Uruguay enfrenta hoy una decisión que no admite más postergaciones: avanzar hacia una regulación integral, moderna y coherente del juego. No se trata de promover la actividad ni de expandirla sin control, sino de ordenar una realidad que existe desde hace años, proteger a los jugadores, fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y dotar de previsibilidad a un sector que invierte, genera empleo y cumple con la ley.
La industria del juego ha cambiado de manera profunda y acelerada. La digitalización, la convergencia de plataformas, la oferta en línea y la competencia transfronteriza han transformado radicalmente la forma en que los usuarios acceden al juego. Sin embargo, Uruguay continúa operando bajo marcos regulatorios concebidos para otra época, lo que ha generado una consecuencia particularmente preocupante: en determinadas modalidades de juego, el Estado se encuentra virtualmente ausente o con una presencia limitada, sin herramientas normativas ni operativas adecuadas para intervenir de manera eficaz.
Cuando el Estado no regula, no controla o no ofrece canales formales suficientes para absorber la demanda existente, el espacio es ocupado inevitablemente por el juego no autorizado. Esta ausencia regulatoria no reduce la práctica del juego; por el contrario, impulsa su desplazamiento hacia la ilegalidad, donde no existen controles, no hay políticas de juego responsable, no se protege al usuario y no se genera recaudación fiscal. El resultado es un escenario de pérdida para todos: para el Estado, para los operadores formales y, especialmente, para los propios jugadores.
Este fenómeno se ve agravado por la existencia de modalidades de juego que carecen de un marco normativo actualizado y por una oferta estatal limitada, incapaz de competir en términos de accesibilidad, innovación y alcance con las plataformas no reguladas. En ese contexto, la ilegalidad deja de ser marginal y pasa a ocupar un segmento significativo del desarrollo del juego en el país, consolidándose como una alternativa cotidiana para miles de usuarios.
Frente a esta realidad, resulta imprescindible regular de forma clara y definitiva los juegos en línea y las máquinas tragamonedas barriales como una herramienta central para que el Estado recupere y ocupe el espacio que hoy se encuentra en manos del juego no autorizado. La ausencia de marcos normativos actualizados y de una oferta legal insuficiente ha permitido que estas modalidades se desarrollen, en gran medida, por fuera del sistema regulado y fiscalizado.
El Estado debe asumir un rol activo, no solo regulando y controlando, sino también trabajando para que la totalidad de la oferta de juego en línea se canalice por intermedio de operadores legales, sometidos a reglas claras, fiscalización efectiva y políticas de protección al jugador. Legislar no es un acto neutro: toda decisión normativa tiene consecuencias económicas, sociales y operativas que no deben perderse de vista. Por eso, la elaboración de un proyecto de ley serio y sostenible requiere escuchar, dialogar y dar participación a todos los actores vinculados a la actividad, con el objetivo de construir una regulación equilibrada, eficaz y orientada al interés general.
Legislar mal o legislar ignorando la realidad del mercado, sería un error con consecuencias difíciles de revertir. Los operadores legalmente establecidos han invertido bajo reglas determinadas, cumplen con exigentes obligaciones fiscales, laborales y técnicas, y desarrollan políticas activas de juego responsable, prevención del lavado de activos y protección de los usuarios. Alterar ese equilibrio sin una mirada técnica, responsable y previsible no solo pondría en riesgo la sustentabilidad de las empresas formales, sino que profundizaría la ausencia del Estado allí donde más se lo necesita, ampliando el terreno del juego ilegal.
Un capítulo ineludible es el de los tragamonedas barriales, una problemática que Uruguay arrastra desde hace demasiado tiempo sin una solución definitiva. La cantidad máxima de equipos a regularizar, sumado a la falta de definiciones claras sobre condiciones técnicas de las máquinas, estándares de certificación, sistemas de control y fiscalización ha generado durante años un escenario de incertidumbre, informalidad y competencia desleal. Regular no implica convalidar el desorden existente, sino restituir la presencia del Estado, establecer límites claros y recuperar capacidad efectiva de control.
El país no puede seguir conformándose con esquemas regulatorios fragmentados, transitorios o desactualizados. Persistir en esta situación equivale a aceptar la ausencia del Estado en segmentos clave del juego, con el consiguiente crecimiento de la ilegalidad.
En relación con los juegos en línea, su regulación debe estar necesariamente vinculada a los operadores de casinos autorizados. Las empresas que integran la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento (Cuoasec) cuentan con décadas de experiencia en la operación de juegos de azar, infraestructura instalada, conocimiento técnico y sistemas de control desarrollados y auditados a lo largo del tiempo. Existe en el país un capital humano y operativo que permite diseñar e implementar una regulación moderna, realista y alineada con las mejores prácticas internacionales, sin improvisaciones ni soluciones desconectadas del contexto local.
Las empresas de la cámara han realizado inversiones superiores a los 600 millones de dólares, generan cerca de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos y sostienen actividades conexas de enorme impacto social, como el turf, del que dependen aproximadamente 50.000 familias. Este entramado productivo demuestra que el sector formal es parte de la solución, siempre que exista un marco normativo claro y estable.
Por eso, resulta cada vez más evidente que el país no puede seguir conformándose con esquemas regulatorios fragmentados, transitorios o desactualizados. Persistir en esta situación equivale a aceptar la ausencia del Estado en segmentos clave del juego, con el consiguiente crecimiento de la ilegalidad.
Finalmente, Uruguay no puede legislar de espaldas al contexto regional e internacional. La experiencia comparada demuestra que los mercados regulados, competitivos y bien fiscalizados reducen el juego ilegal, fortalecen la recaudación y mejoran la protección de los usuarios. Seguir postergando decisiones implica perder competitividad y resignar capacidad de control.
Desde Cuoasec entendemos que es tiempo de modificar una realidad regulatoria que data de muchos años atrás y asumir esta discusión con seriedad, responsabilidad y visión de Estado. La cámara está dispuesta a aportar su experiencia técnica y a trabajar junto con las autoridades para que Uruguay cuente, de una vez por todas, con una regulación del juego acorde al siglo XXI.
Regular el juego exige, ante todo, responsabilidad para legislar pensando en intereses estrictamente generales, en la protección de los jugadores, en la transparencia, en la recaudación y en la capacidad efectiva de control del Estado. Implica dejar de lado miradas coyunturales o sectoriales y comprender que una regulación moderna no favorece a un actor en particular, sino al conjunto de la sociedad. En materia de juego, no regular –o regular mal– también es una decisión, y sus consecuencias se miden en más ilegalidad, menos control y mayores riesgos para los ciudadanos.
Desde la Cuoasec reafirmamos nuestra disposición a acompañar activamente todo el proceso de discusión y construcción normativa, aportando experiencia, conocimiento técnico y una mirada responsable sobre la actividad. Lo hacemos con un único objetivo: contribuir a una regulación moderna, equilibrada y eficaz, que proteja a los jugadores, fortalezca el rol del Estado, reduzca la ilegalidad y permita el desarrollo de una industria formal, transparente y sostenible. Uruguay merece una regulación del juego a la altura de estos tiempos, y estamos comprometidos a trabajar para que ese objetivo se concrete.
Luis Gama es secretario ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Operadores y Arrendadores de Servicios de Casino y Salas de Esparcimiento.