Las personas en situación de calle y la revolución de las cosas complejas

Cuando discutíamos en 2004 los aspectos finales del Plan de Emergencia Social en el marco del Programa de Gobierno del Frente Amplio, el problema de las personas en situación de calle emergía de un modo recurrente. Entonces la cantidad se ubicaba en menos de 1.000 ciudadanos. En mayo de 2019, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informaba que eran unas “2.038 personas en situación de calle, de las cuales 1.043 se encontraban a la intemperie y 955 en refugios”¹. En el Censo para Montevideo realizado por el Mides, el número de personas en situación de calle subía a 2.756. Asimismo, el Censo Nacional de 2020 registraba unas 3.917, de las cuales más del 80% correspondían a Montevideo, y actualmente se estima una cifra que podría estar cerca de 5.000 en todo el país. En suma, pasaron gobiernos de izquierda y de derecha y la cantidad de ciudadanos en esa situación fue en alza.

¿Qué pasó? ¿Cómo y por qué aumentó esa cifra? ¿Qué hicieron los sucesivos gobiernos? Diagnósticos sobran, investigaciones se hicieron y hoy existe Nitep (Ni Todo Está Perdido). En aquel 2004 algunos de nosotros sosteníamos que la meta a ser alcanzada era cero personas en situación de calle y las reacciones fueron paradójicamente similares a las actuales. Me decían que eso era una utopía: plantearse que no haya ni una sola persona que, contra su propio deseo, viva o sobreviva en las calles, baldíos o debajo de algún puente “no es realista”, afirmaban una y otra vez. Se trata de un problema multicausal, complejo por los múltiples factores combinados que se manifiestan todos los días en las calles de Montevideo y de otras ciudades en todo el país. Las causas profundas las hallamos en un sistema económico que decanta la población innecesaria, al decir de Robert Castel, en las fracturas sociales y familiares, en la rabia y la impotencia, en la búsqueda de las rutas de escape, en el desprecio por los diferentes, etcétera.

En 2026 nuestro gobierno, liderado por Yamandú, apela con recurrencia a una retórica que resulta atractiva porque suena y resuena muy bien: la “revolución de las cosas simples” se repite cada vez que se defienden los logros y avances de la actual gestión. Y las cosas complejas ¿cuándo y cómo se resuelven? Cuando se trata de la aplicación de la Ley de Faltas, el operativo en terreno está a cargo de la Guardia Republicana casi sin intervención –en ese momento clave– del Mides. En 2025 se presentaba la Primera estrategia nacional integral para el abordaje de la situación de calle, que de suyo implica reconocer que nunca antes –a 21 años de la creación del Mides– hubo una estrategia nacional para todo el país. La participación de todos los implicados es buena cosa siempre, y no es la primera vez que se asume como práctica desde el ministerio.

A esta altura resulta inconducente discutir si hubo o no, y cuándo, como sostuve, diagnósticos y trazado de estrategias y dispositivos de intervención que se han multiplicado en los últimos tiempos. Mientras tanto, las personas pernoctan en las calles, habitan el espacio público, asisten a los refugios y con frecuencia son “empastilladas” ni bien ingresan, son “recogidas” por la Policía, generan más problemas de convivencia con los vecinos, son el blanco del escarnio y provocan, más que solidaridad, la repulsión por drogadictos, delincuentes o “malvivientes”.

La revolución de las cosas complejas supone asumir las responsabilidades a cabalidad, sin estridencias ni marketing, con seriedad y trabajo sostenido desde unas políticas públicas que deben ser integrales, articuladas y coordinadas desde los diversos efectores estatales. La revolución de las cosas complejas implica un compromiso inequívoco con el programa de gobierno y sobre las bases acordadas en el Frente Amplio. También exige una postura abierta a críticas constructivas y aportes desde fuera del círculo de poder.

Iniciativas, ideas y alternativas concretas, largamente estudiadas y fundadas en conocimiento y experiencia en torno a la problemática en cuestión, hay y muchas, algunas de las cuales están en el escritorio del ministro de Desarrollo Social. Instrumentos existen en la estructura institucional del Estado; el papel del Consejo Nacional de Políticas Sociales ha demostrado más de una vez las capacidades de articular y ejecutar en conjunto. Por otra parte, el papel de las intendencias resulta crucial, en la medida en que cuentan con capacidad de gestionar y actuar sobre el stock de viviendas abandonadas, además de la cercanía con la población. La organización Nitep debe ser atendida, no solo por representar en buena medida a los que “padecen” la situación, sino porque han demostrado capacidad de poner en marcha opciones plausibles. La academia viene trabajando desde hace mucho con este colectivo y también dispone de capacidades para generar estrategias en terreno. En particular y desde el trabajo social, las metodologías de intervención social constituyen no solo cuerpos teóricos, sino experiencia acumulada. En este sentido, resulta difícil de entender cómo en la aplicación de la Ley de Faltas no se hallan in situ los y las trabajadoras sociales, allí donde concurre solo la Policía.

Más allá o más acá de la Primera estrategia nacional integral…, la cruda realidad impone acciones contundentes, efectivas y urgentes, sin dilaciones. La revolución de las cosas complejas, a un año de iniciada la gestión del presidente Orsi, exige también una razonable autocrítica por parte de los principales responsables estatales, antes de que tengamos que lamentar más ciudadanos muertos en alguna calle, debajo de un puente o en un rincón baldío de cualquier ciudad.

Christian Adel Mirza es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.