Camila Méndez

Organizaciones de la sociedad civil que presentaron la medida cautelar sostienen que consiguieron su “primer objetivo” y ahora buscan crear un plan de ordenamiento territorial participativo para la zona con el objetivo de frenar la destrucción del ecosistema costero

Mejorar la situación del río Santa Lucía y atacar las causas profundas de los problemas hídricos, reducir las pérdidas en el sistema de distribución del área metropolitana y generar conciencia social son algunas de las sugerencias que han realizado los especialistas

Técnico expresa que la medida de la empresa estatal de aumentar el valor máximo permitido de sodio implica “desalinearse” de las recomendaciones que dicta la OMS y de la normativa interna

En entrevistas exploratorias con referentes sindicales y de organizaciones territoriales, el equipo encontró que “la institucionalidad estatal parece estar casi ausente” y que el único apoyo se encuentra en la construcción de espacios comunes

El Ministerio de Ambiente está elaborando una “hoja de ruta” para bajar a tierra los postulados del acuerdo que entró en vigor en 2021; durante la instancia, organizaciones de la sociedad civil uruguaya denunciaron su falta de cumplimiento

Busca declarar de interés general el campo natural, crear un fondo para financiar investigaciones vinculadas a la temática, así como “relevar las áreas degradadas a nivel nacional e implementar acciones de restauración”

11 investigadores e investigadoras sostienen que los humedales del Santa Lucía tienen relevancia para “numerosas aves con riesgo global y/o nacional de extinción”

Investigadoras del CURE alertan sobre impactos ambientales y patrimoniales de obra de canalización realizadas por productor arrocero; a su vez, expresan que debido a la obra se generó “la desecación de 16 hectáreas” localizadas en un predio del Instituto Nacional de Colonización

El dato, estimado por la propia empresa, equivale al consumo diario de agua potable de 55.000 personas; el Ministerio de Ambiente rechaza la posición de que “la administración no quiere proporcionar la información”

MTOP llevó adelante la derivación del arroyo Averías, pero le avisó a los arqueólogos que tenían la tarea de supervisar cuando estaban terminando; la situación dejó en evidencia la fragilidad de los cerritos de indios debido al avance del agronegocio y sus obras vinculadas.

La manifestación fue convocada por más de 40 organizaciones sociales de diferentes departamentos; se hizo hincapié en los impactos socioambientales de la forestación, el agronegocio e iniciativas “privatizadoras”

la diaria conversó con Alejandro Loayza y Federico Moreira sobre los desafíos de llevar adelante el largometraje, la relevancia de contar historias de los territorios con énfasis en lo ambiental y la necesidad de cuestionarnos a partir del arte.

Más de 6.000 firmas recolectadas en contra de la iniciativa, advertencias de privatización de la costa y afectación del ecosistema y del paisaje son tan sólo algunos puntos que se encuentran en discusión, sin embargo, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto

Encontraron más de 90 agrotóxicos en aguas, problemas de salud en las comunidades y ecosistemas, destrucción de cerritos de indios y políticas públicas que “continúan promoviendo el despojo, fragmentación y desaparición de comunidades rurales pequeñas”

La histórica sentencia dictaminó que acceder a la información "que concierne al agua y a su uso" es un "derecho humano" y, por tanto, todo habitante de Uruguay "está legitimado para saber qué se hace con el agua”

El recurso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia y firmado por 43 locatarios; entienden que la normativa departamental va en contra del artículo 47 de la Constitución por promover el “extractivismo” del agua

Estudio de atribución sostiene que no se puede descartar que otros factores relacionados con actividades humanas, como la deforestación en la Amazonia o en la región del Gran Chaco, pudieran haber influido

La cartera no entregó los datos amparándose en el “secreto industrial y comercial” y decidió apelar la sentencia, que dictaminó que “el agua potable es un bien jurídico público y no un bien privado, sobre cuyo destino está involucrado indudablemente el interés público”

Vecinos que podrían ser expropiados plantean no querer abandonar el territorio; a su vez, científicos alertan sobre los impactos ambientales y esperan la última palabra, que la tiene el Ministerio de Ambiente

MGAP determinó que “incumple la normativa vigente”; por otro lado, apicultores afectados piden que las multas sean “más importantes” para lograr frenar la problemática recurrente