La tarea emprendida por el colectivo Montevideo Más Linda ha reactivado el debate en torno al impacto que los grafitis y operaciones similares crean en el espacio urbano. Las notas publicadas por la diaria los días 4 y 6 de febrero me inducen a abordar de nuevo, a riesgo de repetirme, un asunto que creo importante.
No estamos, claro, ante una materia pasible de solución precisa o perfecta, como diría Carlos Vaz Ferreira. No es este un nudo algorítmico sino valorativo, que no puede ser dirimido con base en demostración alguna y exige en cambio buenas razones o argumentos. Aunque —me corrijo— una caminata por 18 de Julio bien vale como evidencia empírica ante ojos sensibles y atentos: revela que algo está mal, expone una suerte de anomalía irritante.
Aun así, prefiero eludir la ilusión de objetividad y las falacias que implica, y vuelvo al plano brumoso del argumento. Me detengo en el núcleo retórico de los citados artículos, atento a advertir el rol que en todo esto tiene el poder, exigir el derecho a la ciudad —como diría Henri Lefebvre— y afirmar el valor de la libertad expresiva.
No hay novedad en ello. Hace rato sabemos que el espacio público está marcado por intereses en pugna y signado por el conflicto, que encarna la lucha de clases y expone muchas formas de opresión y dominio. También sabemos que todos tienen derecho a incluir su voz en ese coro plural, y que lo público tiene un papel crucial en esto. Mejor dicho: creemos en ello porque hemos llegado a un acuerdo.
Estas premisas son compartibles, por supuesto. Aunque no digan nada nuevo. El problema es el modo en que se interpretan: la lectura apurada que se hace de ellas y sus absurdos efectos.
Uno de ellos remite al tópico del poder y al modo en que las piezas se ordenan en el tablero. Las autoras de uno de los artículos mencionados, Azul Cordo y Valentina Febrero, apelan sin más a la dicotomía entre lo marginal y lo instituido y asignan cada uno de estos polos a los términos en juego. Bajo esta lupa, la inquietud por el patrimonio edilicio se asimila a una cumbre exclusiva y el fenómeno del grafiti a la frescura del llano: de un lado, el núcleo de iniciados, una élite acartonada y ajena al latido que proviene de abajo; del otro, el devaluado inframundo de los excluidos y olvidados. Un sesgo que llega al extremo de asociar un violento episodio de discriminación racial a la limpieza del Pasaje Frugoni.
Ahora bien, las cosas son más complejas, y esta lupa puede invertirse sin mucho esfuerzo. Basta anotar que el valor patrimonial asignado a los edificios no nace solo de los expertos, sino de un dilatado acuerdo, y que su sanción implica una evaluación histórica, estética y afectiva. El desvelo colectivo en torno a la pérdida o alteración de algunas piezas notables exhibe el creciente arraigo que algunos edificios tienen abajo. A esto debe agregarse que muchos de los bienes en juego son públicos —y sus fachadas lo son, aunque las obras sean de dominio privado—, y que afectarlos no es un acto de rebelión ante el poder instalado, sino una agresión arbitraria a lo que es de todos.
Muchos de los bienes en juego son públicos —y sus fachadas lo son, aunque las obras sean de dominio privado—, y afectarlos no es un acto de rebelión ante el poder instalado sino una agresión arbitraria a lo que es de todos.
La adscripción del enfoque patrimonial al lugar de poder se revela entonces muy frágil. Es más, en ocasiones es la autoridad política quien alienta con indulgencia este tipo de intervenciones, en un dudoso alegato de aire participativo. Por otra parte, a menudo ellas son efectuadas por exponentes de las capas medias y altas, que cuentan con el tiempo y los recursos necesarios para ello. Luego vendrán los funcionarios de turno a frotar con duro esmero y durante horas la fachada de su propio espacio de trabajo.
Pero hay algo más. La citada hipótesis encubre otro equívoco, aun cuando pueda omitirse la inversión ensayada: la idea de que toda expresión de poder —la arquitectura patrimonial, en este caso— debe ser impugnada, y que hacerlo es un saludable acto subversivo. Una postura que invoca un malogrado reduccionismo: el que pretende explicar in totum la realidad por el mero examen de las fuerzas productivas. Una lectura que en este caso implica omitir lo que un edificio es al margen del sitio que ocupe en ese mapa puro y duro: forma, espacio, técnica, material, textura. Pero esta miopía se traslada aún al campo del arte, donde también se revela inerme: “¿Por qué algunos trazos son ‛arte’ y otros son ‛mugre’?”, interpelan Cordo y Febrero en su escrito. Buena pregunta, que por siglos ha desvelado a tantas mentes eruditas. Una cuestión peliaguda que tampoco puede saldarse a partir del mero corte entre opresores y oprimidos. Y esto es peor si atañe al llamado arte callejero: fuera del museo y sus paredes sacrosantas, la elusiva definición del arte carece de amparo institucional y se vuelve aún más escurridiza.
Vuelvo a las notas mencionadas. Otro de los argumentos que allí se esgrimen es el de la libertad de expresión y la impertinencia de acotarla, lo que conduce a otro absurdo: el que surge de asignar a este derecho un valor absoluto y aislado, al margen de los acuerdos colectivos implícitos y de los que han sido sancionados. La libertad de expresarse se presume entonces infinita e ilimitada, lo que plantea obvios problemas conceptuales: llevado al extremo, conduce a justificar cualquier cosa, como rayar una fachada ideada por otro, incendiar el Palacio Legislativo o cometer homicidio en serie. Creo que el equívoco es elocuente y no exige aquí mayor despliegue.
Pero hay otro aspecto interesante: al repudio por la coacción se suma en esos escritos el rechazo a cierto aliento moralizador, advertido como algo vergonzante. Una vez más, lo que se afirma es correcto: el llamado a cuidar el patrimonio supone un imperativo, se reclama obligatorio. Pero esta obligación no nace de la norma vigente ni de una imposición vacua, sino del fuero interno subjetivo: supone el deber —en sentido kantiano— de preservar los bienes comunes, que no son de nadie porque son de todos.
“Saber ver la arquitectura”, reclamaba Bruno Zevi hace unos cuantos años.1 Aún no lo hemos logrado. La irrestricta defensa del grafiti, del taggeo y de gestos similares omite el valor material y simbólico del “soporte” involucrado. Lo ignora. Y a menudo lo hace en aras de un presunto acto liberador o revulsivo. Pura fabulación. Aquí nadie ha tomado el Palacio de Invierno. Hay, claro, intervenciones que encarnan causas muy nobles y vislumbran mundos queridos o ideales, pero en ello también suelen confundir la arquitectura con un lienzo en blanco.2 Hay también concreciones apreciables por su calidad e ingenio. Al margen de ello, el ruido visual que nos aturde es casi siempre el fruto de “trazos idiotas”, como he dicho en otro lado: un vano ejercicio individualista, ciego ante los códigos de la arquitectura y ajeno al juego comunitario. Saludo a las manos amigas que con agua y jabón procuran frenar el embate.
Laura Alemán es arquitecta.