Por iniciativa del diputado nacionalista Pablo Abdala, la comisión Permanente del Poder Legislativo decidió convocar al ministro del Interior, Carlos Negro, para que informe sobre el estado actual de la seguridad pública y presente cifras de la evolución de los delitos. Abdala sostuvo que el motivo de la citación se refuerza por la cantidad de homicidios cometidos en los últimos días de 2025 y los primeros de este año, en “una suerte de escalada de la violencia”. Es legítimo que se ejerzan las potestades del Parlamento, pero cabe recordar la pregunta planteada hace un mes por Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior, cuando se presentaron 92 propuestas surgidas en los Encuentros por Seguridad del año pasado: “¿Seremos capaces los uruguayos de trascender la excusa, la culpa del otro, el oportunismo electoral, la tentación de la coartada fácil?”.

Convergencias y dispersiones

En realidad, el panorama estadístico está bastante claro. Con variaciones circunstanciales, persiste la tendencia a la baja de algunos delitos, pero otros se mantienen en niveles preocupantes o muestran una curva ascendente. Han disminuido en los últimos años, por ejemplo, los hurtos y las rapiñas, pero se percibe un desplazamiento de los delitos contra la propiedad hacia el área de las estafas, desde los fondos ganaderos hasta los engaños por teléfono, pasando por los fraudes informáticos. Tiene lógica: estas prácticas implican una relación más baja entre potenciales riesgos y beneficios.

Sin embargo, esto no significa que los peligros para la vida decrezcan en forma satisfactoria, porque los homicidios y la violencia de género están lejos de haberse abatido. Por otra parte, el avance en Uruguay del crimen organizado es un dato indudable de la realidad, que potencia y agrava esos riesgos.

También está claro que las posibilidades de mejorar este panorama dependen en gran medida de la capacidad de articular respuestas nuevas con estrategias de largo plazo. Esto depende a su vez del tipo de acuerdos amplios que procura el diálogo sobre seguridad pública, lanzado en 2025 por el actual Poder Ejecutivo. Los partidos y la ciudadanía saben que las recetas ensayadas por gobiernos de distinta orientación no tuvieron los resultados prometidos. Urge darles una oportunidad a las políticas de Estado.

Sin embargo, algunas actitudes de la oposición apuntan en la dirección contraria. A fines del año pasado, el Partido Nacional insistió en marcar perfil propio con propuestas sobre seguridad bastante alejadas de las prioridades obvias, entre ellas el “combate” a “la mendicidad hostil, la ebriedad pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo, los intrusos, los grafitis, la creación de basurales, la concreción de ocupaciones y la vagancia”. Poco después, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, opinó que sería “interesante estudiar” la eliminación del comisionado parlamentario penitenciario y la transferencia de sus funciones a la ya sobrecargada Institución Nacional de Derechos Humanos. Justamente luego de que la gestión en ese cargo de Juan Miguel Petit fuera, sin duda, decisiva para que se encarara una reforma carcelaria esencial para la seguridad pública.

Más que Policía

No se trata de inventar soluciones inauditas. La experiencia nacional e internacional indica algunos lineamientos pertinentes para las políticas de Estado, y la cuestión central es que el sistema partidario los asuma en forma explícita.

En lo que tiene que ver con el crimen organizado, es muy positivo que aumente la eficacia estatal en materia de incautaciones aduaneras y, aún mejor, que se detecten y se eliminen grandes sitios de acopio, pero también es preciso fortalecer otros dispositivos de contralor vinculados con el manejo del dinero.

No hacen falta, por ejemplo, una gran astucia ni un posgrado en criminología para percibir que son muy probables las conexiones entre el aumento del límite para las transferencias en efectivo y las facilidades para el lavado de dinero. O entre este y el flujo de fondos que sostuvo las estafas con fondos ganaderos (que, de hecho, comenzaron a caer cuando se restauraron políticas más restrictivas para las transferencias).

Otro aspecto de la misma problemática es, sin duda, la prevención del financiamiento ilícito de la actividad política, que deja mucho que desear con los recursos actuales en materia normativa y de contralor.

Es evidente que el tráfico de armas y municiones facilita el aumento de la violencia criminal, y que las carencias de información y de contralor en este terreno son un punto débil de las políticas de seguridad. La mencionada reforma carcelaria, junto con una revisión integral y racional del sistema de penas, se ha postergado en demasía, y cada año perdido incrementó el potencial de los establecimientos de reclusión para empeorar a las personas privadas de libertad.

Está previsto que en marzo de este año se presente un Plan Nacional de Seguridad. Es crucial que constituya el comienzo de políticas a largo plazo con amplio apoyo.