En 1971, hace 45 años, el presidente estadounidense Richard Nixon nos embarcó en su “guerra contra las drogas” (“war on drugs”), a sabiendas de que no iba a suprimir el narcotráfico, sino que lo iba a potenciar. Era una estrategia probada en su propio país, cuando en 1919 la “ley seca” buscó prohibir la producción, distribución y consumo de alcohol, y no solo no las suprimió, sino que las multiplicó, produciendo graves efectos colaterales: desorden, bandidismo, corrupción, deterioro de la salud pública.
Precisamente, son tales efectos los que busca, primero, la “guerra a las drogas”, y ahora el “escudo de las Américas” lo eleva a la enésima potencia y amenaza a toda América Latina. El “escudo de las Américas” es una iniciativa impulsada por Estados Unidos, junto a varios países del continente, con el objetivo de coordinar acciones contra los cárteles del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcoterrorismo. Entre los países que participan de esta coalición figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros.
El peligro, alto en sí mismo, se multiplica en Uruguay ante la ausencia de una visión unificada del sistema político y los actores sociales. Esta desarticulación amplifica la ya existente respecto a la situación en Gaza, a la que el presidente Yamandú Orsi se niega a calificar como genocidio, contrariando no solo a su fuerza política, sino a la mayoría de los uruguayos.
Desde que surgió la “guerra contra las drogas”, muchos estudios médicos, económicos y políticos, así como una gran mayoría de los actores sociales, han probado lo contraproducente de su permanencia: por ejemplo, la revista British Medical Journal ha pedido por primera vez la legalización de las drogas ilícitas. Según la revista, las leyes de prohibición no han logrado frenar ni la oferta ni la demanda, así como tampoco reducir la adicción, disminuir la violencia ni reducir las ganancias del crimen organizado. Por tanto, afirma que la llamada "guerra contra las drogas" ha sido un fracaso.
Los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, han tildado de "fracaso" a la guerra antinarcóticos que ha durado 30 años y han recomendado que los gobiernos de América Latina y los Estados Unidos luchen por una política basada en tres principios fundamentales: "Reducir el daño causado por las drogas, reducir el consumo de drogas mediante la educación y combatir agresivamente el crimen organizado".1
El expresidente José Mujica se pronunció a favor de la legalización de drogas como forma de control y lucha contra el narcotráfico: "El narcotráfico existe porque existen los consumidores y lo prohibimos".
Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República, dijo que los narcotraficantes "llegan a cooptar los países" y se refirió a la financiación de los partidos políticos, considerando que esta debe ser únicamente por parte del Estado y que no debe haber participación de privados, porque "a veces por esa puerta entra un dinero grande, que genera compromisos". "Y el tema de las drogas, algún día habrá que pensar en algo más radical, como legalizarlas. Porque mientras sea criminal comprarla y venderla, el precio va a ser más alto y van a involucrarse vidas, matanzas y luchas entre los clanes”.
La “guerra contra las drogas” se mantiene por la insistencia del gobierno de Estados Unidos y ahora escala por la nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 (NDS) de Donald Trump, que sitúa a América Latina en el centro de la agenda estadounidense.
El exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, en entrevista con 5 Sentidos, sostuvo que el modelo uruguayo de regulación del cannabis fue exitoso y planteó extender la legalización al resto de las sustancias bajo control estatal. “El prohibicionismo fracasó en todo el mundo”, afirmó.
Obcecación de Trump, transigencia opositora
La “guerra a las drogas” se mantiene por la insistencia del gobierno de Estados Unidos y ahora escala por la nueva Estrategia de Defensa Nacional 2026 de Donald Trump, que sitúa a América Latina en el centro de la agenda estadounidense. El Pentágono afirma que “restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental”. “Lo utilizaremos para proteger nuestra patria y nuestro acceso a territorio clave en toda la región”, sostiene.
Sin embargo, pese a todas las experiencias, estudios y experiencias, legisladores de la oposición estiman indispensable que Uruguay se sume a la iniciativa Trump, sin considerar la multiplicación de focos bélicos que siembra el presidente estadounidense y la sostenida violación del derecho y la institucionalidad internacional que conlleva.
Asimismo, el presidente Yamandú Orsi dijo que Uruguay estaría "dispuesto" a integrar el Escudo de las Américas de Trump, en caso de ser invitado. “Creo que estamos sin entender que los problemas son los mismos, compartimos, no hay dos visiones del asunto", planteó.
Resulta difícil no ver que hay dos posiciones diametralmente opuestas sobre el tema: el encare militar invasivo y el enfoque político democrático. Esta ambigüedad político-ideológica inmoviliza al sistema político y a los actores sociales. Ha llegado la hora de que la sociedad uruguaya haga suya la expresión “Todos a una, como en Fuenteovejuna".
Claudio Iturra es profesor de Historia.