará realizar durante su mandato, por tanto, son aquellos objetivos y prioridades contra las cuales efectivamente se debiera comparar la gestión de gobierno.
En tercer lugar, las políticas públicas se diseñan e implementan informadas por aquel plan de gobierno, pero no resultantes ipso facto o linealmente según las definiciones previas. Las razones que lo explican son múltiples: el contexto y la coyuntura socioeconómica condicionan la paleta de opciones; los procesos de negociación dibujan los límites y alcances de cada medida; las capacidades de gestión son diversas y afectan las posibilidades de los agentes de decisión; por último, las variables externas cuyo control está fuera del dominio nacional influyen en el resultado final. Las políticas públicas efectivamente diseñadas y aplicadas no son exactamente iguales al plan de gobierno y, además, se procesan en plazos más dilatados y, consecuentemente, están sujetas a modificaciones de diverso calibre a lo largo de todo el período.
La Ley de Presupuesto Quinquenal no implica giros radicales o relevantes respecto del período anterior, más allá de que introduce ajustes o recalibraciones en la estructura tributaria.
En este sentido, las 63 prioridades marcadas y explicitadas en abril de 2025 desde la Secretaría de Presidencia suponen la instrumentación de las respuestas a las demandas y necesidades identificadas a partir del diálogo y el intercambio con las organizaciones sociales, en el marco del plan de gobierno y los lineamientos programáticos establecidos y acordados. Asimismo, la hoja de ruta trazada habilita su monitoreo y seguimiento casi en tiempo real, lo que efectivamente resulta ser la tarea de la agencia especializada cuyo cometido es precisamente aquel de advertir los desvíos, dificultades y resultados según indicadores predeterminados.
Por último, la Ley de Presupuesto Quinquenal enviada al Parlamento configura el armazón jurídico y financiero del plan de gobierno y cuyo tratamiento implica, asimismo, la discusión y la negociación con los partidos de la oposición. Al decir de Aguilar Villanueva (1992), “una política es en un doble sentido un curso de acción: es el curso de acción deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido. No sólo lo que el gobierno dice y quiere hacer. También lo que realmente hace y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos y sociales, más allá de sus intenciones”.
Desde una mirada global y considerando las declaraciones del oficialismo, el proyecto de ley recoge las prioridades fijadas oportunamente. Aun cuando resta todo el proceso parlamentario, es previsible que se apruebe sin modificaciones sustanciales. Por otra parte, desde una vista superficial y sin entrar en detalles, no se visualizan cambios o novedades relevantes, lo que podría conducir –sin mayores traumas ni renunciamientos– a su aprobación definitiva. Tal vez sean los aspectos tributarios los que provoquen mayores confrontaciones entre el oficialismo y la oposición. El aumento de las asignaciones presupuestales a la protección social en general y particularmente referidas a la atención de las infancias no parece que vaya a ser objeto de divergencias o desencuentros, porque aun reconociendo el incremento de las partidas, denotan una continuidad programática con el anterior gobierno.
En síntesis, y a cuenta de análisis profundos, sobre todo de aquellos contenidos en el campo de las políticas de protección social, se podría sostener que la Ley de Presupuesto Quinquenal no implica giros radicales o relevantes respecto del período anterior, más allá de que introduce ajustes o recalibraciones en la estructura tributaria. En el transcurso de las próximas semanas se habrán de develar los acuerdos básicos, así como las divergencias políticamente significativas.
Christian Adel Mirza es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.