Las relaciones del Estado uruguayo con la empresa española Cardama merecen, sin duda, ser investigadas a fondo, y no se puede decir que hayan escaseado las iniciativas en la materia. En abril del año pasado se inició una investigación administrativa, ya concluida, en el Ministerio de Defensa Nacional. Seis meses después, el Poder Ejecutivo presentó una denuncia penal, ampliada luego en dos ocasiones y que seguramente volverá a ampliarse. La semana pasada, el presidente Yamandú Orsi, además de confirmar la rescisión del contrato con Cardama, anunció que el Poder Ejecutivo se propone identificar “responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar”. Ahora está planteada la formación de dos comisiones investigadoras parlamentarias.

El trámite de la primera comenzó el martes, por iniciativa del senador frenteamplista Sebastián Sabini. Antes, su par nacionalista Martín Lema había manifestado la intención de que se recorriera el mismo camino, pero no en la cámara que integra sino en la de Representantes, donde el oficialismo no es mayoría. La oposición no actuó durante los feriados de Carnaval y el Frente Amplio le ganó de mano en el Senado, donde sí es mayoría. Recién ayer hubo una propuesta del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

De aprobarse, habrá, entonces, dos investigadoras simultáneas, que muy probablemente llegarán a conclusiones distintas, contribuyendo a la devaluación de este tipo de comisiones si, como parece previsible, manejan la misma evidencia con resultados diferentes, en función de lineamientos partidarios. No es el único desenlace indeseable que cabe esperar.

El fundamento ausente

Según el breve artículo 121 de la Constitución, a partir del trabajo de las comisiones investigadoras una cámara puede “formular declaraciones” o presentar propuestas de censura a quienes integran el Consejo de Ministros. Así se habilitaban averiguaciones sobre una gran diversidad de temas, pero en diciembre de 1994, al final del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, se aprobó la Ley 19.698. En ella dice que la formación de estas comisiones “solo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes”.

Sabini señaló que quiere establecer “las responsabilidades políticas y administrativas que tienen las autoridades anteriores” en “una de las estafas más grandes al Estado uruguayo en el siglo XXI”. Lo que plantea el Partido Nacional (PN) es que se investigue la decisión de rescindir el contrato con Cardama. Lema dijo que la intención es “ir a fondo y esclarecer los verdaderos motivos que llevaron al boicot de esta compra”, que atribuyó de antemano a “mezquindades políticas”. Aun si estas existieran y apuntaran a “destruir el legado del gobierno de la Coalición Republicana y el presidente [Luis] Lacalle Pou”, como sostuvo en una declaración el directorio nacionalista, no constituirían, obviamente, las “irregularidades o ilicitudes” que la ley exige denunciar con fundamento.

Desde la oposición se le ha reprochado al oficialismo que no haya buscado una negociación con Cardama antes de anunciar la rescisión. Es muy discutible que el camino más conveniente para los intereses del Estado uruguayo fuera volver a confiar en quienes habían incumplido tantas veces sus compromisos, pero las decisiones al respecto son claramente potestad del Ejecutivo, y optar por una línea de acción u otra no se puede considerar irregular o delictivo.

Daños y perjuicios

Existe un problema adicional muy grave. La propia existencia de la comisión propuesta por Rodríguez y su funcionamiento van a aportar elementos para que Cardama demande al Estado uruguayo. Esto será inevitable en la medida en que desde la oposición se sostenga, como ya se ha hecho en declaraciones a medios de comunicación y en redes sociales, que la rescisión del contrato no se ajusta a derecho y que hubo “mala fe en la negociación del gobierno”, como afirmó el diputado nacionalista. Además, los reclamos de que el Ejecutivo revele todos los fundamentos de su denuncia contra la empresa española implican, lamentablemente, que le otorgue ventajas en un futuro litigio.

En Brasil hay un viejo chiste con varias versiones. En una de ellas, un cazador quiere saber qué haría otro para enfrentarse con un jaguar (una onça) y le va planteando crecientes dificultades, hasta que el interrogado le pregunta, a su vez, si es amigo suyo o del jaguar. De ahí viene la expresión amigo da onça, que le dio nombre a un popular personaje de historieta, creado en 1943 por Péricles de Andrade Maranhão.

Es comprensible que desde la actual oposición, en particular desde el PN y muy en particular desde el sector del senador Javier García, exministro de Defensa Nacional y responsable de numerosas decisiones difíciles de explicar en las tratativas con Cardama, se procure defender lo actuado por el gobierno de Lacalle Pou. Sin embargo, esto debería tener un límite infranqueable: el de los intereses del país.