Sobre baladas homicidas inexplicables y otros “grandes éxitos”

La política de seguridad pública en Uruguay parece haber ingresado en una fase de “negacionismo ilustrado”. Ya no se trata sólo de la incapacidad de contener la violencia, sino de la construcción de un andamiaje discursivo que, bajo un barniz de tecnicismo sociológico, pretende ignorar lo evidente: la consolidación de un problema estructural con la violencia letal y el crimen organizado, que se expresa a través de la ejecución sistemática y la disputa de territorios. Esto, sin perjuicio de que, nobleza obliga aclararlo, el ministro Carlos Negro reconozca el problema y parezca asignarle explicaciones distintas a las de sus equipos asesores.

Cuando calienta el sol: ¿homicidios o insolación?

Recientemente, y sobre fines del año, la licenciada Gabriela Valverde sostuvo que el incremento de la violencia letal registrado en las últimas semanas responde, básicamente, a la “época del año”. Estas manifestaciones desnudan la inexistencia de una concepción claramente articulada acerca de la naturaleza y causas de los problemas de inseguridad que el país enfrenta, así como del enfoque de política pública más adecuado para enfrentarlos. Dada la centralidad que dichos problemas han adquirido entre las preocupaciones de la ciudadanía, innecesario es decir que, de no subsanarse rápidamente, tal falta de claridad puede acarrear serias consecuencias electorales.

A vía de ejemplo, para explicar la seguidilla de homicidios (acontecidos en circunstancias muy diversas y con características muy variadas) durante los últimos días de diciembre, Valverde invocó un factor real pero que toda la literatura científica sobre el fenómeno de la violencia interpersonal reconoce como de importancia causal secundaria. Así, Valverde explicó el asunto en términos de la recurrencia de brotes de violencia durante los meses de verano en general y diciembre en particular. Aunque, como se dijera, correcta parcialmente, tal explicación resulta débil y, en consecuencia, evidencia superficialidad teórica (es decir, falta de comprensión de las dinámicas profundas del problema). En efecto, si bien en la literatura científica sobre la violencia existe cierto consenso en torno a que esta manifiesta un comportamiento (débilmente) estacional, con incrementos durante los meses cálidos, dicho patrón está muy lejos de ser perfecto, y abundan los estudios serios que han fallado en documentar dicha conexión.

Apenas dos de tales estudios (entre muchos otros, pero no hay espacio para enumerar) son, ni más ni menos, el trabajo clásico del decano de los estudios sobre homicidio, Marvin Wolfgang (1958/2016), sobre el caso de Filadelfia (utilizando una muestra de cuatro años y varios miles de casos); o el del mismísimo padre de la sociología empírica, Emile Durkheim (1897/2005), de cuyos análisis sobre estadísticas de suicidios y homicidios derivó su célebre dictum metodológico de que “un hecho social debe ser explicado por otro hecho social” (1895/1984). Así pues, la asociación estadística entre factores estacionales y homicidios a que alude Valverde existe, pero no es fuerte. Está muy lejos de haber sido documentada en todo tiempo histórico y lugar geográfico, y se caracteriza por el hecho de que los brotes de violencia en cuestión presentan, asimismo, magnitudes muy variables. Evidentemente, todo ello hace del factor estacional, como se dijera, un elemento de importancia causal secundaria. Mala señal, pues, que los responsables directos de gestionar la seguridad pública destaquen factores de importancia menor en sus diagnósticos.

El negacionismo estadístico

El diseño del Plan Nacional de Seguridad descansa sobre el licenciado Emiliano Rojido, quien, en un estudio polémico, inauguró el diagnóstico de que sólo el 2% de la violencia homicida tiene vínculos directos con el narcotráfico, calificando oportunamente de “mantra” la preocupación por este fenómeno.¹ Esta “ceguera estadística” se ve reforzada por las declaraciones del doctor Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), quien, amén de haber patrocinado y apoyado públicamente el diagnóstico de Rojido, situó la incidencia del narcotráfico en un 6%. Lo preocupante radica en una profunda desprolijidad institucional que vulnera los protocolos básicos de la transparencia activa: la ausencia sistemática de documentos técnicos y anexos metodológicos que permitan la replicabilidad y validación de sus hallazgos.

Se ha optado por una arquitectura estadística “atada con alambre”, que incurre en una fragmentación deliberada del fenómeno de la violencia, licuando la variable del crimen organizado y las drogas mediante su dispersión en subcategorías difusas y carentes de potencia analítica. Esta falta de rigor vulnera los estándares internacionales de gobernanza de datos y el principio de transparencia algorítmica: cuando una metodología no es auditable ni resiste una revisión por pares, el dato deja de ser evidencia empírica para transformarse en un constructo discursivo. El hecho de que no exista un respaldo documental que justifique este viraje en los criterios de imputación de móviles –lo que ya ha derivado en solicitudes de informes parlamentarios– sugiere que, en criollo, simplemente no quieren dejar por escrito lo que es técnicamente indefendible, y eso viola el art. 7 de la Ley 17.060, entre otras disposiciones afines y concordantes. La absoluta implausibilidad de los porcentajes anteriores se revela en las marchas y contramarchas de estos expertos. Así, desdiciéndose, más recientemente los propios asesores y técnicos del AECA han insinuado que ya podríamos hablar de un 20% de vinculaciones entre homicidios y narcotráfico; quizá para marzo lleguemos a 26%...

El profesionalismo en la gestión de la seguridad pública no reside en la elocuencia mediática, sino en la trazabilidad técnica y en la solidez de un diseño metodológico que hoy brillan por su ausencia. Mientras desde las oficinas sociológicas se hablaba de porcentajes marginales, el propio ministro se vio obligado a reconocer, ante las semanas sangrientas que hemos vivido –por ejemplo, en octubre de 2025–, que buena parte de las ejecuciones respondieron a enfrentamientos entre bandas. La evidencia recolectada hasta los últimos días de 2025 constituye una refutación empírica difícilmente discutible de los modelos de proyección sostenidos de manera metodológicamente desprolija por el AECA.

Sobre la efectividad de las políticas públicas y el discurso oficial

El reciente anuncio de una reducción, de acuerdo con datos oficiales, de apenas 3,4% en los homicidios durante 2025 y la persistencia de tasas claramente epidémicas, heredadas de la gestión del doctor Nicolás Martinelli, muestran que la violencia letal en Uruguay está muy lejos de haber sido contenida. Presentar una baja tan marginal como un éxito, e ignorar la persistencia estructural de las causas que sostienen el fenómeno, confirma las debilidades señaladas más arriba a propósito del nuevo dispositivo institucional de producción e interpretación de información cuantitativa sobre la inseguridad, y constituye una señal preocupante de cara al futuro. En efecto, 13 homicidios (la diferencia con 2024) es una variación que se encuentra bien dentro de los márgenes de oscilación de esta clase de datos. Existen múltiples antecedentes en años recientes de subas y descensos de similar magnitud absoluta (e incluso mucho mayores en términos relativos al 3% que nos ocupa), como para atribuirle al caso actual otro carácter que el de una oscilación coyuntural.

Aunque no es posible extenderse aquí en el análisis de este punto –sobre el que se volverá en profundidad en próximas columnas–, basta con mencionar, a vía de ejemplo, que en el pasado reciente ha habido otras caídas similares de carácter coyuntural que no han alterado la tendencia al alza en el largo plazo. Entre 2015 y 2016, por ejemplo, los homicidios disminuyeron en 25 casos (en términos relativos, una disminución muy por encima del 3%), y entre 2018 y 2019, en 26. Por otra parte, la cifra de 13 homicidios menos anunciada para 2025 es de carácter preliminar y bien podría disminuir en el correr de las próximas semanas o meses si, como suele ser el caso, hubiera lesionados de gravedad en los meses de noviembre y diciembre de 2025 que aún no han muerto pero que podrían hacerlo pronto, incrementando así la cantidad de homicidios correspondientes a 2025.

La importante salvedad metodológica anterior, casi obligada, no fue realizada en la presentación a cargo de Sanjurjo, quien anunció con tranquilidad que la magra cifra de 13 casos menos admitía una lectura “optimista”, como el comienzo de una tendencia a la baja.

Es crucial que el Plan Nacional de Seguridad –cuyo diseño debería sustentarse en un diagnóstico claro de la violencia letal– se ejecute y se monitoree con rigor, y que sea adoptado efectivamente como un plan ejecutivo y no como un paper científico, cuya utilidad para la ciudadanía y la seguridad pública resulta inversamente proporcional a su construcción asamblearia y pretendidamente deliberativa. Y va el gobierno en ello.

Rodrigo Rey es abogado.