La consigna “No más sangre por petróleo” (No Blood for Oil) ha resonado en manifestaciones contra la guerra en Estados Unidos y Europa durante décadas. Este eslogan básico cristaliza una idea muy enraizada entre quienes defienden la paz y se oponen al imperialismo: que las grandes potencias libran guerras por el control de recursos naturales. La captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump parecería encuadrarse de forma perfecta en esta perspectiva. Sin embargo, la lógica detrás de la intervención estadounidense en Venezuela revela algo más complejo que la simple extracción de recursos. Comprenderla exige ir más allá de la narrativa del siglo XX sobre el (neo)colonialismo y el control de los yacimientos petroleros que todavía domina el análisis de gran parte de la izquierda latinoamericana y mundial sobre la economía y la política internacional.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha disipado la ambigüedad. En declaraciones a NBC News manifestó: “No permitiremos que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por opositores de Estados Unidos”, nombrando de forma específica a China, Rusia e Irán. El hemisferio occidental, aclaró, “nos pertenece”. Ese es el claro y conciso lenguaje de la confrontación geopolítica. Venezuela importa porque se ha convertido en una de las “regiones estratégicas” de China en América Latina, un concepto emitido por Beijing que Washington ha llegado a considerar el principal desafío a su dominio en la región. China ha extendido aproximadamente 106.000 millones de dólares en préstamos a Venezuela desde el año 2000, convirtiendo al país caribeño en el cuarto receptor de crédito oficial a nivel global. Esa dependencia financiera y la creciente influencia china en la región son las principales razones de la intervención estadounidense, no el petróleo en sí.

Las características materiales del crudo venezolano complican aún más cualquier simplista narrativa de extracción. Tres cuartas partes de las reservas, de aproximadamente 300.000 millones de barriles, consisten en crudo extrapesado del Orinoco: bituminoso, viscoso, fuertemente azufrado, y prohibitivamente caro de extraer y refinar. Las grandes empresas transnacionales del petróleo construyeron las complejas refinerías de la costa del golfo estadounidense específicamente para procesar ese tipo de crudo, pero a precios realistas a largo plazo los números contables son deprimentes. Cuando el precio del petróleo alcanzó su pico, entre 2005 y 2014, Venezuela infló sus “reservas probadas” en papel a través de cálculos optimistas y poco creíbles, que han colapsado desde entonces. Actualmente, con la capacidad institucional erosionada por la desinversión y las purgas de sus mejores técnicos por razones políticas, la reconstrucción de la industria petrolera venezolana exigiría 185.000 millones de dólares durante casi dos décadas y constantes inyecciones de capital, improbable bajo cualquier transición ordenada.

Los reclamos arbitrales de ExxonMobil y ConocoPhillips, que presumiblemente van a ser utilizados por Washington como armas legales, añaden capas de complejidad jurídica y financiera. Estos casos descansan en 45.000 millones de dólares en daños por reestructuración de contratos en décadas precedentes, a pesar de que el Congreso de Estados Unidos reconoció inequívocamente los derechos soberanos de Venezuela. La invocación de Trump al “petróleo estadounidense robado” resucita intentos de recuperación de pérdidas privadas como política estatal.

La consigna que ha acompañado décadas de lucha antibelicista –"no más sangre por petróleo" –sigue siendo en esencia válida, pero exige ser actualizada para capturar cómo opera el imperialismo en tiempos de rivalidad multipolar.

Lo que importa es la desviación de suministros y forzar a Beijing a competir por fuentes alternativas en términos desventajosos. Actualmente, Venezuela exporta aproximadamente 600.000 barriles diarios a China. Las refinerías estadounidenses consumían dos millones diarios a fines de los años 90. Incluso ahora, el crudo venezolano representa menos del 4% del consumo total de petróleo de China. Redirigir las cadenas de suministro forzaría a Beijing a obtener crudo en otro lado a precios más altos, en una era en la que ambas superpotencias compiten por bajar los costos de la energía como fundamento de la competitividad industrial.

Esta es la apuesta de Trump: no simplemente extraer riqueza del suelo venezolano, sino prevenir que un rival estratégico acceda a fuentes de energía, mientras asegura el suministro a las refinerías estadounidenses concentradas en estados de su país políticamente leales, apuntalando a una industria que sostiene tres millones de empleos a pesar de emplear sólo 80.000 trabajadores de forma directa. El sector de las refinerías ostenta el factor multiplicador de empleo más alto de cualquier industria estadounidense: cada empleo directo sustenta 45 adicionales.

Cuando el Frente Amplio uruguayo –al igual que muchos otros partidos y movimientos de izquierda de la región– condenó la invasión de Estados Unidos en Venezuela, acusando a Washington de pretender “disponer de los recursos estratégicos” de ese “país hermano”, apuntaba (probablemente no de forma intencional) hacia esta realidad: el hegemón imperial no simplemente busca extraer, sino controlar los términos en que otros países pueden acceder a recursos vitales. La consigna que ha acompañado décadas de lucha antibelicista –“no más sangre por petróleo” –sigue siendo en esencia válida, pero exige ser actualizada para capturar cómo opera el imperialismo en tiempos de rivalidad multipolar.

La vieja crítica antiimperialista captura algo real, pero sigue siendo incompleta. La vieja competencia entre potencias rivales por el acceso a recursos naturales sigue siendo una característica esencial del capitalismo contemporáneo, pero la situación actual de Venezuela emana menos de la simple hambre de recursos que de la subordinación geopolítica en un sistema multipolar fragmentado, en el que el control sobre los flujos de recursos importa tanto como la extracción en sí. Una potencia hegemónica en declive e incapaz de competir a través de apalancamiento financiero recurre a la coerción militar directa. Que la intervención militar venga envuelta en reclamos sobre derechos de propiedad a escala hemisférica y restauración de activos nacionales supuestamente robados muestra cómo el imperialismo se adapta en lugar de desaparecer. Comprenderlo exige mayor profundidad, centrando el análisis en la intersección de la competencia estratégica, el apalancamiento financiero y el colapso institucional, no simplemente ecuaciones de suma y resta de sangre y barriles.

A través de la Delta Force de su ejército, Washington envía un mensaje a China, Rusia, Estados Unidos y toda América Latina: el hemisferio occidental sigue siendo su esfera de influencia, los rivales pagarán por cualquier intento de disputa del control y el poderío militar importa más que el peso económico. Que el mensaje requiera bombardeos y secuestros revela su fragilidad subyacente.

Daniel Chávez es antropólogo y economista político uruguayo, profesor en la Universidad del País Vasco, fellow del Transnational Institute en Ámsterdam, e investigador principal del proyecto S-OIL del European Research Council focalizado en el futuro de los países dependientes del petróleo en el Sur global.