Cuando el crecimiento no alcanza: ¿qué estamos midiendo cuando decimos que a Uruguay le va bien?

En los últimos años los distintos gobiernos han insistido con una misma idea: Uruguay es un país que crece, mantiene la inflación bajo control y logra estabilidad cambiaria. Estos tres elementos suelen presentarse como prueba de una política económica exitosa y responsable. Sin embargo, para una parte importante de la población, esa narrativa no coincide con su experiencia cotidiana. La economía “anda bien”, pero los ingresos no alcanzan, el trabajo es precario y las oportunidades parecen estancadas. La pregunta, entonces, no es ideológica, sino concreta: ¿qué estamos midiendo cuando evaluamos el desempeño económico del país?

El PIB y sus límites

El producto interno bruto (PIB) mide el valor total de lo producido dentro del territorio nacional. Es un indicador estándar, utilizado en todo el mundo. El problema aparece cuando se lo usa como principal indicador del éxito económico.

En Uruguay, una parte relevante del crecimiento del PIB proviene de actividades altamente concentradas y dominadas por capital extranjero: plantas de celulosa, zonas francas, logística portuaria privatizada y agronegocio a gran escala. Estas actividades aumentan la producción registrada, pero no necesariamente aumentan el ingreso que queda en el país.

El PIB puede crecer aun cuando las utilidades se envían al exterior, la recaudación fiscal es baja por regímenes de exoneraciones y el empleo generado es reducido. Por otra parte, los impactos ambientales no se contabilizan. En ese sentido, el PIB mide producción, pero no mide apropiación de la riqueza ni bienestar social.

El indicador que casi no se discute

Existe un indicador más adecuado para responder una pregunta clave: cuánto ingreso le queda efectivamente al país. Se trata del ingreso nacional bruto (INB) o del ingreso nacional disponible. A diferencia del PIB, el INB descuenta utilidades y rentas que se giran al exterior e intereses pagados fuera del país, y suma ingresos que los residentes reciben desde el exterior. Dicho de forma simple: el INB muestra cuánto del valor generado queda en manos de la sociedad uruguaya.

En economías pequeñas y abiertas como la uruguaya, la diferencia entre PIB e INB puede ser significativa. Esa brecha ayuda a explicar por qué el país puede mostrar buenos números macroeconómicos sin que eso se traduzca en mejoras claras en salarios, servicios públicos o reducción de desigualdades.

Estabilidad macroeconómica y modelo productivo

Otro eje central del discurso oficial es la estabilidad: inflación controlada y tipo de cambio relativamente previsible. Estos logros son reales y no deben minimizarse. Pero rara vez se discute qué tipo de modelo productivo sostiene esa estabilidad.

Parte de esa estabilidad se apoya en la privatización de infraestructuras estratégicas, como el puerto de Montevideo, en regímenes especiales para zonas francas, en grandes proyectos exportadores con bajo aporte fiscal y en la fuerte apertura al capital extranjero. Estos mecanismos aseguran entrada de divisas y previsibilidad macroeconómica. Pero también reducen la capacidad del Estado para capturar renta y orientar el desarrollo.

El crecimiento económico celebrado tampoco incorpora de forma sistemática los costos ambientales. La expansión forestal, el monocultivo intensivo y la concentración del uso del suelo generan impactos acumulativos sobre suelos, agua y biodiversidad. Estos costos no figuran en el PIB ni en los balances fiscales. Se trata, en los hechos, de consumir capital natural como si fuera ingreso, una práctica que puede sostenerse durante años sin mostrar señales inmediatas, pero que compromete el largo plazo.

Menos visible aún es la transformación del modelo agropecuario. La producción de soja, trigo, cebada e incluso las praderas destinadas a la ganadería y la lechería dependen crecientemente de un paquete tecnológico basado en semillas patentadas y agrotóxicos. Este esquema concentra la renta en corporaciones proveedoras de insumos, mientras los productores asumen los riesgos, los márgenes se reducen y los impactos ambientales quedan en el territorio. Es una forma de dependencia estructural menos evidente que una gran planta industrial, pero no menos relevante. El agro exporta más, pero retiene menos valor agregado.

Nada de esto es desconocido para los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional y las calificadoras de riesgo no confunden PIB con bienestar. Evalúan flujos de divisas, balanza de pagos y capacidad de repago. Desde ese punto de vista, el modelo funciona: entran dólares, se mantiene la estabilidad y se cumple con las obligaciones financieras. El problema surge cuando esos mismos indicadores se presentan a la ciudadanía como prueba de progreso general, sin explicitar sus límites.

Deberíamos medir mejor para debatir mejor, e incorporar de forma sistemática indicadores como el INB, la participación de los salarios en el ingreso, la captura fiscal efectiva y los costos ambientales.

Esta no es una postura radical ni antiinversión. Es una condición básica para un debate económico honesto. El problema no es crecer, es crecer sin apropiarse del crecimiento y sin asumir sus costos reales. Todo debate serio sobre desarrollo empieza por una pregunta simple: ¿qué estamos midiendo cuando decimos que a Uruguay le va bien?

Miguel Zubieta es técnico agropecuario.