No hay fórmulas infalibles para evitar el avance de las nuevas derechas, también llamadas derechas radicales. Pero sí hay experiencias que conviene mirar con atención. Costa Rica es una de ellas. Durante décadas fue vista como una democracia excepcional en América Latina: estable, igualitaria, con un Estado social robusto y sin Ejército desde 1948. Hoy, en cambio, es un laboratorio del malestar democrático y del ascenso de una derecha radical con rasgos autoritarios, conservadores y antiprogresistas.
En América Latina, las derechas radicales suelen combinar mano dura punitiva, conservadurismo moral –a menudo religioso–, fuerte rechazo a las agendas feministas y de diversidad y liderazgos personalistas. Juegan dentro de la democracia, pero buscan recortar sus componentes liberales: atacan derechos, debilitan controles institucionales y alimentan una “batalla cultural” permanente.
Costa Rica es un caso que vale la pena examinar de cerca. Mucho antes de que se hablara de Uruguay como “la Suiza de América”, esa etiqueta ya se aplicaba a Costa Rica. No solo por sus paisajes, sino también por su régimen republicano y democrático. A diferencia del resto de Centroamérica, tuvo décadas de estabilidad política, abolió el Ejército en 1948 y construyó un Estado social que permitió el ascenso de amplias capas de la clase media.
¿Cómo perdió Costa Rica esa excepcionalidad? A continuación se presentan, de forma muy sintética, algunos puntos que ayudan a entenderlo y que pueden servir de advertencia para Uruguay, donde crece el desencanto con la democracia y cae el apoyo al gobierno.
Malestar económico y fin del pacto social
En el origen del avance de las nuevas derechas está el malestar económico y social. Costa Rica fue recortando su Estado social, antes robusto. Eso deterioró los servicios públicos y fue rompiendo el pacto social que sostenía la democracia. El país dejó de ser una “excepción igualitaria” para convertirse en una de las economías más desiguales del mundo. La educación ya no se vive como una escalera segura de ascenso y la salud pública está bajo presión constante.
Los informes del Estado de la Nación muestran que la inversión social por habitante se estancó tras años de recortes, en particular en educación y salud. El “castigo económico” a la clase media y a los sectores populares se traduce en descontento y en pérdida de confianza. En ese clima, se vuelven más atractivos los discursos que prometen “poner orden”, castigar a las élites y recuperar lo perdido, aunque provengan de derechas radicales. Una mezcla de legado igualador y desigualdad persistente –agravada por el frenazo de la inversión social– está hoy en el centro del malestar democrático costarricense.
Crecimiento sin redistribución y desconfianza
El caso costarricense también muestra que el crecimiento económico, por sí solo, no restaura el contrato social. En 2024, el país registró una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Bajó la pobreza y se redujo algo la desigualdad por ingresos. Mejoraron algunos indicadores fiscales y repuntó la inversión social por persona.
Sin embargo, el informe del Estado de la Nación de 2025 advierte que este “repunte” es frágil y muy desigual. El crecimiento se concentra en ciertos sectores y territorios, no genera suficiente empleo formal y no corrige la desigualdad estructural y territorial. Parte de la caída de la pobreza se explica por efectos de rebote tras años malos, por una inflación muy baja y por transferencias, no por un cambio de modelo.
A esto se suma la escasa capacidad del sistema político para transformar ese crecimiento en bienestar tangible: conflictos entre poderes, avance del crimen organizado, deterioro ambiental. El resultado es que la bonanza macroeconómica se percibe como algo lejano. En la vida cotidiana persisten el endeudamiento, la inseguridad y la precariedad. Así crece la sensación de que “la política no llega”, lo que abre espacio a proyectos de derecha radical que prometen soluciones rápidas, aunque supongan debilitar instituciones y derechos.
Democracia, representación y “partido abstencionista”
El distanciamiento entre la ciudadanía y los partidos comenzó antes, pero desde 2018 el malestar se ha intensificado. El ajuste fiscal, las promesas incumplidas de los partidos tradicionales y del Partido Acción Ciudadana y el posterior ascenso de un populismo autoritario de derecha profundizan la desafección.
El abstencionismo es hoy el dato más visible. Durante décadas, Costa Rica tuvo participaciones muy altas. Desde comienzos de los 2000, la abstención en las elecciones nacionales se mantiene de forma estable entre el 30 y el 40%. La creación de la segunda vuelta reforzó esta tendencia: en los balotajes de 2014 y 2022 la abstención llegó al 40-43%, con un 43,23% en 2022. En las municipales de 2020 más del 60% del padrón no votó. Cada vez más gente “sale” de la competencia electoral.
Las encuestas del centro de estudios políticos de la Universidad de Costa Rica muestran una combinación delicada: la mayoría sigue prefiriendo la democracia a cualquier otra forma de gobierno, pero está insatisfecha con cómo funciona. La desigualdad, la corrupción y los privilegios de las élites políticas y económicas minan la confianza. Al mismo tiempo, la identificación partidaria se desploma: incluso en años electorales, grandes mayorías declaran no simpatizar con ningún partido. No es extraño que el presidente de la nación, Rodrigo Chaves, dijera que “el partido más grande” es el abstencionismo. La democracia conserva legitimidad como idea, pero los canales que deberían darle vida –los partidos políticos y las elecciones– pierden credibilidad.
Religión, derecha radical y laicidad
En Costa Rica, el crecimiento de las iglesias pentecostales y evangélicas también dejó huella en la política. El investigador José Andrés Díaz‑González encuentra en una encuesta de 2021 que no existe un “voto religioso” perfectamente disciplinado, pero sí una fuerte convergencia entre los sectores evangélicos conservadores y la derecha radical.
Alrededor de una cuarta parte de la población se identifica como evangélica. Su peso político se hizo visible en 2018 con la candidatura de Fabricio Alvarado. La evidencia empírica muestra que no todos los evangélicos votan por él ni por su partido, pero la probabilidad de hacerlo aumenta cuando se combinan tres rasgos: identidad evangélica, posiciones muy conservadoras en género, sexualidad y familia y preferencias económicas más promercado. Es decir, hay una matriz de valores que va mucho más allá de “porque lo dice el pastor”.
Desde el punto de vista democrático, el problema no es que la sociedad sea creyente –lo es, y mucho–, sino que liderazgos políticos y redes religiosas conservadoras intenten llevar esos dogmas al Estado. Cuando las políticas públicas sobre educación sexual, matrimonio igualitario, aborto o laicidad se convierten en “batallas religiosas” y se invoca una supuesta “mayoría cristiana” para justificar la exclusión de derechos, la igualdad ante la ley queda en riesgo. Por eso, la laicidad no es un tecnicismo: es lo que garantiza que ninguna iglesia capture el aparato público ni imponga su moral al conjunto de la ciudadanía.
Juventud, malestar y outsiders
Un dato que sorprende a muchos es el papel de la juventud. En las últimas elecciones, una franja importante de jóvenes apoyó a las derechas radicales y a líderes outsiders, primero a Fabricio Alvarado y después a Rodrigo Chaves. No se trata de que “los jóvenes sean más extremos por naturaleza”, sino de cómo se combinan ciertas condiciones.
Un estudio de Adrián Pignataro e Ilka Treminio sobre jóvenes y derecha radical en 2018 muestra que, entre los jóvenes, aumenta la probabilidad de votar por la derecha radical cuando se combinan el rechazo a la intervención del Estado en la economía, la oposición al matrimonio igualitario, un menor nivel educativo y la pertenencia a iglesias evangélicas o la cercanía a ellas.
La tarea, entonces, no es solo impedir que Uruguay se parezca a Costa Rica dentro de diez años: es volver imaginable una utopía concreta, un futuro más justo, más igualitario y más democrático que merezca ser deseado, defendido y construido.
Al mismo tiempo, muchos jóvenes dicen sentir que la democracia está lejos de sus problemas: ven corrupción, partidos desprestigiados y un Estado que no garantiza empleo digno, vivienda ni educación accesible. Viven la precariedad y la falta de futuro en un contexto de alta desigualdad. En ese escenario, los outsiders de derecha radical aparecen como quienes ponen en palabras su enojo –contra “la clase política”, los privilegios, la “ideología de género”– y prometen orden, meritocracia y moral tradicional. Una porción de la juventud, desencantada con el sistema, encuentra allí un vehículo para expresar frustración y el deseo de cambio, aunque ello implique aceptar liderazgos más duros y menos democráticos.
Polarización afectiva y discursos de odio
Costa Rica no está atravesada por dos grandes bandos partidarios, como en otros países, pero sí por una polarización afectiva creciente. Lo que se polariza no son tanto las siglas partidarias como las emociones hacia el “otro”.
El informe “Discursos de odio y discriminación en las redes sociales” de 2025 es alarmante: en un año se registraron más de 2,1 millones de mensajes con contenido de odio y discriminación. Desde 2021, los mensajes relacionados con “política y realidad nacional” crecieron más de 1.000%. Los blancos de esos ataques son instituciones como la Asamblea, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, las universidades y los medios, así como grupos específicos: migrantes, mujeres, feministas, personas LGBTIQ+ y periodistas. Además, aumentan los ataques directos, con insultos y descalificaciones abiertas.
Esto indica que, aunque la gente se sienta poco representada por los partidos, sí siente emociones muy fuertes de rechazo hacia ciertos actores y colectivos. Esa polarización afectiva erosiona la conversación pública, rompe vínculos y facilita la labor de quienes viven de dividir entre “nosotros” y “ellos”. Las derechas radicales y los outsiders se mueven muy bien en ese terreno: amplifican miedos y resentimientos en redes y medios, sin necesidad de construir partidos sólidos ni programas consistentes.
Protesta sin escucha y retirada silenciosa
Finalmente, Costa Rica combina una fuerte tradición de política contenciosa con una sensación generalizada de que esa protesta “no sirve”. A lo largo de las últimas décadas se han sucedido huelgas, bloqueos de rutas, marchas masivas y caravanas organizadas por sindicatos, movimientos territoriales, estudiantiles y colectivos de derechos.
Sin embargo, muchos participantes relatan una experiencia similar: se protesta, se abre un espacio de diálogo, se elaboran diagnósticos y documentos, y luego casi nada cambia. Varios testimonios recogidos en investigaciones recientes describen procesos de consulta y negociación que terminaron siendo más una estrategia para desactivar huelgas que una vía real para transformar políticas.
Cuando la gente percibe que la calle no consigue cambios y que las urnas tampoco, aparece la “salida silenciosa”: se sigue protestando puntualmente, pero se deja de votar, se abandona la militancia, se rompe el vínculo con los partidos y se refugia la energía en la vida privada o en redes más cercanas, como la comunidad, la iglesia o la familia. Ese vacío lo pueden ocupar –y en Costa Rica lo ocuparon– liderazgos que prometen “escuchar al pueblo” y “pasar por encima de los obstáculos”, es decir, de las mediaciones y los controles propios de la democracia.
¿Qué hacer?
Mirar a Costa Rica no es un ejercicio de fatalismo, sino una advertencia. Muestra cómo un país con sólidas credenciales democráticas y un Estado social fuerte puede perder su excepcionalidad casi sin darse cuenta.
Para Uruguay, el desafío no es solo evitar ese camino. Es decidir qué quiere preservar y qué está dispuesto a transformar. Eso supone recomponer el contrato social, defender la educación y la salud públicas, reducir desigualdades y brechas territoriales, y construir una democracia que escuche más y antes: con partidos menos encerrados en sí mismos, protestas y movimientos sociales que encuentren respuesta y canales reales para que jóvenes, mujeres y territorios postergados participen en las decisiones. También supone defender la laicidad y la convivencia frente a la tentación de convertir los desacuerdos en guerras morales y en odio al distinto.
Pero nada de eso alcanzará si la izquierda uruguaya solo ofrece administración, prudencia o resistencia. También necesita una narrativa potente. Sin una imagen clara de porvenir, queda condenada a gestionar el día a día o a resistir lo inevitable. La tarea, entonces, no es solo impedir que Uruguay se parezca a Costa Rica dentro de diez años: es volver imaginable una utopía concreta, un futuro más justo, más igualitario y más democrático que merezca ser deseado, defendido y construido.
Alicia Lissidini es profesora del Centro de Estudios Interdisciplinario Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.