En la última semana se firmó un acuerdo entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para que entre 20 y 30 jóvenes realicen talleres de capacitación. En la base del argumento de este acuerdo ha estado presente, desde distintos actores del gobierno, la falta de respuestas educativas y el fracaso que como sociedad tenemos frente a la inserción de esta población.

El presente artículo pretende discutir los temas de fondo e instrumentales de una iniciativa que, cuando se lee la propuesta programática del Inisa 2025-2030, no aparece por ningún lado. Las declaraciones de las principales autoridades vinculadas al convenio refieren a que todo surge a partir de la charla con el edecán del presidente, lo cual preocupa porque así no se construyen políticas públicas. Nos inquietan también las declaraciones gubernamentales que limitan el análisis a la situación dentro del Inisa, sin cuestionar o analizar lo que ocurre antes y después.

El sistema capitalista en su fase neoliberal excluye y margina a millones de personas, aumentando la concentración de riquezas cada vez en menos manos; el 1% más rico se apropia de la riqueza equivalente a la que obtiene el resto del planeta. Esta polarización social también se da en Uruguay, donde el 1% más rico se apropia del 15% del ingreso total, equivalente al ingreso del 50% más pobre.

Educar en contexto de encierro

El Estado uruguayo tiene entes y organismos dedicados a la enseñanza, cuyo fin es atender a la población desde los 3 años, tanto en contexto de libertad como frente a la carencia de ella, porque la educación es un derecho. En tal sentido, existen y han existido políticas educativas vinculadas a la reinserción social para que las personas privadas de libertad puedan terminar sus estudios en los distintos subsistemas (media, terciaria y universitaria). Se argumenta que estas acciones no han logrado cumplir con los objetivos propuestos, haciendo así un corrimiento discursivo que no es inocente, porque se asocia el fracaso a la reincidencia en el delito. Esta opinión simplista tampoco analiza las condiciones en que jóvenes y docentes estudian y trabajan en los institutos de reclusión. A los aspectos estructurales como la falta de presupuesto para estas iniciativas se suma la carencia de espacios reales que puedan servir de aula, de lugares de estudio para los y las adolescentes y la imposibilidad de acceder a computadoras, materiales de estudio, etcétera.

Cabe mencionar que el sistema carcelario no es nada amigable para las y los docentes y educadores que concurren a dar clases con un claro compromiso social y político. La dificultad para finalizar los estudios es la antesala al gran problema que se enfrenta un individuo al salir del centro de reclusión, que es su reinserción laboral y social, y que no tiene que ver con lo educativo, sino con las acciones concretas que desde el gobierno se promueven para que los estudios que haya realizado puedan ser puestos en práctica. El foco del Estado debe estar apuntando firmemente en ese aspecto, con el objetivo de poder proporcionar soluciones reales y dignas a esta población, si realmente quiere evitar la reincidencia. El argumento, que coloca en el sistema educativo el fracaso, denigra, subestima y desvaloriza el trabajo de decenas de profesionales comprometidos que toman sus horas de trabajo en contextos de encierro.

En otro sentido, se apunta, parafraseando las palabras de Jaime Saavedra, a que las Fuerzas Armadas (FFAA) darán una capacitación y disciplina que hasta ahora no han tenido estos jóvenes, abriendo las puertas a una formación en una institución fuerte, con claros valores y donde podrán volver a adquirir el respeto por la autoridad. Estamos frente a una población que ha sufrido la exclusión social y económica, que ha vivido y ejercido situaciones de violencia, que se encuentra privada de libertad en situaciones denunciadas por las instituciones de derechos humanos, y se cree que la solución es aplicar un régimen de disciplina militar. Compartimos lo expresado por Marcelo Pereira respecto a que “en el contexto militar la obediencia está muy vinculada al temor, a las sanciones formales y a muchos otros recursos con los que quienes tienen mando pueden mortificar al personal subalterno”. La idea de que la letra con sangre entra fue superada teórica y prácticamente por la educación hace décadas.

Hay que acotar que si no se desarrolla un país productivo con verdadera justicia social, el problema de tener estudios y conseguir trabajo se da en toda la población, particularmente en la juventud (la mayoría de los 27.000 pesistas se encuentran ubicados entre los menores de 25 años). Y esto no es un problema de la educación, sino de las posibilidades de crecimiento y creación de empleos dignos.

Vigilados y domesticados

El convenio firmado, además de la incorporación a los talleres de capacitación, busca la “preparación de jóvenes del Inisa para la formación que ofrecen las escuelas técnicas del inciso 03 - Ministerio de Defensa Nacional” (cláusula tercera inciso 2). Estas últimas son parte de la formación del Ejército Nacional, para lo cual hay que ser militar. A los jóvenes se les presenta el cebo de una profesión que sólo podrán obtener si ingresan a las FFAA.

El debate sobre el convenio ha dejado en evidencia algunas contradicciones del Frente Amplio con respecto al papel de las FFAA y la educación de los menores privados de libertad, con algunos silencios llamativos.

La ministra Sandra Lazo afirmó que existe un equipo de civiles que tendrá a su cargo la revisión de los planes y proyectos que desde el MDN se estén dando: el magíster Diego D’Elía, Daniel Marsiglia y Alberto Fumero. Ninguno con formación en el ámbito educativo pedagógico, cuando lo que se va a atender es una población altamente vulnerable. D’Elía es licenciado en Relaciones Internacionales y magíster en Estrategia Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), Fumero es estudiante de Relaciones Laborales y Marsiglia tiene cursos de extensión académica del Calen (no registra título de grado).

La subordinación de lo militar a lo civil en el ámbito educativo de las FFAA es un gran debe en el proceso de democratización. El Liceo Militar sigue siendo un coto cerrado de los militares, la contratación de las y los docentes se realiza con entrevistas personales en las que el perfil ideológico es claro.

Micky Vainilla, el personaje de Peter Capusotto, tenía como solución para los jóvenes infractores la conscripción obligatoria y la educación por parte de los militares para vigilarlos y domesticarlos. Sería una parodia de la que nos reiríamos si las iniciativas para que las FFAA participen en la educación de población en situación altamente vulnerable no existieran. Recordemos que a nivel local estuvo la propuesta realizada por Guido Manini Ríos que buscaba atender a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y en la región Jair Bolsonaro presentaba una iniciativa similar en Brasil.

Memoria y justicia

Distintas organizaciones sociales apuntan a que el Ejército no ha asumido la responsabilidad sobre la violación de los derechos humanos en la dictadura, y esto no es solamente referido al pasado, sino a la formación que tienen las FFAA hoy. En la página oficial de la Escuela Militar se observa en los materiales de estudio de Historia la siguiente secuencia temática referida al pasado reciente: “Crisis socio-política y confrontación ideológica. La incidencia de los movimientos armados. • Los diferentes actores sociales ante la crisis. • El año 1973 a 1980. El plebiscito de 1980, la crisis económica y la transición hacia la democracia. • La transición a la democracia: concertación programática, acuerdo del Club Naval, la Ley de Caducidad. • La situación de los Derechos Humanos”. No se necesita ahondar demasiado para ver que no hay un abordaje crítico sobre el proceso dictatorial y que intencionalmente se lo obvia, cuando lo más deseable sería que en las aulas de las escuelas técnicas o del Liceo Militar se analice la quiebra de los valores democráticos realizada por las FFAA.

El pensamiento de que la deuda está saldada porque se trata de otros individuos y generaciones de militares desconoce, o intenta desconocer, el rol de las instituciones más allá de las personalidades que las integran. Las instituciones generan lógicas propias, valores, creencias, actitudes y prácticas que son normalizadas, y mientras las FFAA no asuman como cuerpo su papel en la dictadura, las raíces ideológicas de la doctrina de seguridad nacional seguirán estando.

De nada ayuda a romper estas lógicas la asistencia de las FFAA a la reunión de altos mandos militares del hemisferio occidental convocada por Estados Unidos. Un país cuyo gobierno, hace menos de un mes, intervenía ilegalmente en Venezuela y que a nivel interno desarrolla una caza de brujas en contra de personas “seleccionadas” por su color de piel, religión o pensamiento político.

¿No hay alternativa?

El abandono de la idea de Estado de bienestar y la aceptación de las premisas neoliberales de reducir el déficit fiscal y dejar al mercado actuar han profundizado la exclusión social en las últimas décadas. Los primeros tres gobiernos del Frente Amplio invirtieron en políticas sociales permitiendo la inclusión de miles que habían quedado fuera del sistema educativo por rezago, desinterés o expulsión. Esta inversión se hizo aprovechando el crecimiento del producto interno bruto, repartiendo parte de la ganancia, pero no gravando la riqueza (una tendencia en el ciclo de gobiernos progresistas).

El actual gobierno se encuentra en el contexto de una recesión internacional y apostó por un presupuesto restringido, rechazando la propuesta que desde el movimiento sindical se hizo para gravar con el 1% a las personas más privilegiadas de nuestro país y así atender a los sectores más vulnerables. Esto genera que no exista el presupuesto adecuado. Por ejemplo, en la educación la brecha entre el presupuesto votado y el solicitado por la Administración Nacional de Educación Pública al final del período es de 21.000 millones de pesos. No es casual tampoco que aparezcan estas “soluciones” para evitar invertir en educación, porque los talleres previstos son “albañilería, construcciones secas, operador de minicargador e instalaciones eléctricas”, cursos que podría dar la UTU, o sus profesionales si el tema fuera el locativo.

El debate sobre el convenio ha dejado en evidencia algunas contradicciones del Frente Amplio con respecto al papel de las FFAA y la educación de los menores privados de libertad, con algunos silencios llamativos. Alternativas existen, el Estado las tiene. El tema es qué camino se quiere transitar para buscar soluciones.

Cecilia Klein y Líber Romero son doctorandos en Educación y docentes efectivos en Secundaria y el Centro de Formación en Educación.