La presidenta de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Cecilia Bottino, fue consultada por la diaria sobre la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú y precisó el rol del organismo. Explicó que, de acuerdo con el estatuto del río Uruguay, son los estados –en este caso Uruguay– los que llevan adelante el proceso a través de organismos como el Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.
Indicó que la CARU ya actuó como canal de información, trasladando datos iniciales al Estado argentino, pero precisó que aún no se ha activado el mecanismo formal previsto en el artículo 7 del estatuto que habilita la intervención directa del organismo. Para ello, Uruguay debe comunicar oficialmente el proyecto, lo que abriría un plazo de 30 días para su análisis. “Es clave que esa comunicación se realice cuando el proceso esté completo, porque el plazo de estudio es acotado”, explicó.
Asimismo, Bottino respondió a cuestionamientos surgidos desde Argentina, señalando que la CARU cuenta con inmunidad de jurisdicción, por lo que no puede ser compelida por tribunales nacionales a adoptar determinadas medidas. “Hay reclamos que no corresponden a nuestras competencias”, sostuvo.
Monitoreo ambiental permanente
Con relación al estado del río Uruguay, Bottino recordó que existe un monitoreo ambiental continuo a lo largo de todo su curso, a cargo de un comité científico binacional. Este sistema se implementó tras el conflicto internacional por la instalación de la planta de UPM, que derivó en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia.
Según indicó, los informes son públicos y permiten conocer con precisión la calidad ambiental del río. “Cualquier actor político, judicial o periodístico puede acceder a esa información”, afirmó, reforzando la idea de transparencia en la gestión.
Dragado: acuerdo y próximos pasos
En otro de los temas centrales, Bottino confirmó que la CARU alcanzó un acuerdo con la delegación argentina para prorrogar el contrato de mantenimiento del dragado del río Uruguay. La extensión será por un año, con posibilidad de ampliarse por otro más, y abarca el tramo hasta Paysandú.
La presidenta indicó que, si bien la prórroga garantiza la continuidad del servicio, el objetivo es avanzar en un nuevo pliego de condiciones que permita convocar a una licitación internacional, mecanismo que consideró “el camino adecuado” para el futuro del dragado.
El mantenimiento del canal de navegación es clave para la actividad portuaria y el desarrollo logístico de la región, por lo que el acuerdo representa una señal de continuidad en la cooperación binacional.