El primer año de gobierno

Varios sectores políticos y analistas se han dedicado a evaluar la gestión del presidente Yamandú Orsi en el primer año de su gobierno, la mayor parte antes de la alocución presidencial del 2 de marzo. Esto es habitual y legítimo, pues en un régimen democrático la oposición y los politólogos son una guía indispensable para la crítica constructiva y para informar correctamente a la opinión pública.

Pero, como la memoria es selectiva, voy a recordar algunos hechos relevantes del período 2020-2021, es decir, del primer año de gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, algunos que no han merecido la atención de la prensa grande.

Antes de asumir ese gobierno, el 23 de enero de 2020, el presidente electo recibió en Montevideo a Rosa María Payá, la principal activista anticastrista, presidenta de la Fundación para la Democracia Panamericana, con sede en Miami y allegada a Donald Trump. Ha sido acusada en los medios internacionales de promover las protestas sociales en Cuba, de recibir cuantiosas donaciones para tratar de derrocar al régimen cubano y de tener vínculos con lo más rancio de la ultraderecha occidental. No hubo comunicado de prensa, pero podemos suponer los compromisos que asumió.

Pocos días después, en febrero de 2020, le tapó la boca al canciller designado y “desinvitó” para su asunción, explícitamente y por su cuenta, a tres presidentes (Cuba, Venezuela y Nicaragua) cometiendo un desliz diplomático que se arreglaba con el simple hecho de no invitarlos. Entonces, el 1º de marzo, cuando juró como presidente, sus grandes amigos eran Jair Bolsonaro (preso en Brasil por golpista), Sebastián Piñera, Iván Duque, Mario Abdón Benítez y un delegado de Trump. ¡Qué linda compañía!

Pero además, no olvidemos: en los primeros días de ese mes de marzo, hubo una llamada del presidente Trump, que no ameritó conferencia de prensa o comunicado alguno, y casualmente, a las 72 horas, rompimos con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y apoyamos la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Una simple casualidad.

Y semanas después, otra llamada de Trump, y Uruguay, violando una histórica y consensuada tradición interamericana, votó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al candidato del gobierno estadounidense, en un hecho sin precedentes.

Todas estas novedades tuvieron lugar en marzo de 2020, cuando se iniciaba la pandemia de covid-19.

Antes de finalizar su primer año de gobierno, en pleno verano de 2021, Lacalle Pou y su gabinete acordaron con el grupo belga Katoen Natie la concesión de un monopolio privado hasta 2081 de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.

Era un complejo acuerdo, cuyo borrador redactaron los abogados de la empresa extranjera, que recibió la aprobación por tres decretos del Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, con dos características récord. Por un lado, no hubo publicación oficial, por lo que los senadores del Frente Amplio tuvieron que acudir a la Justicia para lograr los informes correspondientes. Por otro, en la audiencia judicial del 21 de julio de ese año en el Juzgado Letrado de primera instancia de lo Contencioso Administrativo de 4º turno, los representantes de Presidencia de la República dejaron constancia expresa de que “no todo dictado de un acto administrativo requiere la formación de un expediente”. Es decir, no existen antecedentes (informes, dictámenes, etcétera) que sirvan de antecedente o fundamento a las resoluciones del Consejo de Ministros, firmadas por Lacalle Pou y todos sus ministros.

Por si fuera poco, no habiendo resolución sobre este tema del Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), como exige la Ley 19.355, se pretendió disimular con un informe personal del expresidente de la ANP, posterior a los decretos contrarios a derecho. Una violación injustificable a la Constitución de la República, a la Ley de Puertos y a la Ley de la Competencia.

Todo en el primer año de gobierno.

Pero la justicia llega, y la sentencia 719, de 17 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en autos “Montecon SA c/Poder Ejecutivo - Ficha 556/2021”, dictó el siguiente fallo de anulación (textual): “Ampárase la pretensión anulatoria respecto a la cláusula 3.5.4 del Régimen de Gestión aprobado por el Decreto 114/2021 y, en su mérito, declárase su nulidad”. En otras palabras, el Tribunal anuló el ilegal monopolio privado concedido a una empresa extranjera hasta 2081. Y esa anulación, que no es revocación, implica que el acto administrativo (los decretos del Poder Ejecutivo) es nulo y sin efectos jurídicos. No nacieron viables en febrero de 2021. Esto implica que los terceros damnificados por este monopolio ilegal pueden reclamar los daños y perjuicios y el lucro cesante, emergentes de esta situación monopólica, al Estado uruguayo.

Afortunadamente, en ese caso, el Estado podrá repetir (accionar) contra los funcionarios públicos responsables de ese acto administrativo, como lo establece el artículo 25 de la Constitución de la República. Y los funcionarios responderán con sus bienes personales.

De todas maneras, y más allá de lo jurídico, los jerarcas del gobierno de Lacalle Pou nunca explicaron cómo ni por qué otorgaron en su primer año de gobierno tal monopolio privado –violatorio de las normas de derecho– a ese consorcio belga. Por su eficacia o por un favor. O por ser allegados. O a cambio de algo. Son las hipótesis, pero nadie se hizo cargo.

Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.